El Estado nicaragüense mantuvo y profundizó el control sobre la vida religiosa durante el último año, de acuerdo con la Lista Mundial de la Persecución 2026, un informe anual elaborado por Open Doors, una organización internacional e interdenominacional dedicada a apoyar a cristianos que enfrentan persecución y discriminación en distintos países del mundo.
La Lista Mundial de la Persecución clasifica a 50 países donde vivir la fe cristiana resulta más difícil, a partir de un informe global que incluye dosieres nacionales con análisis específicos por país.
En la edición de 2026, divulgada este 13 de enero, Nicaragua pasó del puesto 30 al 32 del ranking, una variación que refleja la consolidación de un esquema represivo más sistemático y menos expuesto al escrutinio público.
Sin embargo, la organización describe en su sitio web que “la situación en Nicaragua ha cambiado muy poco. Aunque el país descendió dos puestos en la Lista Mundial de Vigilancia del año pasado, la persecución sigue siendo difícil (…) el régimen ha intensificado la presión diaria sobre los cristianos que se niegan a demostrar lealtad política. Los creyentes, especialmente pastores y líderes religiosos, ahora enfrentan una vigilancia más asfixiante, amenazas de restringir o suspender las actividades de la iglesia e interferencia constante en sus ministerios. Los cristianos temen que alzar la voz pueda costarles su estatus legal, sus lugares de culto o incluso su posibilidad de permanecer en el país”.
La investigación que sustenta la edición 2026 cubrió el período comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
Vistos como “agentes desestabilizadores”
El dosier dedicado a Nicaragua afirma que “la libertad religiosa continúa deteriorándose bajo el gobierno dictatorial del presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo”, y señala que “las iglesias y los cristianos que expresan desacuerdo con el gobierno son vistos como agentes desestabilizadores”.
Desde esa lógica, el régimen Ortega Murillo impulsa “intimidación, acoso, vigilancia, procesos legales y el cierre o la expropiación de instituciones cristianas, incluidas iglesias, universidades y organizaciones de caridad”.
El informe explica que Nicaragua mantuvo una puntuación total de 71 puntos sobre 100, aunque registró aumentos de presión en casi todas las esferas de la vida.
En la vida privada, Open Doors describe un entorno de vigilancia constante.
El informe afirma que “los cristianos críticos del régimen enfrentan amenazas, especialmente por su actividad en línea o por apoyar a líderes eclesiales encarcelados o exiliados”, y añade que “la Ley Especial de Ciberdelitos criminaliza estas expresiones, lo que conduce a la autocensura”.
También detalla que, en ciudades como Matagalpa, León y Masaya, la Policía trata “las reuniones no vinculadas al culto, especialmente en viviendas, como conspirativas”, y las “monitorea o interrumpe”.
El texto precisa que agentes estatales “fotografían los vehículos de los participantes” y presionan a familiares para que informen sobre cristianos considerados disidentes.
Adoctrinamiento
En el ámbito familiar, el informe describe prácticas de adoctrinamiento político en centros educativos públicos.
Open Doors afirma que “los niños en las escuelas públicas son adoctrinados con la ideología del régimen, enseñados a venerar a la pareja presidencial y obligados a portar símbolos del FSLN o asistir a actos políticos”.
Cuando los padres se oponen, las autoridades “los etiquetan como opositores”, mientras algunos menores “son acosados o llamados ‘herederos de golpistas’, en ocasiones por docentes”, describe la organización.
La presión se extiende a la vida comunitaria y laboral. El informe documenta que “los cristianos enfrentan vigilancia constante en barrios, escuelas y lugares de trabajo, especialmente si están vinculados a líderes eclesiales disidentes”.
Añade que funcionarios y directivos presionan a empleados públicos y estudiantes para que “asistan a eventos estatales y permanezcan en silencio sobre su fe”.
En la esfera nacional, el dosier sostiene que el régimen califica como traidores a los cristianos que denuncian injusticias o mantienen una postura neutral. El informe afirma que leyes como la 1040, 1055, 1115, 1155 y la Ley de Ciberdelitos, reforzadas por la reforma constitucional de 2025, “sustentan la represión cuando la Iglesia actúa de forma independiente”.
La vida eclesial aparece en el informe como uno de los espacios más afectados, al afirmar que “las iglesias y organizaciones afiliadas enfrentan un riesgo creciente de cancelación de su estatus legal, obstáculos administrativos y asfixia financiera cuando no muestran lealtad al régimen”.
Destaca que “la mayoría del clero católico ahora vive en el exilio”, una situación que debilita de forma directa la atención pastoral y la organización comunitaria.
Subregistro
Durante el período investigado, Open Doors registró siete cristianos condenados, trece detenidos, 55 iglesias o edificios cristianos cerrados o atacados y 55 cristianos forzados a abandonar el país. El informe advierte que “muchos incidentes no se denuncian” y que estas cifras “deben entenderse como mínimos”.
El dosier documenta episodios concretos. Sobre enero de 2025, el texto indica que “la Policía confiscó por la fuerza los monasterios y propiedades de las monjas clarisas en Managua y Chinandega, expulsando a unas treinta religiosas”, y precisa que “su paradero permanece desconocido”.
En abril de ese mismo año, durante el Viernes Santo, “oficiales armados bloquearon salidas de la catedral de Managua y restringieron el Vía Crucis a los predios del templo”.
En julio de 2025, fue detenido el pastor Rudy Palacios Vargas y lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad. El informe señala que un tribunal virtual le impuso cargos de traición y conspiración “sin pruebas creíbles”, luego de que el pastor criticara los abusos cometidos durante las protestas de 2018.
Palacios Vargas y otros presos políticos fueron excarcelados el 10 de enero de este año.
Un análisis por género incluido en el informe de Nicaragua indica que los hombres, en particular los líderes religiosos, concentran la mayoría de las detenciones, amenazas y procesos judiciales.
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El documento recoge que figuras políticas oficialistas “han descrito al clero católico en Nicaragua como ‘asesinos’ y ‘golpistas’ que promueven el ‘imperialismo estadounidense’”. En prisión, añade el texto, las autoridades negaron a varios religiosos “la entrega de medicinas, Biblias y contacto con sus familias”.
Sobre las mujeres, el informe asegura que “en comparación con otros países de América Latina, mujeres y niñas experimentan relativamente pocas formas específicas de persecución religiosa”, pero identifica como grupos de mayor riesgo a “disidentes del régimen, activistas de derechos humanos o familiares de opositores”, quienes permanecen bajo vigilancia constante y evitan denunciar abusos por la falta de confianza en el sistema judicial.
El informe también sostiene que Nicaragua incumple obligaciones adquiridas en tratados internacionales.
Open Doors afirma que “las actividades cristianas son monitoreadas por las autoridades”, que “los líderes cristianos son vigilados activamente” y que “los perpetradores de violencia contra cristianos en ocasiones quedan impunes”.
15 países con persecución extrema
En el plano global, la Lista Mundial de la Persecución 2026 indica que “15 países alcanzaron el nivel de persecución extrema”. El documento precisa que “las dos nuevas naciones en el Top 15 son Siria, que aparece en la 6ª posición, y Malí, en la 15ª”, y destaca que “comparado con la situación del país en años anteriores, Siria alcanzó el nivel más alto de persecución en esta edición de la LMP”.
El informe también señala que “Nepal vuelve a la LMP después de tres años fuera del ranking, ocupando el puesto 46”, y añade que “la violencia aumentó en el país, con más cristianos encarcelados, abusados física y mentalmente y más iglesias atacadas”.
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