El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sus operadores en el sistema de justicia, declaró culpables a Bayardo Arce Castaño y a Ricardo Bonilla Castañeda por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Nicaragua, describiendo una compleja estructura financiera sostenida durante años mediante sociedades de fachada, testaferros y transferencias internacionales.
La medida fue divulgada a través de una nota de prensa de la recién creada Procuraduría General de Justicia (PGJ), que presenta como firme la supuesta sentencia 01-2026 dictada por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua. Pero, no hay registro público del juicio ni acceso independiente al expediente, por lo que los señalamientos y montos divulgados provienen exclusivamente de lo dicho por la PGJ.
Según el relato institucional, Arce y Bonilla participaron “de forma concertada y continuada” en un esquema de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito. La acusación los vincula con defraudación tributaria y con operaciones financieras diseñadas para disimular el origen y destino del dinero.
El documento oficial atribuye a la estructura el manejo de hasta 2,713,583,217 dólares y 82,344,806,790 córdobas, a través de múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y transferencias internacionales. También menciona movimientos hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas como parte de la supuesta estratificación de capitales.
Dentro del mismo entramado, la comunicación señala a los hermanos Amelia y Amílcar Manuel Ybarra —esposa y cuñado de Arce, respectivamente— como presuntos coautores del delito.
La nota de la PGJ los califica como prófugos y afirma que el proceso judicial en su contra continúa abierto. Medios independientes informaron recientemente que ambos lograron salir de Nicaragua.
La descripción oficial detalla varias modalidades atribuidas al grupo. Entre ellas menciona el uso de testaferros, mediante empleados y terceros que figuraban como socios de fachada, así como una “ingeniería societaria ilícita” que incluyó 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital provenientes de evasión fiscal sistemática.
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Como parte de las medidas derivadas del fallo, la Procuraduría afirma que la autoridad judicial ordenó la cancelación de sociedades y el decomiso de bienes vinculados a la causa, en aplicación de la Ley 735 sobre crimen organizado y administración de bienes incautados y decomisados.
Sin embargo, la información divulgada no menciona de forma clara eventuales penas o medidas privativas de libertad, un aspecto que queda sin precisar en la versión oficial.
Bayardo Arce Castaño fue uno de los nueve comandantes de la Revolución Sandinista, integró la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ocupó cargos como diputado y asesor económico del partido y del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue apresado en julio de 2025, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.
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