Las 19 mil 836 agresiones y ataques documentados contra sacerdotes, monjas y laicos en Nicaragua desde abril de 2018 revelan un patrón sistemático de persecución religiosa que ha reducido la presencia pastoral, limitado la práctica de la fe y sometido a vigilancia permanente a comunidades religiosas en todo el país.
Así lo expuso la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina en un testimonio presentado este martes 13 de enero ante la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), en Washington, Estados Unidos.
Acompañada por la también abogada Miurel Sáenz, de la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, quien leyó el testimonio en inglés, Molina atribuye ese registro al accionar del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“19 mil 836 agresiones y ataques han sido perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, en contra de sacerdotes, monjas y laicos. He documentado cada una de ellas desde abril de 2018”, afirmó en su declaración bajo juramento.
Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, sostuvo que “la falta de libertad religiosa ha limitado profundamente la acción pastoral de los sacerdotes; literalmente, son obligados a cuidar su modo de predicar ante el temor a ser encarcelados o desterrados”.
El impacto se extiende a la formación religiosa. En un país con una tradición mayoritariamente cristiana, el Estado ha cerrado espacios educativos y vocacionales.
“Han cerrado arbitrariamente trece universidades e institutos; también, con odio, han clausurado centros de jóvenes que estudiaban para ser sacerdotes”, señaló.
Uno de los efectos más visibles de esa política ha sido el destierro masivo de religiosos. Molina aseguró que “304 sacerdotes y monjas han sido desterrados de Nicaragua”, muchos de ellos expulsados o impedidos de regresar al país, y precisó que uno permanece bajo casa por cárcel. Añadió que nueve de cada diez religiosos afectados son nicaragüenses.
La reducción forzada del clero ha tenido consecuencias directas en comunidades rurales.
“Existen diócesis en Nicaragua que sobreviven con el treinta por ciento de sacerdotes”, explicó Molina, y advirtió que “las comunidades del interior ven limitadas sus prácticas religiosas; no se pueden confesar con regularidad. Ya no hay sacerdotes para atenderlas como antes”.
El testimonio también describe un sistema de vigilancia constante durante misas y cultos religiosos.
Según Molina, agentes de la Policía Nacional y grupos paramilitares asisten a iglesias y templos para fotografiar y grabar a los fieles, una práctica que ha generado temor y ha reducido la asistencia.
“Los nicaragüenses en general son espiados por la Policía Nacional de Nicaragua y sus paramilitares”, afirmó.
Ese control, añadió, se extiende al espacio público. “En Nicaragua rezar en público es un atentado”, declaró, al explicar que las personas que se reúnen a orar fuera de los templos son vigiladas, intimidadas y detenidas si persisten.
La represión alcanza incluso la oración. Molina denunció que “personas que atienden misa no pueden orar en alto y pedirle a Dios por sus obispos como monseñor Rolando Álvarez o monseñor Silvio Báez”, y advirtió que “mencionar sus nombres dentro de una iglesia o públicamente es un delito”.
Molina citó el de Carlos Bojorge, detenido tras llevar una imagen de San Óscar Arnulfo Romero y gritar “Viva Cristo Rey” durante una misa, y el de un corista encarcelado por compartir un video cantando en una celebración religiosa.
Suscríbete a nuestro Canal de YouTube
La persecución, afirmó, también alcanza a familiares y laicos, así como a menores de edad que sirven como monaguillos, vigilados y presionados por la Policía.
Además, denunció restricciones sobre objetos y símbolos religiosos, incluida la prohibición del ingreso de Biblias y la destrucción de rosarios y artículos de devoción en puestos migratorios.
En la parte final de su testimonio, Molina sostuvo que los intentos de diálogo no han producido cambios y llamó a acciones internacionales más severas.
“Las medidas que hay que adoptar deben ser más agresivas”, afirmó, al pedir sanciones directas contra el Ejército y demandar “Llevar ante la justicia internacional a Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus colaboradores y juzgarlos por delitos de lesa humanidad. Ha quedado demostrado este año que si se puede”.
La audiencia en la que Martha Patricia Molina presentó su testimonio formó parte de una sesión organizada por la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) para examinar la persecución contra comunidades cristianas en distintos países. Antes de la comparecencia, la comisión informó que el objetivo del encuentro era analizar cómo gobiernos de diversas regiones niegan el derecho a practicar, enseñar y expresar la fe, y cómo esas restricciones derivan en acoso, encarcelamiento o violencia contra creyentes.
La USCIRF enmarcó la audiencia en las recomendaciones contenidas en su Informe Anual 2025, en el que instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar medidas frente a violaciones de la libertad de religión o creencias, incluidas las que afectan a comunidades cristianas. Según lo expuesto por la comisión, los testimonios buscaban mostrar los efectos concretos de esas restricciones y aportar insumos para evaluar políticas públicas y acciones diplomáticas.
La sesión incluyó palabras de apertura de la presidenta de la comisión, Vicky Hartzler, y del vicepresidente Asif Mahmood, así como testimonios de víctimas y defensores de la libertad religiosa provenientes de China, Vietnam, Egipto, Birmania, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Argelia y Nicaragua.
Facebook Comments