La Asamblea Nacional venezolana debatirá sobre el futuro judicial del país.
La Asamblea Nacional de Venezuela debatirá este martes el futuro del Poder Judicial en el país y denunciará distintas irregularidades. La comisión parlamentaria que estudió la designación de 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes presentará su informe definitivo ante la plenaria.
De acuerdo a lo que informa El Nacional, en ese documento, se exigirá revocar la decisión del Parlamento anterior, que designó a los funcionarios por 17 irregularidades en el proceso de selección.
Una de esas irregularidades, señala el escrito, es que tras la renuncia del parlamentario Elvis Amoroso (PSUV) a la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia no estuvo presidida por un diputado, como exige su reglamento en el artículo 8, sino por un miembro de la sociedad civil: Ramón Carlos Javier Gámez Román. Amoroso debió ser sustituido por un diputado seleccionado en la plenaria.
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Se exigirá revocar la decisión del Parlamento anterior
Sin embargo, esa no es la única irregularidad debido a que tampoco se respetaron los tiempos de las impugnaciones, que son de 15 días continuos desde la publicación de la lista de postulados, y debían culminar el 23 de diciembre.
Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión parlamentaria que evaluó el proceso, afirmó que el baremo para la selección de los candidatos a magistrados no se escogió con el voto de las dos terceras partes de los diputados, como exige el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«La idea es seleccionar a los magistrados de nuevo. Esos 13 magistrados son bienvenidos a postularse nuevamente, pero haciendo el procedimiento como debe ser. Sabemos que la Sala Constitucional podrá poner trabas y decir que el proceso estuvo bien, a pesar de que más de 40 reconocidos juristas determinaron sus fallas. Por eso reformaremos la Ley Orgánica del TSJ con mayoría simple, como ellos lo hicieron«, sostuvo Berrizbeitia.
Este martes también se presentarán pruebas de la presión a los magistrados anteriores para que renunciaran a sus cargos, ante la inminente derrota del oficialismo en las parlamentarias.
Berrizbeitia mostrará una carta del 8 de octubre de 2015 en la que la ex magistrada de la Sala de Casación Penal, Carmen Porras de Roa, escribió a la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, que rechazaba su «petición verbal» para que solicitara de manera anticipada el beneficio de jubilación.
Fuente: Infobae
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