Denuncian asesinatos selectivos en Jinotega

Reina el temor entre los pobladores de zonas rurales de los municipios Wiwilí y San José de Bocay en el departamento de Jinotega, donde las familias han optado por abandonar sus propiedades ante la inseguridad que ahí predomina desde diferentes flancos.

Además de enfrentamientos bélicos de militares y policías contra grupos armados —que las fuerzas estatales de seguridad califican como delincuenciales—, en la zona han habido crímenes impunes, ejecutados por presuntos sicarios contra desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense que combatieron al primer régimen de Daniel Ortega en los ochenta; mientras que otros son perseguidos y encarcelados, según denuncias de pobladores que por temor prefieren ocultar sus identidades.

“Es que solo con venir a denunciar ya corremos riesgo”, justifica Remberto Mairena Casco, coordinador de ochenta miembros de la Asociación de Comisiones de Paz (Acopaz) en comunidades de Wiwilí y San José de Bocay donde —según él— “ya no se puede vivir… por las matanzas que han habido”.

En los tres sectores de Par Par, según Remberto, cinco excontras han sido asesinados en los últimos dos meses y más de 15 personas en los últimos dos años; mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cuenta más de 25 muertes violentas solo en la microrregión de Ayapal.

“Solamente en la zona circundante a Ayapal podemos hablar de 25 personas fallecidas de forma violenta y en algunos casos, inclusive, han intervenido las fuerzas estatales (Ejército y Policía)”, refirió Juan Carlos Arce, coordinador del Cenidh en los departamentos de Jinotega y Matagalpa.

Arce consideró que en las montañas de Jinotega “hay una situación muy grave que merece atención inmediata no solo del Estado, sino de todos los actores sociales”.

Remberto, por su parte, cuenta que más de diez familias han salido de los tres sectores de Par Par “buscando lugares donde no tienen casa ni empleo, (a) los animales los están sacando, pero posiblemente tendrán que venderlos para poder sobrevivir”.

A veces un productor me dice que lo quieren matar. Hermanito, pero, ¿qué hago?, si yo tengo miedo también. Si ya me bujan las moscas, me la tienen sentenciada”. Remberto Mairena Casco, coordinador de Acopaz.

“Eso se está dando a raíz de las matanzas, porque hay hombres que se menean y tiran desde el monte, ¡que pegan bien!, y buscan a personas importantes, porque a los productores los están matando (…) no podemos llegar a concluir quién es y por qué mata, lo único que se deja ver es que matan a (ex) miembros de la Resistencia Nicaragüense, comandos que participaron en la guerra de los ochenta”.

“La gente se siente desprotegida, sin seguridad y si un contingente policial se menea, la gente se pone más asustada porque no tiene confianza en la Policía”, dice el coordinador de Acopaz, agregando que los crímenes quedan impunes.

Agregó que José Félix Laguna Sevilla y Vicente Anastasio Mairena Casco, fueron asesinados el 6 y el 8 de marzo recién pasados en Santa Rosa de Par Par.

En ambos casos, les emboscaron disparándoles ocultos desde el monte con escopetas. Ambos casos siguen sin ser esclarecidos y la Policía había detenido a dos familiares de los muertos.

La Policía llegó a investigar los asesinatos y “en vez de buscar a los asesinos, agarraron a mi hermano de crianza (Marino Mairena Tinoco) y a un sobrino (Reinaldo Quezada Rodríguez) y no sé si es que hay alguna persecución contra nosotros”, expresó José Alfredo Mairena Casco.

Estamos en una zozobra horrible, hasta con ganas de dejar las casas y buscar adónde irnos a refugiar, como está haciendo el resto de familias”. José Alfredo Mairena Casco, campesino de Par Par, Jinotega.

Quezada relató telefónicamente que “a mi tío lo golpearon en el pecho y la espalda… después de eso nos pusieron a oler las mismas botas de hule que andábamos y que sueltan un olor desagradable… pasamos toda la noche ‘enchachados’ (esposados) con un mecate pasado entre medio de las chachas, guindados de los brazos”.

Arce, del Cenidh, consideró que el caso “revela un patrón cada vez más frecuente en la Policía y es el uso de métodos violentos para detener a alguien, con hechos que rayan en la tortura”.

Quezada fue liberado el 20 de marzo, pero Marino está siendo procesado en Wiwilí por tenencia ilegal de armas. Pero, según sus familiares, la pistola que la Policía dice haberle encontrado, en realidad pertenecía a Vicente y le fue entregada a la Policía por una hermana de este, cuando llegaron a su casa a investigar el crimen.

“Le pedimos a la jefa de la Policía, Aminta Granera, que le peguen una revisadita a la Policía de Wiwilí, porque la gente no se siente protegida y más bien sentimos como que hay represalias”, dice Remberto.