Después de siete años sin reunirse al más alto nivel en la frontera, representantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y autoridades de Costa Rica sostuvieron este sábado 28 de febrero un encuentro en el lado nicaragüense de Peñas Blancas para discutir temas de seguridad, crimen organizado y la creciente tensión por la minería ilegal en la zona limítrofe.
El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco destacó el carácter excepcional del encuentro, al apuntar que es el primero desde 2019 y que el próximo será en suelo costarricense “dentro de un espíritu de diálogo constante para resolver los problemas fronterizos”.
Tinoco insistió en que la coordinación fronteriza debe estar al margen de las diferencias políticas.
“Tanto a Costa Rica como a Nicaragua nos interesa que la relación fronteriza sea buena desde el punto de vista migratorio, aduanero, fitosanitario y ahora de seguridad. Incluso tenemos aguas conjuntas donde también se coordinan operativos”, expresó.
Además, destacó que esa comunicación busca evitar que “los problemas escalen a un nivel superior”.
El encuentro ocurrió en medio de los reclamos costarricenses por la extracción ilegal de oro en Crucitas, un sector del cantón de San Carlos, en el norte de Costa Rica, cercano a la frontera. En esa zona operan mineros artesanales que extraen oro manualmente y sin autorización estatal, generalmente en condiciones precarias y fuera de control ambiental. Los llaman coligalleros.
Las autoridades costarricenses han denunciado que parte de los sedimentos con oro que salen de esa zona cruzan hacia Nicaragua para su procesamiento y comercialización.
El ministro de Seguridad Pública en Costa Rica, Mario Zamora, ha señalado públicamente a empresas con capital chino instaladas en territorio nicaragüense como posibles compradoras de ese material, lo que elevó la tensión diplomática en las últimas semanas.
Frente a esos señalamientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó en una nota oficial que la reunión tuvo como objetivo “abordar mecanismos de coordinación en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal”.
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La Cancillería nicaragüense sostuvo que el régimen mantiene la “histórica vocación” de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, incluyendo la zona fronteriza y el Río San Juan.
La nota de prensa también fija posición sobre el origen del conflicto: “la situación expuesta sobre la minería ilegal se origina en territorio costarricense, siendo un problema que afecta a ambos países”.
Ambas delegaciones acordaron fortalecer los mecanismos de coordinación y mantener una comunicación periódica y fluida entre las autoridades fronterizas.
