Matagalpinos fueron declarados culpables

Esperanza Sánchez y Víctor Soza son considerados presos políticos

Matagalpinos presos
Diferentes organizaciones como el MC19A de Matagalpa, han exigido la liberación de los matagalpinos Esperanza Sánchez y Víctor Soza, a quienes consideran presos políticos. MOSAICO CSI | Cortesía

Los matagalpinos María Esperanza Sánchez García y Víctor Manuel Soza Herrera, considerados como presos políticos por su involucramiento en protestas antigubernamentales, fueron declarados culpables de tráfico de drogas, al final de un juicio que concluyó este viernes 8 de mayo en Managua.

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Sin embargo, la decisión de la juez Primero de Distrito Penal de Juicios de Managua, Irma Oralya Laguna Cruz, fue cuestionada por familiares de los procesados matagalpinos, quienes consideran que esta no valoró los elementos probatorios ofrecidos por la defensa.

“Nos sentimos indignados, porque los declararon culpables de un delito que no han cometido”, dijo telefónicamente Sherly Sánchez, hija de Sánchez García, poco después de terminada la audiencia de juicio.

Sánchez García ha sido una activista opositora al régimen de Daniel Ortega y, además de haber participado en marchas y protestas desde abril de 2018, también estuvo apoyando las ferias azul y blanco realizadas por excarcelados políticos en diferentes ocasiones en Matagalpa.

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Para la hija de la activista, la decisión de la juez Laguna “es parte del circo” del oficialismo, de acusar a los opositores y “para nosotros como familia es totalmente indignante y triste”.

La acusación de la Fiscalía señala que el supuesto delito fue cometido el 27 de enero de este año en el kilómetro 10.2 de la carretera a Masaya; sin embargo, el abogado Julio Montenegro y los familiares de ambos procesados sostienen que Soza fue detenido a las 2:45 p.m. del domingo 26 de enero cerca del parque Francisco Morazán, al centro de la ciudad de Matagalpa. Ese parque está frente a la delegación departamental de la Policía. En tanto, Sánchez fue detenida la noche del 26 de enero en una “casa de seguridad” en el kilómetro 10.5 de la carretera a Masaya.

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En la audiencia de debate de pena, según la hija de Sánchez García, la Fiscalía pidió la aplicación de la pena máxima de 15 años de prisión y 800 días multa en contra de los matagalpinos.

Sánchez García tiene diferentes padecimientos de salud y sus familiares han denunciado tratos inhumanos en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres La Esperanza.

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