Las personas presas políticas sobreviven en condiciones que muestran el rostro más crudo del poder en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anuncia excarcelaciones masivas de reos comunes, mientras personas enfermas y envejecidas continúan tras las rejas sin atención médica adecuada, bajo custodia del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han advertido durante años sobre la falta de atención médica en las cárceles del país, donde al menos seis personas encarceladas por razones políticas han muerto bajo la “custodia” estatal.
Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retomó el tema durante la sesión ordinaria del 4 de febrero del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicando que al menos 62 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, “aunque la cifra podría ser aún mayor”, debido a que no todos los casos son denunciados.
Añadió que la CIDH documentó “deplorables condiciones de detención, malos tratos y tortura” y denunció “el ocultamiento de su paradero por largos periodos como mecanismo de castigo e intimidación”.
José Ricardo Cortéz Dávila tiene 72 años y lleva más de 11 años preso por el caso de la Masacre del 19 de julio de 2014, un proceso que organizaciones de derechos humanos han señalado como uno de los primeros en que la justicia nicaragüense fue utilizada por el régimen Ortega Murillo para castigar a opositores.
Cortéz Dávila fue detenido el 25 de julio de 2014 en San Isidro, Matagalpa. Desde entonces, la vida de Cortéz Dávila quedó ligada a una celda, sentenciado a 133 años de prisión. El régimen lo mantuvo más de una década en una celda de castigo que los presos llaman “el infiernillo”. En ese aislamiento prolongado, su vista comenzó a deteriorarse hasta que perdió la vista por completo.
Hace unos meses fue trasladado a una galera con reos comunes, pero Cortez Dávila ahora tiene que ser asistido por sus compañeros de celda. En una imagen compartida recientemente por el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), el deterior físico de Cortez es evidente: su postura encorvada, el rostro demacrado y el cuerpo visiblemente debilitado reflejan un desgaste profundo. El contraste con su fotografía de años anteriores muestra de forma cruda el impacto del encierro prolongado y la falta de atención médica que terminó por dejarlo ciego.
Los otros acusados en el mismo caso
Otros sentenciados por la masacre del 19 de julio arrastran también enfermedades graves dentro de prisión. Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, condenado a 113 años de prisión en el mismo proceso judicial que Cortez Dávila, permanece en el área de máxima seguridad en la cárcel La Modelo, en Tipitapa.
Fuentes del Sistema Penitenciario describen que Gutiérrez Delgadillo tiene una visión cada vez más borrosa, así como constantes dolores de cabeza que le impiden dormir con normalidad.
Jairo Obando Delgadillo, también sentenciado a 113 años, enfrenta problemas renales que además alteraron su circulación y provocaron una inflamación severa en los pies. La hinchazón le impidió usar chinelas. Al bañarse descalzo contrajo infecciones por hongos.
Un médico del penal indicó un tratamiento tan costoso que los familiares solo pudieron conseguir para 15 días. Obando Delgadillo ha pedido atención médica, pero no la recibe. También padece dolores de cabeza y tiene niveles elevados de triglicéridos y colesterol.
Walter Balmaceda Ruiz, de 45 años y con una condena de 133 años de prisión, vive en penumbra. Custodios retiraron la luz de su celda como castigo. Desde entonces, su visión es borrosa. Padece diabetes, neuropatía, problemas renales y dolores persistentes en el colon.
Wilfredo José Balmaceda Castrillo, de 65 años, es hipertenso y enfrenta problemas de próstata, colon irritable, pérdida de piezas dentales y afectaciones en la vista.
Zacarías Isabel Cano Angulo, originario de la comunidad El Carrizo, en San Ramón, Matagalpa, soporta dolores permanentes en la columna y una infección renal crónica.
Rosendo Antonio Huerta González, también enfrenta afectaciones gástricas y oculares, mientras permanece en prisión.
Desaparición, enfermedades y abandono
Organizaciones de derechos humanos también documentan el caso de Marvin Vargas Herrera, quien tiene 52 años y serios problemas prostáticos e hipertensión.
Vargas, conocido como “El Cachorro”, está preso desde el 8 de mayo de 2011, a pesar de que ya cumplió condena.
Yáder Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dice que esta organización acompaña actualmente a 16 personas presas políticas. Ocho de ellas se encuentran en condición de desaparición forzada. “Estamos hablando de más de la mitad de las personas que nosotros acompañamos”, explicó.
De las otras ocho, solo cuatro pueden recibir visitas. “Las otras cuatro saben que su familiar está en La Modelo, pero no tienen información”, señala Valdivia.
Agrega que, para los presos políticos enfermos, “todos los días la situación se agrava más”. Entre los casos mencionó a Jaime Navarrete, cuyo estado de salud deteriora progresivamente, y a Giovanni Guido, quien porta una prótesis ocular y no recibe seguimiento médico adecuado.
El defensor destacó que muchas de las personas presas políticas son mayores de 60 años y ya padecían enfermedades crónicas antes de su detención. “Necesitaban atención médica constante antes de ser detenidos y ahora ni siquiera sabemos si reciben sus medicinas”, señaló.
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También describió un trato diferenciado dentro de prisión. “Los reos comunes pueden hacer actividades recreativas, estudiar o recibir más visitas. A los presos políticos les restringen todo eso”. Según su testimonio, incluso castigan a reos comunes que intentan compartir alimentos o medicinas con presos políticos.
Valdivia sostuvo que la falta de atención médica, el aislamiento prolongado y las condiciones de encierro constituyen violaciones graves de derechos humanos. “Estas acciones buscan quebrar a las personas física y mentalmente”, afirmó.
Muertes bajo custodia
El deterioro de la salud en prisión ya dejó consecuencias irreversibles. El abogado Carlos Cárdenas Zepeda fue secuestrado y el régimen entregó su cuerpo a la familia en Managua el 29 de agosto de 2025.
Mientras, Mauricio Alonso fue detenido junto a su esposa e hijos el 17 de julio de 2025 y su familia recibió el cadáver el 25 de agosto.
Humberto Ortega Saavedra fue sometido a un “arresto domiciliario el 19 de mayo de 2024 y falleció el 30 de septiembre de 2024 en aislamiento hospitalario.
El general retirado Hugo Tórrez Jiménez estuvo preso desde junio de 2021 en El Chipote, pero luego el régimen Ortega Murillo mantuvo oculto su paradero, hasta que murió el 12 de febrero de 2022 supuestamente en un hospital de Managua.
Santos Sebastián Flores Castillo fue apresado en 2013 y condenado a 15 años de prisión por violación agravada. Murió en la cárcel La Modelo en 2021.
Organizaciones de derechos humanos también han documentado excarcelaciones de personas en estado crítico que murieron poco después de recuperar la libertad.
(*) Trabajo colaborativo entre Mosaico CSI, La Mesa Redonda y República 18
