Después de varias postergaciones de la audiencia inicial, en un proceso que Hugo Ríos Castillo enfrenta en Matagalpa, un juez de esa localidad giró orden para que lo liberen, aunque la disposición es “sin perjuicio de que el acusado se pudiera encontrar bajo medida cautelar privativa de libertad decretada por otra autoridad judicial”.
Ríos, de 47 años, es un obrero de múltiples oficios, principalmente albañilería, que fue apresado el 23 de julio de julio en Matagalpa, donde habría participado –desde el 18 de abril– en plantones y marchas contra el gobierno de Daniel Ortega.
En la ciudad de Matagalpa, la Fiscalía acusó a Ríos de tenencia o portación ilegal de arma de fuego, porque la Policía presuntamente le ocupó un arma hechiza con capacidad para dos disparos simultáneos de escopeta calibre 12. Sin embargo, días después fue acusado en Managua por terrorismo y otros supuestos delitos.
Ríos enfrentó la audiencia preliminar del proceso en Matagalpa el 29 de julio y el titular del Juzgado Primero Local Penal de Matagalpa, Harold Aguilar, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, programando la audiencia inicial para el 2 de agosto.
Sin embargo, el 1 de agosto, Ríos fue presentado junto a Dilon Antonio Zeledón Ramos, Roberto José Cruz Altamirano y Nelly Marily Roque Ordóñez, también matagalpinos, como presuntos coautores de terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del estado; robo agravado, secuestro extorsivo, tortura, lesiones sicológicas leves y amenazas con armas en perjuicio de Charling Saúl González González e Israel Antonio Ortiz González; así como robo agravado contra Miguel Ángel Cruz Martínez. Otros siete matagalpinos, aún sin detener, fueron acusados en esa misma causa.
Desde entonces, las autoridades policiales y penitenciarias han incumplido en llevar a Ríos ante el juez Aguilar en la ciudad de Matagalpa, quien ha tenido que reprogramar la audiencia inicial los días 2, 17, 21 y 29 de agosto, en esta última ocasión programándola para el 10 de septiembre próximo.
En el auto dictado el 29 de agosto, el juez Aguilar indica que “para evitar violentar los derechos y garantías constitucionales del acusado, se levanta la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta…”, sustituyéndola por otras medidas cautelares personales que incluyen la prohibición de salir del país sin autorización.
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