Alcalde de Estelí ordenó colocar francotiradores, dice EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios gubernamentales. Mientras tanto, el Reino Unido también aplicó sanciones a funcionarios estatales

Alcalde de Estelí Francisco Valenzuela
Francisco Ramón Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí. Foto de Radio ABC

Desde la oficina del alcalde de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela Blandón, habría salido la orden de colocar francotiradores durante las protestas de 2018 en esa norteña ciudad, consideró el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que este lunes 15 de noviembre, aplicó sanciones al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios del régimen de Daniel Ortega.

El alcalde de Estelí fue incluido en la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, la cual también incluye a los alcaldes de Matagalpa y Jinotega, Sadrach Zeledón Rocha y Leónidas Centeno Rivera, respectivamente.

Los tres alcaldes son incluidos en la lista de sanciones “por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”, pero también por señalamientos particulares.

En un comunicado de prensa, emitido este mismo lunes, el Departamento del Tesoro señala que “la oficina de Valenzuela fue la que ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018”.

Mientras que los alcaldes Zeledón Rocha y Centeno Rivera, según Estados Unidos, habrían estado vinculados con las acciones de fuerzas paramilitares y la represión en ambas ciudades.

La lista de sanciones de Estados Unidos incluye al Ministerio Público como entidad “responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.

El excontralor Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) fue incluido en el listado porque, desde este cargo “ordenó a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055 por ser objeto de una investigación. Adicionalmente, en abril de 2020, la SIBOIF emitió un reglamento que implementa las reformas de febrero de 2020 a la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, que prohíbe a los bancos en Nicaragua, sin razón reconocida por la ley nicaragüense, negar servicios financieros a sus clientes”.

José Adrián Chavarría Montenegro, viceministro de Hacienda y Crédito Público, también está en la lista de los sancionados porque “reemplazó, como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, al designado por Estados Unidos Ivan Adolfo Acosta Montalvan, quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”.

Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director-gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR); José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); Salvador Mansell Castrillo, Ministro de Energía y Minas de Nicaragua, así como el sobrino del fallecido dictador libio Muamar el Gadafi, Mohamed Farrara Lashtar, están designados “por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

Implicaciones de las sanciones

Como resultado de las sanciones, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más en total de una o más de esas personas”, señala el comunicado.

Agrega que “las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Las sanciones impuestas hoy no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan. Estados Unidos deja en claro que la eliminación de las sanciones puede estar disponible para las personas y entidades designadas de conformidad con la EO 13851 y la NHRAA que tomen acciones concretas y significativas para promover la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”, concluye el comunicado.

Reino Unido también anunció sanciones

El Reino Unido también anunció este lunes nuevas sanciones contra ocho funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo Zambrana.

“El régimen de Ortega está negando al pueblo de Nicaragua sus derechos humanos básicos”, dijo Wendy Morton, secretaria de Estado de Reino Unido para Europa y las Américas, citada por la agencia AFP.

Las sanciones incluyen la prohibición de viajar y la congelación de activos contra quienes, según Londres, son “responsables de socavar los principios e instituciones democráticas de Nicaragua”, de “graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil”.

Las sanciones de Reino Unido afectan también al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno Briones; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas, al miembro del Consejo Supremo Electoral Lumberto Ignacio Campbell Hooker, al inspector jefe de Policía Juan Antonio Valle y al jefe de Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez.

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