El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó en 2025 un esquema de control religioso menos visible, pero más estructural, basado en vigilancia permanente, presión administrativa y castigo selectivo contra sacerdotes, pastores y comunidades críticas.
Así lo documenta el Reporte Anual 2025 del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), organización que monitorea violaciones a la libertad religiosa en la región, sistematizando en una Base de Datos de Incidentes Violentos las agresiones físicas, detenciones, hostilidades administrativas y formas de presión no violenta contra comunidades religiosas.
El informe coloca a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela como un trío de países donde la represión a la libertad religiosa proviene directamente del aparato estatal, en cada uno de ellos con diferentes alcances y consecuencias, aunque “lo común en estos casos es cómo los líderes religiosos, al representar una influencia social, al tener esa voz que de alguna forma tiene legitimidad social, representan un peligro para las autoridades que quieren cooptar el poder”, explica Teresa Flores, directora del OLIRE.
En entrevista con Mosaico CSI, Flores explica que, en el caso de Nicaragua, después de la represión abierta que siguió al estallido social de 2018 —con arrestos arbitrarios, expulsiones, cierres de medios religiosos y pérdida de nacionalidad de líderes eclesiales, entre otros— el esquema aplicado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha evolucionado a “algo más sistematizado, más enraizado, más profundo”.
“Si uno dice: ‘bueno, no, ya no ha habido tantos arrestos, ya no ha habido tantas expulsiones’, pero esto no quiere decir que la situación haya cambiado para bien o haya mejorado, que la represión haya disminuido. ¡Para nada! Lo que quiere decir, más bien, es que hay una consolidación de la censura. Hay una consolidación del temor que más bien hace que los líderes religiosos tengan muchísimo más cuidado al hablar, al realizar ciertas acciones. Entonces, ha evolucionado, pero esto no quiere decir que ha disminuido la represión en el país”, explica la directora de OLIRE.
Flores considera que la censura puede incluso “normalizar la situación”, lo que dificulta la documentación, por lo que exhortó a que sociedad civil y liderazgos religiosos continúen documentando los actos represivos.
El informe de OLIRE conecta el esquema represivo del régimen con el marco jurídico en Nicaragua, donde la reciente reforma constitucional otorgó “principios ambiguos y amplias facultades discrecionales en favor del poder ejecutivo”, lo que permitió “justificar y perpetuar la represión organizada contra voces religiosas críticas o independientes”.
La directora del observatorio plantea que esa reforma constitucional “fue como la estocada final a la falta de estado de derecho en el país”.
Y añade: “Si bien un marco normativo podrá ser aprobado por una Asamblea Nacional, podrá legalmente cumplir con todos los requisitos, pero eso no necesariamente quiere decir que sea legítimo… en Nicaragua ese espíritu de la ley se perdió”.
El informe destaca también la “estricta vigilancia estatal” a los obispos y sacerdotes en el país, indicando que “la Policía tendría instrucciones de monitorear y reportar detalladamente sus actividades, incluyendo reuniones, desplazamientos y el contenido de sus conversaciones”.
En tanto, Flores menciona que las consecuencias recaen en distintas denominaciones religiosas.
“Sabemos que la iglesia católica fue una de las más, (y) continúa siendo una de las más golpeadas en este contexto de represión, pero los liderazgos evangélicos en la medida en que no se alinean al discurso o a la lógica del partido o de las autoridades también se convierten en blancos vulnerables”, dice.
Los acercamientos selectivos del régimen Ortega-Murillo con ciertos líderes evangélicos son solo parte de una estrategia política, estima Flores, quien apunta, sin embargo, que “no quiere decir que todo el sector evangélico esté de acuerdo o de la mano con el gobierno, para nada”.
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En su informe 2025, OLIRE también examina otros escenarios donde el crimen organizado representa limitaciones a la fe, como Colombia y México.
“Cuando hay líderes religiosos, religiosas incluso, laicos, pastoral, pastores que ejercen un rol social que incomoda a estos grupos criminales, entonces se convierten en sujetos o en blanco de represalias. Se convierten en personas más vulnerables a la violencia, y eso es importante tener en cuenta”, dice Flores.
En zonas como Chiapas, Oaxaca e Hidalgo, en México, dice Flores, donde “esta labor social rehabilitando jóvenes, denunciando corrupción o incluso intentando erradicar la criminalidad de los territorios, puede convertirse en un motivo para ser asesinado, para ser secuestrado”.
“Entonces, cuando uno analiza la situación de la libertad religiosa en América Latina, también tiene que fijarse en este tipo de actores, en el rol que desempeñan los líderes religiosos y cómo esto influye en la vulnerabilidad mayor o los riesgos a los que se pueden exponer”, finaliza la directora de OLIRE.
