Diana Lacayo está decidida a no pasar una segunda Navidad sin su hijo. Scarnnieth Merlo Lacayo, es un muchacho que se dedicaba a trabajos de la construcción y estudiaba el bachillerato. El 6 de noviembre del 2018 un grupo de paramilitares llegó hasta su casa, lo secuestró, y luego apareció siendo juzgado por “robo con violencia”. Un juez de conocida filiación sandinista lo condenó a cinco años de prisión. Su cumpleaños número 22 y la Navidad 2018 las pasó en la cárcel.
“Fue condenado sin prueba ni nada, sin testigos, sin darle derecho a que pusiera sus pruebas. Mi hijo ni siquiera estuvo en el lugar en que supuestamente se dio el robo”, dice su madre, Diana Lacayo, 48 años, quien hace parte de una organización denominada Unidad de familiares de Presos Políticos, que impulsa una campaña para que esta Navidad los presos políticos salgan de las cárceles del régimen de Daniel Ortega.
No es la primera vez que en Nicaragua se hace una campaña así. Hace 47 años un grupo de madres impulsaba un reclamo llamado “Campaña 72 sin Presos Políticos” para exigir al régimen del dictador Anastasio Somoza Debayle la liberación de los presos políticos en las Navidades de ese año. Una de las voces era la de doña Lydia Saavedra de Ortega, madre de Daniel Ortega, quien entonces cumplía ya cinco años en prisión después de participar en el asesinato de un sargento de la Guardia Nacional y como consecuencia de una condena por el asalto a un banco.
“Cinco años de prisión han mantenido a mi hijo junto conmigo y mi esposo en una deprimente agonía”, declaro doña Lydia al diario La Prensa el 8 de diciembre de 1972. “Siempre he creído que hay gente que como yo queremos su libertad porque todavía creemos en la esperanza y la justicia. Por eso pido ahora a esos que han estado conmigo que gritemos exigiendo la libertad de mi hijo”.
Ahora son otras madres, como Diana Lacayo, las que le piden a Daniel Ortega la misma libertad que su madre pedía para él en 1972.
“Estamos viviendo una repetición dramática de la historia de este país. La dictadura Ortega Murillo está simplemente repitiendo y superando las prácticas de violaciones de derechos humanos que hemos tenido siempre en este círculo de la violencia en que hemos estado atrapados”, dice Violeta Granera, dirigente de la organización opositora Unidad Azul y Blanco, que tiene al menos a 16 de sus miembros en la cárcel y se unió a la campaña de los familiares.
Efectivamente, la reacción de Daniel Ortega al pedido de libertad de los familiares de presos políticos, nunca la recibió su madre de parte de Somoza. A mediados de noviembre un grupo de siete madres inició una huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya, para exigir la libertad de sus hijos, y la respuesta del régimen fue brutal. Un dispositivo policial rodeó la iglesia e impidió cualquier entrada o salida, mientras simpatizantes sandinistas les asediaban y amenazaban con entrar violentamente al templo.
“Nos cortaron el agua, la luz e impidieron que llegaran los médicos a chequearnos. Cualquier tipo de ayuda que podíamos tener para continuar en nuestra huelga fue cortada de raíz”, relata Diana Lacayo, una de las madres en huelga de hambre. Nueve días después, el grupo de madres fue evacuado en condiciones deplorables con intermediación de la Cruz Roja Internacional y la Iglesia católica.
Según la Unidad de Familiares de Presos Políticos, hay 157 nicaragüenses en las cárceles del régimen de Ortega por razones políticas. Otros seis fueron enviados recientemente a sus casas con retención domiciliaria.
El abogado Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, lleva la defensa de 20 de estos reos políticos. Dice que el régimen trata de enmascarar la calidad de “presos políticos” atribuyéndoles delitos comunes. Esta táctica la comenzó a usar en lo que Montenegro llama “la segunda tanda” de presos políticos.
“En los primeros casos los delitos imputados eran terrorismo, golpismo, tranques, que se les decía entorpecimiento de servicio público, uso de armas restringidas y secuestro extorsivo, entre otras figuras. Se podía interpretar de manera más clara que eran delitos de origen político. Ahora los delitos son tráfico de drogas, robo con intimidación y tráfico de armas, entre otras situaciones”, dice.
Antes de etiquetar a un reo en la categoría de “preso político”, dice el abogado Montenegro que su organización realiza una investigación basada en videos, denuncias, conversaciones por chat y otras. “Ahí sabemos si son o no personas a las que se les criminaliza con delitos comunes por motivos políticos”, señala.
Aunque no hay nada oficial, se habla de una gestión del Vaticano ante el gobierno de Ortega para conseguir la liberación de los presos políticos antes de Navidad. Este rumor tiene esperanzados a los familiares.
Infobae se comunicó con el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien dijo estar haciendo gestiones “desde el primer día” de los detenidos, aunque reconoció que la gestión con las autoridades “era más concreta antes que ahora, por todo lo que ha pasado”.
“Recuerde que el Vaticano no tiene poder, solo puede pedir”, dijo e insistió en que no puede hablar para no entorpecer “porque usted ya sabe cómo es la situación acá”.
“No quiero crear ninguna expectativa que no se pueda cumplir en esa madres que están sufriendo mucho, pero yo hago gestiones hasta el último día que este aquí, a pesar de las criticas, muy injustas algunas”, dijo el representante del papa Francisco en Nicaragua.
Diana Lacayo tiene esperanza que la gestión del Vaticano prospere y resulte en la libertad de su hijo. Cada 15 días lo va a visitar a la cárcel Modelo, en Tipitapa, un municipio vecino a Managua, y cada vez sale más desconsolada. “Está enfermo, ha agarrado como sarna en la piel, le cuesta respirar, tiene asma, ha estado con dolores de cabeza y vómitos. Infecciones. No lo sacan al sol y no tiene ventilación”, dice.
No se resigna a una segunda Navidad sin su hijo. “Tenemos programado hacer algo este 24 de diciembre si no tenemos la liberación de nuestros niños”, promete.
INFOBAE
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