La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) difundió un mensaje al concluir su asamblea plenaria anual, este viernes 30 de enero, colocando a Guatemala en una “hora decisiva” por la elección de altas autoridades del Estado y pidió que esos procesos avancen con transparencia y apego al marco legal.
En el documento, los obispos advirtieron que la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), del Contralor General de Cuentas (CGC) y del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), tendrá “un impacto directo en la estabilidad democrática, la certeza jurídica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.
Asimismo, la CEG incluyó dentro de ese escenario institucional la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) llamando a que sea realizada “con transparencia y legalidad ya que, además de ser un cargo académico, constituye un eje de poder político y judicial”.
“Exhortamos a las Comisiones de Postulación y al Congreso de la República y los otros organismos involucrados a actuar con honestidad, sentido social, responsabilidad constitucional, respeto al Estado de Derecho, apego al marco legal, transparencia y pluralismo político, a fin de seleccionar a profesionales que demuestren capacidad, idoneidad y honradez”, dice el mensaje de la CEG.
Los obispos señalaron también que “la reciente crisis en las cárceles y en diversas localidades, con su secuela de personas fallecidas y heridas, así como el miedo difundido entre la ciudadanía, muestra la ingobernabilidad en el sistema carcelario precisamente cuando las próximas elecciones de segundo grado están casi a las puertas”. Agregan: “Manifestamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de la violencia, y reiteramos nuestro deseo de fortalecer la pastoral penitenciaria”.
Sobre el marco jurídico, la jerarquía católica pidió cambios a la normativa que regula los estados de excepción.
“Hacemos un llamado al Congreso de la República para impulsar la reforma a la Ley de Orden Público del año 1965, con el fin de adecuar los estados de excepción a nuevas realidades sociales armonizando la ley con la Constitución vigente y los estándares internacionales de derechos humanos”.
La situación de los migrantes en Estados Unidos también es parte de las preocupaciones de los obispos guatemaltecos, quienes denuncian la criminalización y el racismo desatado en los Estados Unidos, como lo han señalado los mismos obispos de esa nación”.
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Además, reconocieron el peso económico de los migrantes, al apuntar que “han enviado en calidad de remesas una cantidad que significó, en el 2025, más de la quinta parte del Producto Interno Bruto”.
Los prelados recordaron que “un cristiano en cargos públicos debe priorizar el bien común, la dignidad de la persona humana, la justicia, la solidaridad, y la subsidiariedad, respetando la autonomía de los grupos sociales más desfavorecidos, fortaleciendo la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos”.
Al referirse al contexto nacional, los obispos reconocieron “la difícil coyuntura por la que pasa nuestro país” y afirmaron que esa realidad “nos interpela a ver el futuro inmediato con esperanza, a pesar de las graves dificultades políticas y sociales que nos acechan”.
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