El Pleno del Parlamento Europeo ha instado al régimen de Nicaragua a poner fin a la “brutal represión” contra los manifestantes y la oposición política y ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que supondría iniciar el proceso para suspender a Nicaragua de este acuerdo comercial.
La resolución, aprobada por 560 votos a favor, 12 en contra y 43 abstenciones, reclama la liberación de todos los presos políticos, el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares que operan en el país y un diálogo real entre las autoridades y la opositora Alianza Cívica.
Desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega en 2018, han muerto 350 personas, 2.000 heridas y torturadas por la represión y 80.000 han tenido que dejar el país. El régimen ha incumplido sus propios compromisos de liberar a los presos políticos y restablecer las libertades.
El texto había sido pactado por los grupos mayoritarios pero provocó la división de la Izquierda Unitaria. La eurodiputada de IU, Sira Rego, votó en contra y las de Podemos que estaban presentes se abstuvieron, igual que el diputado de Bildu y el de En Comú, que pertenece al grupo europeo Los Verdes.
Durante el debate de la resolución, el miércoles por la tarde, el eurodiputado morado Miguel Urban justificó el sentido del voto afirmando que “denunciar la violencia y represión ejercida contra el movimiento popular por los Ortega-Murillo no debe significar hacer el juego a las élites económicas”.
Mientras el proponente de la resolución, Javier Nart, les acusaba de anteponer “fronteras ideológicas” a los derechos humanos, Urban pidió al Parlamento Europeo una resolución que pida “libertad de los presos políticos, cese de la violencia y reconocimiento del papel de los movimientos sociales en las negociaciones”.
A su modo de ver, muchos eurodiputados critican a Ortega preocupados “por los intereses económicos de las multinacionales” mientras que Podemos se solidariza “con las demandas sociales en la construcción de un cambio con vocación constituyente que recupere el espíritu de la revolución sandinista”.
Sin embargo, para el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en Nicaragua hay “una violación sistemática de los Derechos Humanos y no hay excusa, no es una cuestión de intereses de multinacionales, sino de un régimen que cuyo comportamiento no supera ningún tipo de examen”.
Borrell incidió en que “el que Ortega fuera hace mucho tiempo un guerrillero que luchaba por la libertad de su país no cambia en nada la situación actual”. “La situación es tan mala como en Venezuela, pero no hablamos mucho”, concluyó.
(Con información de Europa Press)
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