La trocha de macadán que entre plantaciones de café conduce a Santa Martha Número Uno queda lodosa cuando llueve. Por ahí caminaba la maestra de 33 años, Mercedes Nohemí Dormuz Munguía, cuando alguien la interceptó y la obligó a internarse en uno de los cafetales, donde fue atacada a machetazos.
Dormuz Munguía era maestra de preescolar en la escuela Santa Martha, a unos 25 kilómetros de la cabecera municipal de El Cuá, departamento de Jinotega. El 28 de diciembre de 2025, regresaba a su casa después del culto dominical. Había cantado alabanzas en la iglesia, como acostumbraba.
El cuerpo de la maestra fue encontrado con múltiples heridas de machete, al menos tres de ellas en el rostro.
El 31 de diciembre circularon fotos de un hombre de tez morena, complexión delgada y cabello negro semi-largo, atado de manos con un mecate. Lo identificaron como Ezequiel Hernández Aráuz. En la comunidad lo conocían como “El Mechudo” y lo señalaron como principal sospechoso del crimen contra la maestra.
Ha pasado más de un mes y medio desde el asesinato. Hasta el 15 de febrero de 2026, en Jinotega no ha iniciado un proceso judicial por el crimen. En los sistemas consultables del Poder Judicial no hay causa abierta relacionada con la muerte de Dormuz Munguía.
La Policía no ha explicado públicamente los avances en la investigación.
Los familiares más cercanos de la maestra se fueron de Santa Martha. “Tienen miedo a que vayan a hacerles algo”, relata una persona que conoce de cerca a la familia y que pidió anonimato para “evitar problemas” con la Policía.
Algunos parientes han intentado averiguar qué ocurrió con el sospechoso. Según comentan, en la unidad policial de El Cuá les dijeron que el hombre tenía antecedentes penales, incluso por homicidio, y que lo trasladaron a Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Pero, ese dato no logramos verificarlo de manera independiente, porque en los juzgados de Siuna tampoco hay algún Ezequiel Hernández acusado por muertes de naturaleza homicida.
Otra fuente asegura que la investigación policial habría derivado hacia otra persona sospechosa. Pero, el secretismo oficial, que es política de estado, domina el caso.
Este silencio es uno de los eslabones de un patrón sistémico: el goteo de la impunidad.
El “gesto humanitario” como sentencia de muerte
En Nicaragua, la seguridad pública y “particularmente de las mujeres parece estar supeditada a los festejos y conmemoraciones del régimen (de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo) que, bajo la figura de convivencia familiar, ha abierto las puertas de las cárceles de forma masiva en fechas como Navidad, el Día de las Madres o el recién creado Día Nacional de la Reconciliación y la Paz”, refiere una feminista del norte de Nicaragua que prefiere omitir su identidad porque sigue en el país.
Desde 2014, más de 60,000 reos comunes han sido liberados bajo el régimen de convivencia familiar.
En sus monólogos ante medios de propaganda, Murillo defiende esas excarcelaciones como “gestos humanitarios”, pero la realidad en los barrios y comunidades cuenta una historia distinta. La propia vocera y primera dama ha admitido que cerca del ocho por ciento de los beneficiados vuelve a delinquir.
Para las mujeres nicaragüenses, ese porcentaje no es una estadística, sino una amenaza latente.
Ana Quirós Víquez, feminista y directora del Centro de Información y Servicios de Salud (CISAS), explica que para la víctima los procesos no concluyen cuando un agresor entra a prisión.
“Las mujeres que son violentadas pasan por un largo proceso hasta que finalmente se convencen y dan el paso para poner la denuncia en contra de los agresores. Cuando estos se logran detener y ser juzgados y finalmente ir a las cárceles, el proceso no termina para las mujeres”, dice.
Después de la sentencia, agrega Quirós, muchas víctimas viven pendientes de una posible liberación.
“En esos indultos indiscriminados que hace el régimen, con frecuencia han liberado a agresores que al verse en la calle su primer pensamiento es vengarse… Esto ha llevado al asesinato de mujeres y muchas veces también de hijos e hijas de estos hombres violentos”, dice Quirós.
