“Soy inocente”, son las dos palabras que, entre versículos bíblicos, con firmeza y dignidad, repitieron los 3 sacerdotes, 1 diácono, 2 seminaristas y 1 camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, al ejercer el derecho a la última palabra en el juicio que concluyó este jueves 26 de enero y en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los declaró culpables con falsos cargos.
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Cada uno afirmó que de nada es culpable, y la juez Nadia Camila Tardencilla Rodríguez escuchó al menos siete veces las palabras “soy inocente”.
Sin embargo, como estaba previsto en un proceso plagado de irregularidades y en el que los procesados quedaron en absoluta indefensión, la juez Tardencilla Rodríguez los declaró culpables de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la comunicación y la información.
Los abogados defensores ni siquiera pudieron tener copia de la acusación o del intercambio de información y pruebas.
En la audiencia de debate de pena, el fiscal auxiliar Manuel de Jesús Rugama Peña pidió 10 de prisión –5 años de prisión por cada delito– así como 800 días multa por la supuesta propagación de noticias falsas en contra de los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, de 50 años, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35; y José Luis Díaz Cruz, de 33; además del diácono Raúl Antonio Vega González, de 27; los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza, de 19 y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23; y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores, de 32.
La pena de días multa es fijada o calculada sobre la base de una tercera parte del ingreso diario del condenado. “En caso no se pueda determinar ese ingreso, se tomará como base el salario mínimo del sector industrial”, refiere el Código Penal de Nicaragua. Para eso aplicarían la tabla de salarios vigente al momento de la comisión del delito o falta.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, repudió el resultado del juicio y, en un pronunciamiento, este viernes, denunció “la criminalización de personas religiosas a través de juicios que carecen de total legalidad, que violan el debido proceso, tanto las normativas internas como el código procesal penal y la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías internacionales en materia de derechos humanos”.
Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que califica los procesos como “tortura judicial”, este en su cuenta de Twitter consideró que “no cabe duda que esta solicitud de pena de 10 años y 800 días multa que emitió Fiscalía para todos fue dictada desde El Carmen (casa de Ortega y Murillo), con el afán de sembrar el terror y demostrar quien tiene el poder”.
? Después de 4 días de tortura judicial el régimen Ortega Murillo dictó fallo de culpabilidad por los delitos de menoscabo y propagación de noticias falsas contra sacerdotes, seminaristas y laicos que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en la curia episcopal de Matagalpa. pic.twitter.com/N0bLm9XyHK
— Cenidh (@cenidh) January 27, 2023
Por su parte, el sacerdote Edwin Román, párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, quien fue forzado a exiliarse, también se pronunció en su cuenta de Twitter:
“Indigna tanta arbitrariedad de la dictadura en contra del Obispo de Matagalpa Mon. Rolando Álvarez, de mis hermanos sacerdotes y laicos encarcelados y otros exiliados, cuando lo que se hace en Nicaragua es cumplir con la misión de la Iglesia y acompañar al pueblo oprimido”, escribió el sacerdote.
Indigna tanta arbitrariedad de la dictadura en contra del Obispo de Matagalpa Mon. Rolando Álvarez, de mis hermanos sacerdotes y laicos encarcelados y otros exiliados, cuando lo que se hace en Nicaragua es cumplir con la misión de la Iglesia y acompañar al pueblo oprimido. https://t.co/0exCzuZ0e2
— Edwing Román (@EdwingRoman14) January 27, 2023
Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la declaratoria de culpabilidad “simboliza la persecución, criminalización y guerra del estado de Nicaragua contra la libertad religiosa, en particular contra la iglesia católica. Las sentencias contra sacerdotes, religiosos y laicos constituyen un hecho sin precedentes en la historia del país y son, además de inconstitucionales, infames e injustas”.
Ambas organizaciones coincidieron al exigir la libertad inmediata de los miembros de la Iglesia y de las más de 240 personas presas políticas en el país.
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