En Sáupuka, una comunidad del municipio de Waspam, en el territorio Miskitu Wangki Twi-Tasba Raya, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, los colonos entraron, mataron a tres personas y se quedaron con la tierra. Días después, Lakni (nombre ficticio)tuvo que irse.
La acción de los colonos desintegró a la familia de Lakni. Unos se fueron “más río abajo” y otros se quedaron intentando defender lo que quedaba.
Lakni salió de Nicaragua sin trabajo, sin documentos y sin conocer nada fuera de su territorio. Una amiga en Costa Rica le dio posada y allí vive ahora junto a otras cinco personas, incluida una bebé de once meses.
Su historia, marcada por el despojo, desintegración familiar y exilio forzado, es el rostro de una crisis que informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales califican como una política de “colonización interna” y un riesgo inminente de exterminio cultural para los pueblos indígenas de Nicaragua.
Lo que ocurrió en Sáupuka y con la familia de Lakni es más amplio. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), la violencia en la Costa Caribe de Nicaragua responde a un patrón de ataques armados sistemáticos ejecutados por grupos de colonos y bandas del crimen organizado que operan con la “tolerancia y aquiescencia del Estado”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024, documentó que los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe enfrentan violaciones graves y sistemáticas de derechos, incluidos el derecho a la vida, a la integridad personal y a la autonomía sobre sus territorios.
“… los pueblos indígenas, sobre todo los del Caribe Norte, viven las horas más bajas en materia de derechos humanos, es decir, viven los tiempos más nefastos, los tiempos más lúgubres, tiempos marcados por incertidumbre, por masacres que quedan en la impunidad”, sostuvo Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en un reportaje publicado por la alianza de medios entre Mosaico CSI, La Mesa Redonda y República 18.
El informe del GHREN registra al menos 68 asesinatos de indígenas en la RACCN cometidos entre 2015 y 2024. La crueldad incluye masacres como las de Alal (2020), el cerro Kiwakumbaih (2021) y el ataque a Wilú (2023).
El informe del GHREN destaca que estas invasiones forman parte de una estrategia para el control y explotación de recursos naturales, principalmente oro, madera y ganadería extensiva, impulsada por intereses económicos del régimen Ortega-Murillo y empresas extranjeras.
Mientras, la historia de Lakni fue documentada en un mapeo sobre las condiciones en que viven mujeres miskitas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica, elaborado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y la organización indígena IMATKUMN, que aplicaron 678 entrevistas.
Además, las organizaciones realizaron varios conversatorios donde otras mujeres compartieron experiencias similares a la de Lakni: salidas forzadas de Nicaragua que terminaron en cuartos compartidos y barrios precarios de San José, en Costa Rica.
“Pues yo me salí de mi lugar por los colonos, porque nosotros teníamos tierra, pero nos quitaron todo. Nosotros cultivábamos yuca, arroz, todo eso, ahora no tenemos nada, ¿dónde podemos sembrar? No podemos nada. Y por eso que nosotros venimos para acá para ayudar a mi mamá y a mi papá, porque ellos ya están mayores de edad”, contó una participante citada en el mapeo.
Otra mujer miskita reconstruyó cómo los colonos mataron a varias personas, incluido el esposo de su madre, en la comunidad de Francia Sirpi, en Waspam. La madre, opositora al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se desplazó primero a Bilwi, pero la Policía la buscaba para encarcelarla. Esa persecución la empujó al exilio en Costa Rica, donde hoy vive separada de sus hijos.
Los motivos para dejar Nicaragua son una mezcla asfixiante, estima la socióloga Elvira Cuadra, del CETCAM: “Van desde la persecución política hasta la violencia ejercida por los colonos cuando desalojan comunidades, la violencia de género y la vulnerabilidad ambiental”.
El estudio muestra que el 64 por ciento de las mujeres entrevistadas procede de Bilwi y el 27 por ciento de Waspam, en la RACCN, donde la ocupación de tierras comunales por colonos armados se ha intensificado en los últimos años.
En San José estas mujeres se han asentado principalmente en barrios como Pavas, Alajuelita y La Carpio. No llegaron solas. Llegaron con hijos pequeños, con adolescentes, con parejas. Llegaron como núcleos familiares reducidos que intentan recomponerse lejos de sus tierras.
Muchas de estas mujeres son jóvenes o adultas jóvenes, en edad productiva. Una parte importante ha logrado regularizar su estatus migratorio como solicitantes de refugio y cuenta con permiso de trabajo. Varias tienen primaria o secundaria incompleta y algunas incluso estudios universitarios. Sin embargo, la inserción laboral no ha sido sencilla.
“Vienen de comunidades rurales con formas de subsistencia distintas. Asentarse en zonas urbanas de San José implica un choque cultural fuerte”, explica Cuadra. La mayoría no tiene empleo estable y las actividades económicas que realizan son, en su mayoría, informales: trabajos dentro y fuera de casa, pequeños servicios, ventas ocasionales. Esa inestabilidad económica las coloca en relaciones de alta dependencia, especialmente respecto de la pareja.
El trabajo aparece como otra frontera para las miskitas desplazadas. El 38% afirmó no trabajar, el 17% sobrevive con trabajos informales y solo el 2% cuenta con empleo formal. La falta de documentos, el idioma y la discriminación limitan las oportunidades.
“Cuando usted no tiene papel nadie te da trabajo”, dijo una participante que aprendió a coser y a pintar uñas para sostener a su familia.
Por otro lado, Cuadra advierte que estas mujeres han estado expuestas desde la niñez a múltiples formas de violencia que también enfrentan en Costa Rica: física, psicológica y económica en el ámbito individual, y también violencia institucional que se expresa en malos tratos, falta de información, discriminación y xenofobia.
Sin embargo, el mapeo no solo documentó precariedad. También recogió propuestas.
En los espacios de diálogo, las propias mujeres formularon recomendaciones concretas. Plantearon fortalecer su autonomía económica mediante apoyo a emprendimientos productivos, acceso a microcréditos, talleres de formación y acompañamiento técnico. Solicitaron el reconocimiento en Costa Rica de los estudios realizados en Nicaragua para mejorar su inserción laboral. Propusieron cursos técnicos en áreas con oportunidades reales de empleo.
También pidieron algo más básico: información clara sobre sus derechos como mujeres y como migrantes; procesos de sensibilización dirigidos a instituciones públicas como Migración, la seguridad social, o el Instituto Nacional de las Mujeres; y espacios de empoderamiento que les permitan fortalecer su capacidad de incidencia y autogestión.
Para Lakni y otras mujeres indígenas, Costa Rica no ha sido el refugio esperado, sino una nueva etapa de supervivencia. Por eso apoya las propuestas del mapeo. Salir de Nicaragua no fue una elección, sino que, asegura: “Ya no podíamos quedarnos”.
(*) Trabajo colaborativo entre Mosaico CSI, La Mesa Redonda y República 18