Femicidios evitables
En expedientes judiciales revisados para este reportaje, el patrón de femicidios evitables es indiscutible. El Estado tuvo al victimario bajo custodia y decidió, de forma discrecional, acortar su pena.
Entre 2021 y 2025, al menos cinco mujeres fueron asesinadas por hombres que habían salido en excarcelaciones masivas promovidas por el régimen Ortega Murillo. En otros expedientes, jueces ordenaron la libertad de agresores que después cometieron femicidio.
En Jalapa, Nueva Segovia, Bryan Jordan Chávez Flores fue procesado como adolescente y el 30 de septiembre de 2017 fue declarado con responsabilidad penal por la violación de la también adolescente identificada con las iniciales R. E. O. A., de 14 años. Un juez le impuso una sentencia en la que cumpliría un año y medio privado de libertad y un año con medidas cautelares, incluyendo presentación periódica.
El 21 de junio de 2019 fue uno de los mil reos comunes que fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar, en esa ocasión, justificada con el Día del Padre, que en Nicaragua es el 23 de junio, fecha en que el oficialismo también conmemora el natalicio del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca. El 10 de febrero de 2020 la jueza de adolescentes de Ocotal, Nancy Rossman, dictó sentencia liberándolo de la responsabilidad penal.
La madrugada del 10 de enero de 2021, Chávez Flores atacó a Katring Ninell López Martínez en el sector 9 de Jalapa. Intentó violarla, le golpeó la cabeza contra el suelo y lanzó su cuerpo a un sumidero en el patio de la vivienda. El cadáver apareció en descomposición el 16 de enero. Por ese crimen, un juez lo sentenció a 30 años de prisión por violación en grado de tentativa y asesinato agravado.
En Matagalpa, Óscar Manuel García Flores, conocido como “Piñata”, acumuló dos condenas en 2019. El 29 de agosto de ese año, el juez Bernardo Morales Mairena, del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, lo sentenció a cuatro años de prisión por robo agravado en perjuicio de Julio César Molinares.
Dos meses después, el 22 de octubre de 2019, en el Juzgado Primero de Distrito Penal Especializado en Violencia de Matagalpa fue sentenciado a dos años y ocho meses de prisión por violencia física y sicológica contra Raquel Salinas Barahona.
El 25 de febrero de 2020, la jueza Martha Lorena Loáisiga, titular del Juzgado de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Matagalpa, unificó ambas condenas. La suma fijó una pena total de seis años y ocho meses de prisión, lo que extendía su permanencia en la cárcel hasta el 6 de enero de 2026.
Sin embargo, el 13 de mayo de 2020 lo excarcelaron bajo el régimen de convivencia familiar, en una jornada masiva anunciada en ocasión del “Mes de las madres nicaragüenses”.
La madrugada del 1 de junio de 2021, García Flores asesinó a Salinas Barahona en la vivienda donde convivían, en la comunidad Santa Emilia, Matagalpa. La estranguló con una sábana.
El 17 de marzo de 2023, el juez Morales lo sentenció a prisión perpetua revisable por ese femicidio.Antonio de Jesús Blanco Mora, también identificado como Santos Antonio Blanco Mora, acumulaba antecedentes judiciales desde 2009. El 5 de marzo de 2021 un juez lo sentenció a cuatro años de prisión por robo con violencia agravado. Debía permanecer en la cárcel hasta 2025.
Pero, el régimen lo liberó en las excarcelaciones masivas en ocasión de la Navidad de 2022. El 31 de diciembre de ese mismo año, en el barrio Martha Angélica Quezada, en Managua, asesinó a su hermana Ivette de la Concepción Martínez Mora dentro de la vivienda donde ambos se encontraban. El 23 de febrero de 2023 un juez lo sentenció a 17 años y seis meses de prisión por parricidio.
El 11 de octubre de 2022, la jueza Nadia Tardencilla condenó a cinco años y seis meses de prisión a José Francisco Salgado como coautor de robo agravado en la modalidad de robo con intimidación en las personas. Debía estar preso hasta el 17 de octubre de 2026.
