La juez local penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, no solo giró orden de captura, sino que también ordenó la “suspensión en el desempeño del cargo como alcaldesa del municipio de Wiwilí”, a la opositora Reyna Esmeralda Hernández Mairena; en una maniobra calificada como arbitraria y con la que el orteguismo pretende la eventual destitución de la lideresa municipal y recuperar el control político en esa circunscripción.
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En un auto dictado la tarde de este viernes 12 de junio, la juez Jarquín expresa que Hernández “queda inhibida de ejercer funciones, atribuciones y competencias propias del cargo conferidas conforme la Ley 40, Ley de municipios…”.
Hernández está siendo procesada en el juzgado de Jarquín por supuesta “desobediencia o desacato a la autoridad, en perjuicio de la administración de justicia y otras víctimas”. Esas “otras víctimas” son 36 exempleados orteguistas que fueron favorecidos por una sentencia, dictada en la vía laboral por Aida López Henríquez, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, quien ordenó a la Alcaldía de Wiwilí, el pago de 16.5 millones de córdobas por liquidaciones laborales, y en virtud de la cual, han sido embargadas varias cuentas bancarias de la municipalidad.
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“Este es un proceso ilegal, porque realmente el delito no lo puede cometer la alcaldesa”, refirió Maynor Curtis Lovo, defensor de Hernández, señalando que, en todo caso, sería el Concejo de Wiwilí -integrado por 26 concejales más la alcaldesa y el vicealcalde- el responsable de cumplir la sentencia laboral.
Sin embargo, refirió Curtis, “es un proceso político con el que pretenden destituirla a ella (Hernández) de su cargo y para eso se está usando nuevamente al Poder Judicial como un aparato para poderle quitar el derecho que tiene de ejercer el cargo, porque así lo eligió el pueblo”.
El municipio de Wiwilí era gobernado por el orteguismo, hasta que Hernández ganó las elecciones municipales de 2017 bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La alcaldesa Hernández ha denunciado que antes de asumir el cargo, en enero de 2018, los orteguistas modificaron salarios y el convenio colectivo, mientras algunas propiedades municipales eran traspasadas a otras entidades de gobierno y la Alcaldía quedaba con deudas superiores a cuatro millones de córdobas.
Los hechos de la acusación por desacato, tienen que ver con que la alcaldesa supuestamente ha incumplido con la sentencia dictada por la juez López, con todo y que han sido embargados algunos bienes de la Alcaldía.
El embargo contra la Alcaldía fue notificado el 23 de abril pasado y días después la Policía decomisó la camioneta doble cabina con placa JI 6406 que tenía asignada la alcaldesa. Mientras que, el 15 de mayo, fueron embargadas varias cuentas bancarias de la Alcaldía por un monto acumulado de un poco más de 2.3 millones de córdobas.
El proceso contra Hernández por supuesto desacato comenzó en el Juzgado Local Único de Wiwilí, pero, el 19 de mayo, la titular de ese despacho, Claudia Noemí Blandón Centeno, resolvió inhibirse de continuar conociendo del proceso en contra de la alcaldesa, quien, a criterio de Curtis, terminó siendon”sustraída de juez natural”.
Ahora, la juez Jarquín Valle, estima que el supuesto delito de desacato imputado a Hernández fue “cometido en el ejercicio de sus funciones, en el que actualmente se encuentra prófuga de la justicia siendo que fue debidamente notificada a comparecer a audiencia de juicio oral y público en fecha diez de junio del año dos mil veinte, a las ocho de la mañana, sin embargo de manera injustificada no compareció, a tal efecto fue declarada rebelde y se le giro correspondiente orden de captura”.
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