Los procesos penales contra sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica son “pasada de cuentas” por el hecho de seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos, poniéndose a la par del pueblo desde el púlpito, considera Yáder Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, quien agrega que los religiosos, igual que los demás presos políticos, están en total indefensión.
Valdivia recordó que a inicios de año la Asamblea Nacional recibió un informe de parte de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, junto con la Comisión de Paz y Gobernación de ese mismo Poder del Estado, con la intención de que el Legislativo propusiera la investigación a sacerdotes.
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“Es decir que eso ya se venía planificando que este año atacarían de forma directa y judicializarían a sacerdotes en Nicaragua, ese contexto se está aplicando con la criminalización a diversos religiosos, esto lo podemos ver en los juicios que son similares a los juicios de las personas presas políticas y que están llevando procesos en El Chipote, fuera de su juez natural y que lo están llevando totalmente en la indefensión, porque se ha prohibido y criminalizado también a abogados que han tratado de defender estos casos”, manifestó Valdivia.
En Nicaragua, dos sacerdotes de la Diócesis de Granada ya fueron sentenciados.
El padre Manuel García Rodríguez fue condenado a 2 años de prisión por amenazas con armas a 5 simpatizantes sandinistas de Nandaime, Granada; y también a 2 años y 8 meses de prisión por lesiones sicológicas y físicas contra Martha Candelaria Rivas Hernández, quien se retractó, pero después fue condenada por falso testimonio.
Mientras que el padre Leonardo Urbina fue condenado a 30 años de prisión por una supuesta violación a una niña en el departamento de Boaco, Diócesis de Granada.
Por otra parte, tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa están siendo procesados y deben enfrentar juicio por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua.
Las defensas han atacado la nulidad del proceso porque seguían sin tener acceso a la propia acusación, lo que genera indefensión.
Valdivia enfatizó en que los sacerdotes que han sido acusados se encuentran sin poder defenderse y acceder al debido proceso que es un derecho humano y constitucional.
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El informe aprobado en mayo por la Asamblea Nacional recomendaba juzgar a los sacerdotes que habían apoyado las manifestaciones del 2018, además de confiscar los bienes de la Iglesia.
“Los religiosos no tienen la potestad de poder defenderse y llevar un debido proceso por la falta de acceso a la justicia que existe. Recordemos que en estas acusaciones ningún hecho ha encajado, toda la persecución a los religiosos del norte, que actualmente están detenidos, partió de una nota de la Policía en contra de Monseñor Rolando Álvarez y que actualmente monseñor no está acusado, y se ha judicializado a todos los sacerdotes que se encuentran alrededor de monseñor, esto es una pasada de cuenta a la Iglesia Católica por el hecho de no simpatizar, y de seguir denunciando y poniéndose a la par del pueblo desde el pulpito”, consideró Valdivia.
Monseñor Rolando José Álvarez Lagos quien es obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, lleva 83 días en cautiverio y hasta el momento no han presentado una acusación en su contra. Según una nota de prensa policial de agosto, al jerarca católico lo investigan porque supuestamente estaba organizando “grupos violentos”.
Valdivia también se refirió a la detención arbitraria del padre Óscar Benavídez Dávila, a quien la Fiscalía acusa de seguir “las directrices” de monseñor Álvarez Lagos, a quien señalan como “cabecilla de las acciones ilícitas”.
“Fue una detención arbitraria, una grave violación a los Derechos Humanos y un crimen de lesa humanidad, se encontró en algún momento en desaparición forzada de forma temporal y ahora aparece en una acusación en contra de monseñor Rolando, es que no tienen los elementos suficientes para acusar a monseñor y estamos hablando de fabricar un caso, es lo que a simple vista se puede identificar”, dijo Valdivia.
A criterio de Valdivia, el hecho de que no hayan acusado a monseñor Álvarez, quien está en cautiverio desde el 4 de agosto recién pasado, indica que “no tienen nada” contra el jerarca católico.
Esta fabricación les ha costado, porque hablamos de un religioso que se dedica a predicar la Palabra y con todo el entorno han querido fabricar un caso, el cual no tienen, no tienen las evidencias suficientes para poder acusar a monseñor Rolando Álvarez”, señaló el defensor de Derechos Humanos.
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