Claudia Noemí Blandón Centeno, Juez Local Único de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, resolvió inhibirse de continuar conociendo del proceso en contra de la alcaldesa liberal de ese municipio, Reyna Esmeralda Hernández Mairena, a quien la Fiscalía acusó de supuesta desobediencia o desacato en perjuicio de 36 exempleados orteguistas de la Alcaldía que reclaman el pago conjunto de más de 16.5 millones de córdobas por liquidaciones laborales.
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A través de un auto dictado y notificado este 19 de mayo, la juez Blandón justifica su inhibitoria porque “se ha vertido opinión por parte de esta autoridad en el presente asunto y hay desconfianza manifiesta de la parte acusada…”.
Pero, la alcaldesa Hernández desestimó ese argumento judicial asegurando que “por lo menos yo no he tenido plática con nadie”.
Blandón realizó la audiencia inicial con carácter de preliminar el pasado 12 de mayo, cuando citó a las partes para continuar con el proceso el próximo 26 de mayo. Ahora se inhibió y remitió el expediente al Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicios en la ciudad de Jinotega, donde resolverán si admiten o no la inhibitoria. De admitirla, tendrán que designar al juez que conocería del proceso, de lo contrario, Blandón tendrá que seguir tramitándolo.
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Los supuestos hechos de la acusación tienen que ver con que la alcaldesa supuestamente ha incumplido con la sentencia dictada por la orteguista Aida López Henríquez, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, quien ordenó el millonario embargo para pagar las liquidaciones de los exempleados municipales.
El municipio de Wiwilí era gobernado por el orteguismo, hasta que Hernández ganó las elecciones municipales de 2017 bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Hernández ha denunciado que antes de asumir el cargo, en enero de 2018, los orteguistas modificaron salarios y el convenio colectivo, mientras algunas propiedades municipales eran traspasadas a otras entidades de gobierno y la Alcaldía quedaba con deudas superiores a cuatro millones de córdobas.
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El embargo contra la Alcaldía fue notificado el 23 de abril recién pasado y días después la Policía decomisó la camioneta doble cabina con placa JI 6406 que tenía asignada la alcaldesa.
Mientras que el 15 de mayo fueron embargadas varias cuentas bancarias de la Alcaldía por un monto acumulado de un poco más de 2.3 millones de córdobas.
La alcaldesa Hernández confirmó que, además del embargo de 2,323,402.76 córdobas que tenía la municipalidad en seis cuentas diferentes, quedó la posibilidad del embargo, en lo que resta del año, de 6,663,952 córdobas de la cuenta de gastos corrientes, lo que sumaría 8,987,353.76 córdobas.
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Las cuentas embargadas corresponden, según la Alcaldía, a 284,207.45 córdobas de la cuenta de Transferencias de capital; 274,747.73 córdobas de una cuenta de Fondos propios; así como una cuenta de ahorro por 1,370,818.59 córdobas también de fondos propios; una cuenta por 172,894.26 córdobas que corresponden a fianzas rendidas por algunos contratistas y una cuenta por 155,924.82 córdobas que son aportados por un hermanamiento con la ciudad alemana de Freiburg para un Proyecto de agua que beneficiaría a cinco comunidades.
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