Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y un fuerte despliegue policial, incluyendo antimotines, así como otros civiles, se tomaron este miércoles 8 de enero las instalaciones de Grupo Venancia en el barrio Guanuca, en la ciudad de Matagalpa.
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Grupo Venancia, una organización de comunicación y educación popular feminista, denunció el despojo.
«Hoy (8 de febrero) acaba de concretarse el robo de las instalaciones de Grupo Venancia, luego de ocho meses de haber cancelado de forma arbitraria nuestra personería jurídica. Nuestra sede ha sido un espacio de encuentro y creación, y aunque ya no estemos físicamente en ese lugar, las semillas que desde ahí fueron sembradas siguen multiplicándose. Reiteramos que, aunque cerraron nuestras puertas, de ninguna manera borrarán nuestro compromiso por una patria libre de violencias en todas sus dimensiones», publicó la organización.
En esas instalaciones estuvo Grupo Venancia durante 31 años, señaló la organización a través de un comunicado.
«Las instalaciones de Grupo Venancia han sido durante todos estos años una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de muieres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del Norte de Nicaragua. También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres y niñas victimas y sobrevivientes, y una tarima para promover la cultura, el arte y el activismo en esta ciudad», señala el documento.
Agrega que «durante estos años nuestra casa también ha sido un espacio de denuncia y acuerpamiento, un punto de encuentro para personas de la comunidad LGBTQ+, no solo para reflexionar sobre sus derechos, sino para celebrar el orgullo sin ningún tipo de discriminación».
Grupo Venancia enfatiza en que lo sucedido con el local «es un robo, ni siquiera es una confiscación, porque no están cumpliendo los procedimientos legales para ello. Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea delito».
Igual ocurrió el año pasado con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. El régimen le canceló la personería jurídica y después, el 1 de septiembre, ocupó el edificio de dos plantas con espacios para atención sicológica, oficinas, biblioteca, entre otros espacios que alquilaba esa organización, pues el local pertenecía, desde años antes, a personas particulares.
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