Un costarricense que viajaba en una excursión turística fue impedido de ingresar a Nicaragua luego de que autoridades fronterizas lo interrogaran por una publicación crítica realizada en redes sociales en 2018.
El testimonio, difundido por la página Heredia por Media Calle, expone una práctica migratoria que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aplicado durante años contra cientos de nicaragüenses catalogados como opositores y que también alcanza a ciudadanos extranjeros.
El hecho ocurrió el 15 de enero, cuando el afectado, vecino de Sarapiquí, Heredia, formaba parte de un grupo de 16 personas que pretendía ingresar a Nicaragua con fines turísticos.
Según el relato publicado, el trámite inició sin objeciones hasta que un funcionario de Migración retiró su pasaporte y le ordenó esperar. “Se fue con mi pasaporte y al rato nada más me dice: ‘vaya siéntese allá’”, relató.
La espera derivó en un interrogatorio a cargo de policías nicaragüenses. “Me dijeron: ‘es que usted hizo una publicación en el 2018 en contra del gobierno’”, contó el costarricense.
Luego, según el testimonio, los agentes le preguntaron: “¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? ¿Quién le dijo que lo hiciera?”. El afectado explicó que se trató de “una publicación típica de rechazo a los regímenes dictatoriales”.
El relato señala que más de una persona del grupo enfrentó problemas similares durante el cruce fronterizo. A otro costarricense, indicó, las autoridades sí le mostraron una publicación específica de 2021 antes de negarle el paso.
Tras el interrogatorio, las autoridades anularon el ingreso y marcaron su pasaporte con un “ANULADO” escrito a mano. Luego ejecutaron la expulsión bajo custodia.
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“Escoltado me sacaron. Como un perro. Ver a los militares, ver que nos escoltaban… es terrible”, narró.
El costarricense aseguró que los funcionarios fueron explícitos sobre la duración de la prohibición. “Yo soy vetado. No podemos entrar nunca más… mientras ellos sigan”, afirmó.
La negativa de ingreso denunciada por Heredia por Media Calle replica un mecanismo que el régimen nicaragüense ha utilizado de forma sostenida contra su propia población.
En los últimos años, la medida ha afectado a cientos de nicaragüenses a quienes el gobierno califica como opositores, incluidos ciudadanos particulares, sacerdotes y religiosas.
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