Al menos 14 policías han renunciado en el último mes en el departamento de Matagalpa, prefiriendo el desempleo antes que cumplir órdenes de reprimir a la población que lleva casi dos meses manifestándose contra el gobierno.
Las últimas renuncias fueron presentadas el pasado 5 de junio, incluyendo la del director de servicios médicos en la delegación departamental en Matagalpa, Hildebrando Toledo. Los otros policías renunciaron a partir del 15 de mayo, confirmaron fuentes relacionadas del tema, cuando la Policía Nacional y turbas paramilitares orteguistas reprimieron a quienes mantenían barricadas en el sector suroeste de la ciudad de Matagalpa.
Entre los agentes que pidieron sus bajas, con distintos rangos y de diferentes especialidades policiales, están Luis Suazo, Ana Cruz, Óscar Centeno, Nolvia López, Marlon Pérez, César López, Héctor Méndez, Francisco López y Diego Reynerio, entre otros.
Según las fuentes, la mayoría de los policías que pidieron la baja tenían entre 10 y 16 años de servicio en la institución que ahora les está aplicando el presunto “abandono de servicio”, contenido el numeral seis del artículo 53 de la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (Ley 872).
Bajo esa disposición legal, los policías que solicitaron sus bajas pierden el derecho a la indemnización y que sería “igual a la suma de su treceavo mes proporcional, sus vacaciones y a una indemnización, la cual será equivalente a un mes de salario por cada año de trabajo hasta un máximo de seis meses; en ningún caso la indemnización será menor de un mes. Las fracciones de años trabajados se liquidarán proporcionalmente”. Algunos de los afectados habrían apelado contra las resoluciones para que la Policía les pague las liquidaciones a las que tienen derecho.
Las protestas en Matagalpa
En la también llamada Perla del Septentrión, las protestas ciudadanas comenzaron desde el anochecer del 18 de abril cuando pobladores autoconvocados se manifestaron inicialmente contra las reformas a la Seguridad Social, que el gobierno después mandó a derogar.
El pasado 21 de abril y el 11 de mayo, se registraron ataques provocados por fuerzas de choque oficialistas, incluyendo a funcionarios públicos contra los manifestantes. Desde el 11 de mayo, los pobladores establecieron barricadas en la parte suroeste de la ciudad.
La represión continuó el 15 de mayo cuando la Policía y fuerzas de choque oficialistas pretendieron despejar la carretera de circunvalación hacia la salida a Managua, lo que provocó las primeras solicitudes de bajas policiales.
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