19 meses presos de forma arbitraria

"Eso se llama retardación de justicia, detención ilegal y abuso de autoridad y funciones", dice asesor legal

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Una foto de noviembre de 2014, cuando familiares de los detenidos solicitaron información sin obtener respuestas de militares, ni policÌas en uno de los corrales de la finca Tobobal de la comunidad. LA PRENSA/ARCHIVO L.E. MARTÍNEZ M.
Una foto de noviembre de 2014, cuando familiares de los detenidos solicitaron información sin obtener respuestas de militares, ni policÌas en uno de los corrales de la finca Tobobal de la comunidad. LA PRENSA/ARCHIVO L.E. MARTÍNEZ M.

Tres campesinos capturados tras un operativo en la finca El Tobobal, Mulukukú en noviembre de 2014, llevan 19 meses sin que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas se pronuncie a una apelación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) o los deje en libertad conforme a la sentencia de primera instancia que los declaró no culpables.

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, denunció que en este caso la orden de libertad de un juez de primera instancia a favor de Dixon Mendoza, Óscar Noel Olivas y Francisco Huckler Olivas, sigue vigente pues no fue recurrida, por tanto no hay ninguna justificación legal para la detención de los tres campesinos que permanecen en la Cárcel Modelo, sin que las autoridades penitenciarias hayan permitido siquiera el ingreso de un juez ejecutor.

Después de 19 meses el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas “no resuelve y eso se llama retardación de justicia, detención ilegal y abuso de autoridad y funciones”, expresó el asesor legal de la CPDH.

Cuevas refiere que desde un inicio el caso estuvo envuelto de arbitrariedades que incluso fueron son señaladas en la sentencia del juez de primera instancia, que los enjuició por crimen organizado, tenencia de droga entre otros. “Incluso el oficial que encabezó el operativo le confesó al juez que él salió de la base con la única misión allanar y capturar”, sostuvo Cuevas quien criticó que el Ejército no está facultado para realizar allanamientos.

Ellos trabajaban en una finca a quien Inteligencia de la Policía le daba seguimiento al propietario Juan Ernesto Lumbí, a quien no encontraron por lo cual se llevaron a los tres campesinos, recordó Cuevas.

En su momento el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que también conoció una denuncia sobre ese caso determinó que la operación efectuada en noviembre del 2014 en la finca El Tobobal, Mulukukú, “tiene un carácter ilegal y arbitrario”. En esa ocasión el Cenidh también señaló que la misma sentencia del juez de primera instancia en Siuna confirmaba que fue el Ejército el que allanó la finca, al declarar nulas las pruebas porque fueron obtenidas de forma ilegal, por lo que sobreseyó a los detenidos.

SIGUEN SIN ACATAR

Además, dijo Cuevas, los penales del Sistema Penitenciario Nacional no son los únicos que no acatan las órdenes de libertad, sino las unidades policiales,  “encontré que en Puerto Cabezas los magistrados y los jueces están mandando orden de libertad producto de declarar inocentes a las personas y que el comisionado Yuri Valle (jefe de la Policía de Puerto Cabezas) no está acatando”, señaló Cuevas, pese a que las órdenes de libertad son de ineludible cumplimiento.

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