Las negociaciones comenzaron hace días y continuarán sin pausa hasta la medianoche de este viernes, precisamente en la antesala de que se cumpla el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca. Nadie quiere pagar el costo de que cierre el Gobierno, pero, al mismo tiempo, nadie parece dispuesto a ceder en sus pretensiones.
No sin polémicas, la Cámara de Representantes alcanzó a última hora del jueves un acuerdo para darle media sanción a un proyecto de ley que prorroga el presupuesto vigente por cuatro semanas más, hasta el 16 de febrero. La votación fue por 230 contra 197, y dejó heridos en ambos bandos.
Sin embargo, de poco serviría lo acordado si el Senado no ratifica hoy el proyecto. Las voces que circulaban por los pasillos del Capitolio eran claras: los demócratas se oponen al texto que llegó de la Cámara Baja porque no contempla una solución para los dreamers —los inmigrantes indocumentados que quedaron en una situación de extrema precariedad luego de que Trump derogara la norma de Barack Obama que los protegía—, y dicen contar con los votos suficientes para bloquear la propuesta.
Si no se llega a un pacto de último momento, el Presidente celebraría el sábado su primer año de mandato con un gobierno cerrado. No es algo nuevo: ocurrió 18 veces desde 1976. La última vez estaba invertido el rol de víctimas y victimarios. Fue en 2013, durante el segundo período de Obama. Por el rechazo de los republicanos a financiar su programa de salud, el Obamacare, no hubo acuerdo para sellar un presupuesto a tiempo, y el Gobierno federal estuvo cerrado 16 días, entre el 1 y el 17 de octubre.
El récord se produjo en el “shutdown” anterior, que ocurrió en 1995, durante la presidencia del demócrata Bill Clinton. Fueron 21 días con la administración central desfinanciada.
Qué consecuencias tiene un «shutdown»
A los fines prácticos, el cierre afecta a los servicios públicos y a las agencias estatales no esenciales. Todas ellas permanecen cerradas y sus empleados son temporalmente suspendidos, ya que no se les puede pagar por su trabajo. Se estima que en 2013 esto afectó a unos 85.000 trabajadores del sector público federal. Esto alcanza al personal administrativo y de mantenimiento de organismos que van desde zoológicos y museos hasta agencias federales como las que regulan el alcohol, el tabaco y las armas de fuego.
En cambio, los servicios esenciales seguirán siendo prestados. Esto incluye a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Sus agentes no percibirán ningún salario mientras dure el shutdown, pero igualmente deberán presentarse a trabajar. Los que también deberán asistir a sus empleos, pero sí recibirán su paga por tratarse de funcionarios civiles, son los que se desempeñan en otros sectores sensibles, como el control de la aviación comercial, la seguridad social y el correo. También los congresistas y senadores.
Cómo se llegó a esta nueva crisis
Para entender cómo se llegó a esta situación límite hay que remontarse a lo que pasó con las negociaciones sobre el acuerdo migratorio, que rozaban el éxito la semana pasada. Pero saltaron por los aires tras una reunión con Trump, aumentando la tensión entre los dos partidos.
Los senadores demócratas han aumentado la presión sobre los republicanos y la Casa Blanca para aprobar un acuerdo bipartidista junto con los presupuestos, que incluya un camino a la ciudadanía para los 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como dreamers, cuyo alivio de la deportación expira en marzo por orden de Trump.
No obstante, el texto de la Cámara Baja incluye una extensión de seis años de los fondos para el Programa de Seguro Médico para niños (CHIP, por sus siglas en inglés). Eso deja en una complicada situación a los demócratas, ya que se trata de una cuestión por la que llevan peleando varios meses, después de que los republicanos permitieran que expirara su financiación.
«Los demócratas han secuestrado a los trabajadores de los Estados Unidos, incluidos los hispanos, porque no permiten que se tramite un proyecto de ley de gasto sin condiciones», dijo el jueves una alta funcionaria de la Casa Blanca en conferencia telefónica, bajo anonimato.
Respecto al contenido del acuerdo migratorio, la misma fuente indicó que la objeción de la Casa Blanca radica en que a su juicio son insuficientes los fondos planteados para la construcción del muro con México, que los senadores acordaron fijar en algo más de 1.000 millones de dólares, por los 18.000 que pide el Ejecutivo.
Pero los demócratas parecen haberse cansado de negociar presupuestos temporales -este, de aprobarse, sería el cuarto en lo que va de año fiscal-, y de que no sean escuchadas sus demandas, tanto es así que han llegado a considerar un juego sucio el hecho de que los conservadores negocien con los fondos destinados a la salud infantil.
Fuente: Infobae
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