Solo cumplió un año. El 16 de octubre de 2023 lo excarcelaron bajo el régimen de convivencia familiar.
El 27 de enero de 2024, asesinó a su tía María Lourdes Tórrez Salgado, de 80 años, en Villa Austria, Distrito Seis de Managua. Un juez lo sentenció a prisión perpetua revisable por asesinato agravado, además de 22 años de prisión por violación agravada y cinco años por robo agravado.
Una condena por robo agravado mantenía a Dimas Antonio Palma Cálix en prisión desde diciembre de 2017. El juez de Juicio de Somoto, Erick Laguna, le impuso cuatro años de cárcel y fijó como fecha de cumplimiento el 18 de octubre de 2021.
El 14 de febrero de 2019 lo excarcelaron bajo el régimen de convivencia familiar, casi dos años antes de que venciera la sentencia.
El 29 de septiembre de 2023 atacó con un hacha a su madre, Cristina Cálix López, en la comunidad San Pedro, municipio de San Lucas, Madriz. La mujer murió ocho días después en un hospital de Managua.
Un juez de Somoto lo sentenció a 30 años de prisión por parricidio.
A ese grupo se suman procesos en los que la libertad llegó por decisiones adoptadas en audiencias judiciales.
Geovanny Alexander Fonseca Mendieta enfrentaba un proceso por violencia psicológica contra Ericka Judith Martínez Martínez, de 34 años. El 7 de marzo de 2024, un juzgado especializado en violencia de Managua aceptó la solicitud de la Fiscalía para aplicar la suspensión condicional de la persecución penal. El proceso quedó en pausa y él continuó en libertad con la obligación de no acercarse a la víctima.
El 21 de agosto de 2024 ingresó al Hospital Militar de Managua, donde Martínez trabajaba, y la asesinó en la capilla del centro médico.
El 10 de octubre Fonseca admitió los hechos. Días después, un juez lo sentenció a prisión perpetua revisable por el femicidio.
Mientras, enfrentaba acusación por intimidación o amenazas contra la mujer en perjuicio de su expareja, Julissa Asunción Montoya Chavarría.
El 31 de enero de 2025 Morales enfrentaría la audiencia inicial del proceso. Pero, la Fiscalía solicitó aplicar el principio de oportunidad mediante la suspensión condicional de la persecución penal.
El juez aceptó la petición y Morales quedó en libertad bajo condiciones que incluían la prohibición de acercarse a la mujer de 46 años.
Pero, el 22 de junio asesinó a Montoya y a la hija de ella, una adolescente de 15 años, en Managua.
Después del doble crimen, Morales se suicidó. El juzgado declaró extinguida la acción penal por la muerte del acusado.
El miedo
La violencia había alcanzado antes a la familia Dormuz. Antes del asesinato de la profesora Mercedes Nohemí, en aquél cafetal de Santa Martha; otra pariente había sido asesinada meses antes.
En mayo de 2025, Rosa María Dormuz se fue de Santa Martha hacia la Reserva Indio Maíz, en el municipio El Castillo, Río San Juan, donde estableció una relación con Yáder Antonio Rocha. Semanas después, el 27 de julio, el hombre la estranguló en presencia de un niño de seis años.
Un juez de San Carlos lo condenó a prisión perpetua revisable por femicidio y le impuso cuatro años de prisión por lesiones psicológicas graves contra el niño.
En una Nicaragua donde las leyes son aplicadas de manera discrecional y a la medida del régimen, ni siquiera la condena de prisión perpetua ofrece consuelo.
La familia Dormuz vive con el temor constante de que el asesino de Rosa María sea el próximo nombre en una lista de excarcelados bajo el régimen de “convivencia familiar”.
Mientras tanto, por el asesinato de la maestra Dormuz Munguía, la justicia ni siquiera ha arrancado, confirmando que el Estado nicaragüense ha fallado en su deber de proteger.
(*) Trabajo colaborativo entre Mosaico CSI, La Mesa Redonda y República 18
