El abogado Ramón Gabriel Díaz González reapareció este domingo 25 de enero publicando videos en redes sociales. En el primero aparece, según describió, “rompiendo la dieta súper agradecido con mi papá Dios, por la vida, por los buenos amigos, por la familia, por mi bella Nicaragua, por mi Gobierno bello, por mi Nicaragua Bendita, soberana, Revolucionaria, y siempre libre, gracias por sus oraciones, por su amor”.
Díaz González había permanecido detenido por más de 24 horas. Su video de la mañana del domingo se movió rápido y cuentas afines al oficialismo lo usaron para intentar desacreditar a quienes informaron sobre su arresto, entre ellos medios independientes.
Lo que el abogado omite es que antes de reaparecer públicamente tuvo que devolver al menos 4,500 dólares que había recibido por la defensa de dos abogados procesados en Juigalpa, Chontales, cargo que delegó en otro abogado al que también le gusta figurar en redes sociales: Róger Antonio Tapia Fajardo.
Un recibo del que Mosaico CSI obtuvo copia digital y fechado el 22 de enero, consigna que Díaz González entregó ese dinero al abogado Yonis Alberto Ortiz Durán, nuevo defensor de los abogados procesados en Juigalpa: Alda Mercedes Vivas Madrigal y Pedro Pablo Pérez Chacón, este último emparentado con una jueza de Juigalpa.
En el documento afirma que devuelve el monto de forma íntegra y que queda liberado de “cualquier responsabilidad penal y civil”.
Sin embargo, la inconformidad de los clientes habría sido la causa de la detención. Una fuente que conoció del caso sostiene que la suma real devuelta por Díaz González fue mayor y que el recibo refleja lo que devolvió antes de que lo detuvieran en Ocotal, Nueva Segovia.
Detrás de ese movimiento de dinero avanza un proceso penal que comenzó mucho antes, con una historia de engaño, miedo y extorsión.
El joven que ahorraba para casarse
El expediente judicial principal es la acusación contra Jeramy Estiben y/o Jeremy Steven Díaz Briceño apodado “El Tico”, y Mariano José López Aguirre, por los delitos de extorsión, lesiones sicológicas leves, uso de falso documento y estelionato, en perjuicio de Johnny Eliezer Medina Castillo, Joel José Avilés Zeas, el Estado y la Administración Pública.
De acuerdo con el expediente, todo comenzó el 26 de septiembre de 2025. Díaz Briceño llegó a la veterinaria donde trabaja Medina Castillo, pidiéndole que le prestara el celular para llamar a su mamá en Costa Rica. Ese gesto abriría la puerta a semanas de terror.
Con esa llamada, Díaz Briceño obtuvo el número de Medina, quien en esos días estaba ahorrando para casarse. A partir del 1 de octubre, haciéndose pasar por narcotraficantes colombianos, comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp, exigiéndole dinero y amenazando con matarlo a él y su familia porque ya conocían su casa y lugar de trabajo.
Ante la extorsión, Medina pagó primero 8,000 córdobas. Luego, el 15 de octubre, entregó 37,000 córdobas a un intermediario, y el 20 de octubre tuvo que dar otros 30,000 córdobas.
En medio de los mensajes, el extorsionador no solo habló como supuesto narco. También dijo ser el director general de la Policía, Francisco Díaz Madriz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien supuestamente le dijo que tenía que pagar más dinero o giraría una orden de captura en contra de Medina.
Cuando el ahorro para la boda estuvo agotado, el extorsionador cambió de objetivo y exigió que Medina le entregara la moto. Agotado y con miedo por su vida y la de su familia, aceptó.
Con la motocicleta en su poder, los implicados buscaron convertir esa entrega forzada en una venta aparentemente legal. Allí es donde aparece la actuación que la Fiscalía atribuye a los abogados Pedro Pablo Pérez Chacón y Alda Mercedes Vivas Madrigal.
La acusación sostiene que Pérez Chacón fue quien hizo las escrituras y usó el protocolo notarial de Vivas Madrigal.
Juicios que avanzan en paralelo
En el proceso principal Díaz Briceño admitió los hechos al iniciar el juicio el 16 de diciembre de 2025. Todavía no le notifican sentencia. En cambio, el otro acusado, Mariano José López Aguirre, enfrenta un juicio que continuará este 27 de enero.
En cuerda separada avanza la causa contra los abogados Pérez Chacón y Vivas Madrigal.
La audiencia preliminar con modalidad de inicial había sido programada para el 13 de enero de 2026, pero Ramón Gabriel Díaz González, entonces defensor de los abogados procesados, alegó que debía atender otro proceso en Totogalpa, Madriz, por lo que fue reprogramado para el 20 de enero.
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Ese día, el abogado Róger Antonio Tapia Fajardo compareció como “defensa técnica sustituta”. El juez Arle José Duarte Abraham mantuvo la prisión preventiva para ambos acusados y envió la causa a juicio, programándolo para el 12 de febrero.
Pero, ese mismo 20 de enero, Yonis Alberto Ortiz Durán presentó un escrito formalizando el cambio de defensa y dos días después Díaz González tuvo que devolver 4,500 dólares a sus clientes insatisfechos.
De acuerdo con la fuente que conoce del caso, tras ser detenido Díaz tuvo que devolver más plata. Luego reapareció en videos. Por la mañana “desayunando”, y por la tarde mostrando cultivos de aguacate en una quinta.
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