Vigente ley de Seguridad Soberana que “militariza el Estado”

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Seguridad Soberana entró en vigencia y Jurista dice que no debe ser acatada “porque roza con derechos políticos y constitucionales”.

Emiliano Chamorro Mendieta, LA PRENSA, 26 de diciembre de 2015

El Ejército de Nicaragua tiene poderes por encima del poder civil para aplicar la Ley de Seguridad Soberana. LA PRENSA/ ARCHIVO
El Ejército de Nicaragua tiene poderes por encima del poder civil para aplicar la Ley de Seguridad Soberana. LA PRENSA/ ARCHIVO

La polémica Ley de Seguridad Soberana (Ley SS) entró en vigencia el pasado 18 de diciembre, pese al rechazo de amplios sectores del país, al considerar que su contenido violenta derechos humanos, políticos y constitucionales de los nicaragüenses.

A juicio del jurista y analista político, José Pallais Arana, la Ley SS se evidenciará en más represión en contra de los opositores al Gobierno.

“Habrá una represión más efectiva, más selectiva y dirigida a proteger más a los defensores del poder, a Ortega mismo y a su familia, por su permanencia en el poder”, estimó el jurista.Charlys-guia

La Ley 919 en su artículo 9, crea el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, el cual según la misma, estará coordinado por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, en el poder desde 2007, pero ejecutado por el Ejército de Nicaragua a través de la Dirección de Información para la Defensa, supuestamente “para garantizar la seguridad (de) los nicaragüenses” en coordinación con otras instancias del Estado.

Además, dicha ley deja claro que toda actividad del Ejército a través del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, constituye “información pública reservada”.

Para Pallais, en términos generales, el contenido de la Ley de Seguridad Soberana es lesivo para los derechos de los ciudadanos, en el ejercicio de sus libertades constitucionales.

SIN PRIVACIDAD

“La Ley de Seguridad de Ortega rompe el principio de igualdad al obligar a los ciudadanos a aliarse con el Ejército y la Policía”, asegura el también ex vicecanciller de Nicaragua.

Pallais también afirma que la labor de inteligencia que realizará el Ejército de Nicaragua en coordinación con la Policía Nacional y otras instancias del Estado, afectará la privacidad de los ciudadanos.

“La labor de inteligencia del Ejército, la Policía y todas las instituciones dentro del Sistema Nacional de Seguridad, afectará la vida privada de los ciudadanos porque el Estado puede interrumpir el ámbito privado, sus comunicaciones y sus archivos”, asegura Pallais Arana.

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“NO DEBE SER ACATADA”

El analista político considera que debido a que la nueva Ley de Seguridad Soberana afecta los derechos humanos, políticos y constitucionales, esta no debe ser acatada por la población.

“Lo que le queda al ciudadano es perder el temor y desacatarla; no obedecer aquello que vaya contra los derechos humanos porque la Ley tiene fuertes roces constitucionales”, insiste José Pallais.

El jurista asegura que la Ley 919 violenta también los tratados internacionales, al militarizar el Estado.
“Definitivamente la Ley de Seguridad Soberana es violatoria a derechos humanos y tratados internacionales al establecer la supremacía del poder militar por el poder civil, entonces debe ser repudiada por los ciudadanos”, asegura el analista político.

“ESTADO MILITARIZADO”

En ese sentido Pallais señala que con la aprobación oficial de la Ley de Seguridad Soberana, a través de su publicación oficial en el Diario Oficial La Gaceta, el país toma rango de Estado militar, al quedar la seguridad en manos del Ejército.

“Oficialmente Nicaragua es un Estado militarizado, la misma Ley lo dice: ‘El Ejército es el que coordina a todas las instituciones del Estado’, de modo que ya vivimos oficialmente en una sociedad militarizada”, sostiene el jurista.

De acuerdo al político opositor, los ciudadanos en general no deben quedarse callados ante el contenido de la Ley y más bien exhorta a la movilización y la protesta.

“Se debe protestar sin miedo, porque precisamente la Ley de Seguridad ha sido diseñada para restringir los derechos y libertades ciudadanos y es una realidad que debemos enfrentar superando el temor y movilizarnos para exigir su derogación. Los derechos humanos están por encima del ordenamiento jurídico interno”, asegura José Pallais Arana.

El jurista también recordó que otro mecanismo para presionar contra la Ley de Seguridad Soberana son los recursos por inconstitucionalidad.

“Los recursos siempre se pueden interponer, se pueden hacer treinta días después de que la Ley se aprueba.

No sé quién podrá hacerlo, aunque yo considero que es estéril hacerlo porque la Corte Suprema de Justicia está controlada por Daniel Ortega”, señaló el exdiputado.

Obispos analizarán ley 919

Monseñor Juan Abelardo Mata, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), lamentó el contenido de la Ley, al considerar “que quedamos en manos del juicio de un militar, un policía, un fiscal”.

El prelado también informó que los obispos se reunirán en los primeros días del mes de febrero para abordar el contenido de la Ley de Seguridad Soberana.

“El estado de derecho en Nicaragua desapareció totalmente hace tiempo y el contenido de esta Ley es gravísimo. Aquí estamos ante una monarquía, todo está politizado y la justicia es selectiva y partidaria”, lamentó monseñor Mata, obispo de la Diócesis de Estelí.

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