Seis años después de la adopción del Acuerdo de Escazú, Nicaragua enfrenta críticas por su falta de cumplimiento, evidenciando una brecha preocupante entre la firma de compromisos ambientales y su aplicación en la práctica. El país, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa en deuda con los principios de transparencia, participación ciudadana y protección ambiental, según denuncias de activistas y organismos internacionales.
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El acuerdo de Escazú es un tratado regional presentado y adoptado en marzo de 2018 que propone el fácil acceso a la información medioambiental, la participación ciudadana en temas ambientales y la justicia en los países de América Latina, una de las regiones más peligrosas para los defensores del medio ambiente.
Nicaragua es uno de los países que ratificó el acuerdo en septiembre de 2019, pero también es una de las naciones latinoamericanas que menos protege sus recursos naturales y a los defensores del medio ambiente.
Según el observatorio de Global Witness, Nicaragua se ubica en el sexto puesto de países a nivel mundial donde más personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en 2021.
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A principios de este mes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le negó al país unos 116 millones de dólares como parte del denominado Fondo Verde, dinero destinado para la preservación de las principales reservas forestales y parques nacionales del país.
La secretaría del Fondo Verde sostuvo que la decisión fue tomada “debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales”.
Hasta hoy, solo trece países de América Latina han firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú, entre ellos Nicaragua, pero el ambientalista Amaru Ruíz asegura que “eso no implica un nivel de cumplimiento” o compromiso con el tratado internacional.
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Ruíz forma parte de la Fundación del Río, organización ambientalista que trabaja principalmente en la zona del río San Juan y la Reserva de Biósfera de Indio Maíz y ahora se encuentra en el exilio.
El ambientalista afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incumple las tres partes del acuerdo de Escazú que hablan del fácil acceso a la información, la promoción de la participación ciudadana y la justicia en temas medioambientales.
Ruíz asegura que el régimen “trata de ocultar la información”, pues no pone a disposición del público los estudios de impacto ambiental, necesarios para aprobar o no construcciones que generen modificaciones en el medio ambiente, tampoco se encuentra información sobre concesiones mineras o de cualquier tipo, lo que para el ambientalista significa “un déficit” de cumplimiento del Acuerdo.
Él afirma, que el régimen ha incumplido el acápite de protección a los defensores del medio ambiente pues “ha demostrado que no ha tenido mecanismos de protección” para ellos, como para “las comunidades indígenas y afrodescendientes y a las organizaciones que trabajan por la salvaguarda del medioambiente”, añade.
“Por el contrario, el régimen ha perseguido a las organizaciones medioambientales que se han pronunciado por su modelo neo extractivista y por el despojo de los territorios en la Costa Caribe, y áreas protegidas”, agrega.
De igual manera, señala que los representantes de Nicaragua, “han participado muy poco en los procesos de seguimiento” que son impartidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que conduce el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú.
“Entonces ahí hay una incongruencia entre lo que firma el régimen y la práctica”, asegura el ambientalista.
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