Guatemala: EE. UU. pide juzgar a militares por abusos

El apoyo que brinda Estados Unidos a Guatemala nuevamente está en riesgo, luego de que el pasado 17 de diciembre se aprobara la Ley de Asignaciones Presupuestarias en donde se condiciona la ayuda al país a que se den avances en las reparaciones a damnificados por la hidroeléctrica Chixoy, a que se juzgue a militares por violaciones a los derechos humanos y al retiro de tropas de tareas de seguridad ciudadana.

En la nueva medida, repite Chixoy, y se añade, según el Departamento de Estado, el Extranjero y Afines del Programa de Ayuda, los dos puntos vinculados con militares.

Según el documento de programas de crédito para el 2015, se pide a los bancos Mundial (BM) y el Interamericano de Desarrollo (BID) que presenten un informe a los Comités de Asignaciones presupuestarias, “a más tardar 90 días después de la promulgación de esta Ley y cada 90 días a partir de entonces, sobre las medidas adoptadas en los últimos 90 días por dichas instituciones de apoyo y por el Gobierno de Guatemala para poner en práctica la política de Reparación a las Comunidades afectadas por la construcción de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, a quienes les fueron violados sus derechos humanos”, según el decreto de Asignaciones Consolidadas 378-2014,

El acuerdo reconoce que el Gobierno de Guatemala tiene una línea de tiempo para desarrollar e implementar una propuesta para la reducción progresiva de las fuerzas armadas que apoyan a la Policía en actividades de seguridad ciudadana, según la sección 7045 del citado acuerdo.

Añade que los fondos bajo el Programa de Financiación Militar Extranjera están en asistencia para el Ejército guatemalteco, pero solo estarán disponibles si el secretario de Estado lo certifica en sus informes a los comités de créditos.

Según esta nueva ley, el Gobierno de Guatemala está implementando un plan creíble para construir profesionales en las fuerzas policiales que sean responsables y terminar la participación del Ejército en cumplimiento de la seguridad interna.

El decreto de EE. UU. también requiere que las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a militares en activo y jubilados sobre quienes se tengan sospechas fundadas de haber cometido violaciones graves de los derechos humanos.

Demanda que “el Ejército coopere plenamente en estos casos en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, incluido el acceso oportuno para que los investigadores, testigos y documentos (incluidos los de archivo), pruebas forenses y otra información relevante”.

Satisfacción

Carlos Chen, de las comunidades afectadas por la construcción en 1978 de la hidroeléctrica, indicó que el apoyo de EE. UU. es muy importante para velar por el cumplimiento del plan de reparaciones.

“Es importante el apoyo porque en estos momentos se nos ha comunicado que el primer desembolso el Gobierno lo quiere partir en cuatro pagos, a lo que nos oponemos, porque lo quieren tomar como si fuera el Programa Nacional de Resarcimiento y eso es completamente distinto al Plan de Reparaciones”, aseguró.

Según Juan de Dios García, represente de las comunidades afectadas por Chixoy, esperan que se conforme una mesa para la implementación de los acuerdos del plan, en los primeros días del 2015.

“El apoyo del Gobierno de EE. UU. es parte de los cabildeos que se han logrado con autoridades de aquel país, lo que representa algo importante para las comunidades, ya que eso significa que los ojos del organismo internacional están atentos a que se cumpla con lo acordado”, refirió García.

Es un proceso

Ismael Cifuentes, vocero del Ejército, indicó que unos cuatro mil 500 efectivos integran los Escuadrones de Seguridad Ciudadana, unidad que se creó después de que en el 2006 se decretara una movilización parcial de elementos castrenses que obligó a muchos a salir del Ejército.

Refirió que se aprovechó la formación militar que tenían los elementos separados de la institución y se les dio un contrato.

Según Cifuentes, aunque los escuadrones dependen administrativamente del Ejército no son elementos de alta en la institución armada, sino que tienen un contrato.

Respecto de la petición estadounidense sobre las fuerzas castrenses, el funcionario señaló: “El Ejército no tiene una postura, pues son decisiones que se dan a nivel de Estados, que esas disposiciones las adoptó EE. UU., por lo que los pronunciamientos son de Gobierno a Gobierno”.

El politólogo Hans Quevedo considera que el Gobierno debe saber manejar los requerimientos de EE. UU., con miras a mantener las buenas relaciones con ese país, dada la importancia que tiene como socio comercial.

“Llama la atención que Estados Unidos insista en en que se juzgue a militares por violaciones a los derechos humanos cuando ese país tuvo un involucramiento fuerte durante la guerra civil en el país. No es algo que se pueda recriminar, por lo que el tema debe abordarse con mucha diplomacia”, manifestó.

POSTURA -“Disposiciones no son nuevas”-

Jorge Ortega, vocero presidencial, dijo que el plan de resarcimiento a las personas afectadas por la hidroeléctrica Chixoy, construida en 1978, es un compromiso de Estado que finaliza el 31 de diciembre del 2029.

“Se darán Q1 mil 200 millones a lo largo de estos 15 años. Hay todo un procedimiento para resarcir a las comunidades que se vieron afectadas; es un compromiso de largo aliento”, manifestó.

Respecto de los requerimientos, contemplados en la Ley de Asignaciones Presupuestarias que condicionan la ayuda militar de ese país para Guatemala, el funcionario aseguró que esas disposiciones “no son nuevas, vienen de años atrás”.

En relación con disminuir la cantidad de soldados en labores de seguridad interna explicó: “En 1995 se inicia el apoyo del Ejército para la seguridad ciudadana, pero se establece que sería un aspecto temporal. El Ejército poco a poco saldrá a cumplir con su papel. Las unidades de seguridad ciudadana van a desaparecer en función del crecimiento, modernización y profesionalización de la Policía”.

Sobre la petición de juzgar a militares, Ortega dijo que la disposición habla de “procedimientos para que se presenten evidencias necesarias y se lleve ante un juzgado a militares que se compruebe fueron violadores de derechos humanos”.

Fuente: Prensa Libre

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