El Legislativo boliviano determinó retirar «de manera definitiva» un proyecto de ley que penalizaba la labor periodística y que causó el rechazo de las organizaciones de prensa de Bolivia, informaron fuentes oficiales.
La presidente de la Cámara de Diputados boliviana, Gabriela Montaño, en declaraciones a los medios, sostuvo que la propuesta normativa era una iniciativa «aislada» de cuatro legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que al no tener consenso de la mayoría, «no sería tratado ni siquiera en comisión«.
Las organizaciones de periodistas y de propietarios de medios de comunicación se declararon en alerta el lunes, ya que entendieron que la propuesta violaba la Constitución y asumía que en el trabajo periodístico influyen la corrupción, la manipulación y el pago ilegal a periodistas.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, declaró a EFE que el proyecto normativo «estaba fuera de lugar» y que retirarlo era la única salida que tenía el MAS, que demostró que «no tiene control sobre sus propios militantes«.
Glasinovic se refirió así a que el proyecto fue presentado por parlamentarios oficialistas pero al margen del propio MAS y del Gobierno, pese a que el Ejecutivo de Evo Morales frecuentemente apela al carácter orgánico de su estructura para la elaboración de leyes.
El dirigente de la agrupación de periodistas lamentó el accionar de los cuatro legisladores proyectistas que, a su criterio, demostraron tener un «desconocimiento absoluto» de las normas vigentes en Bolivia.
Por su parte, la ministra de Comunicación, Gisela López, manifestó el lunes que no conocía la ley y que cualquier iniciativa legislativa relacionada al periodismo «debe ser debatida con el gremio en sus diferentes organizaciones«.
El proyecto legislativo planteaba que toda información sea «obtenida de manera lícita» y sea transmitida «sin modificación alguna«, bajo cargos penales contra los ejecutivos de los medios que no acaten lo establecido en la norma.
También indicaba que el Ministerio de Comunicación debía «aplicar adecuadamente» la norma, mediante una reglamentación a medios de comunicación privados y públicos.
El Gobierno boliviano expresó que la propuesta de ley no era de conocimiento del Ejecutivo y que, por el contrario, se mantenía partidario de la autorregulación de los contenidos por parte del gremio.
Al respecto, garantizó la aplicación de la actual Ley de Imprenta vigente desde 1825.
Fuente: Infobae
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