En una comunidad de la Costa Caribe de Nicaragua, “Bribrit” camina cada domingo hacia una galera que fieles de la Iglesia Morava habilitaron como templo. El edificio al que asistía antes permanece bajo control de una facción de la misma denominación religiosa, alineada con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Bribrit es un joven líder moravo que vive en Nicaragua y, por razones de seguridad, utiliza ese seudónimo. Lo eligió porque en miskitu así llaman al árbol de guabo, una especie común en las riberas del río Coco y ligada a la vida comunitaria y a la naturaleza que él valora.
Él describe un proceso que desplazó a una parte de los fieles de la Iglesia Morava fuera de sus templos, fracturó la estructura interna de la denominación religiosa y desarticuló proyectos de salud, educación y desarrollo comunitario en la Costa Caribe.
En otro municipio del Caribe nicaragüense, “Perla” sigue una rutina semejante. Cada domingo llega al culto y observa presencia policial y de operadores políticos vestidos de civil, que vigilan las actividades religiosas y los intentos recientes por recomponer la Iglesia Morava. “El asedio es siempre, están allí. Eso me da miedo”, dice.
El templo al que asiste Bribrit carece de equipos de audio. Algunas bancas cubren solo una parte del espacio. Varios fieles cargan sillas desde sus casas y otros permanecen de pie durante todo el culto. Cuando la lluvia golpea el techo de zinc, el pastor y la comunidad detienen la prédica porque el ruido impide escuchar. La iglesia retoma el culto cuando el sonido lo permite.
En otras comunidades del Caribe, algunas de esas galeras han cambiado con el tiempo. Los fieles levantaron paredes y reforzaron las estructuras para protegerse del clima. Con esas mejoras sostienen la vida religiosa fuera de los templos que hoy controla la facción alineada con el régimen Ortega Murillo.
Perla reconoce escenas similares en su comunidad. El pastor mide cada palabra durante el culto. “Evita hablar de temas sociales porque podría ir preso”, cuenta. Para ella, la vigilancia y el control forman parte de un patrón de persecución religiosa en el país: “Pasa igual que con la Iglesia Católica”, afirma.
El despojo
La magnitud del despojo aparece documentada en una investigación de la organización indígena Wangki. El informe señala que “al menos 28 congregaciones moravas implementan la estrategia de resistencia pacífica de establecerse en champas temporales”, tras perder el acceso a sus templos.
El estudio añade que “otras 43 iglesias (edificios) a nivel de la provincia no habrían sido usurpadas, y se encontraban bajo la administración de la IM Unitas Fratrum Nicaragua”.
En la Iglesia Morava, las congregaciones constituyen la base organizativa: comunidades locales que sostienen la vida religiosa y social. Unitas Fratrum es el nombre histórico y jurídico de esta denominación cristiana, fundada en Europa en el siglo XV y establecida en el Caribe nicaragüense desde el siglo XIX.
Además de templos, el análisis de Wangki documenta la usurpación de otras instalaciones clave de la Iglesia Morava. Entre ellas figuran el Colegio Moravo JAC, el Colegio Moravo Hedley Wilson, el Colegio Moravo Renacimiento, una Clínica Morava, el edificio de la Junta Provincial y las oficinas de la Asociación Juvenil de Esfuerzos Cristianos de la Iglesia Morava (AJECIM).
El informe también señala la ocupación del edificio del Seminario Teológico Moravo —antes BICU— y de varios internados, así como la Casa Protocolo ubicada en el barrio Monseñor Lezcano y la oficina de enlace de la iglesia en Managua.
Un feligrés de la Iglesia Morava, originario del Caribe nicaragüense y exiliado en Costa Rica, describe restricciones directas al ejercicio religioso. “Para una conferencia grande, la iglesia tiene que pedir autorización y siempre la niegan”, dice.
Este hombre exiliado, que prefiere ser llamado con el seudónimo de “Willie”, por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, relata además el bloqueo de cuentas bancarias y el cobro de impuestos: “Las cuentas quedaron congeladas; nadie accede, y eso de los impuestos antes no era así”, asegura.
También menciona trabas para viajar a misiones o estudios en otros países: “Para salir, piden cartas al Ministerio de Gobernación, a la Policía y al gobierno regional y nunca dan permiso”, dice.
Mientras, una investigadora asociada de Wangki, que solicita ser llamada “Lamni”, estima que el daño trasciende lo religioso. “La Iglesia Morava funcionó durante décadas como la principal estructura de organización social en el Caribe”, explica.
Desde sus templos y comisiones, la iglesia impulsó educación primaria y secundaria, alfabetización, clínicas comunitarias, proyectos de agua y saneamiento, apoyo a pastores jubilados, formación teológica y desarrollo arquitectónico local.
“Ese entramado sostuvo servicios que el Estado nunca garantizó”, afirma Lamni.
A partir del Diálogo
La persecución contra la Iglesia Morava tomó una nueva dimensión en 2018, cuando el superintendente moravo Joseph Rivera participó —invitado por la Iglesia Católica— en el Diálogo Nacional convocado tras la represión estatal a las protestas cívicas.
A partir de ese momento, la vida interna de la Iglesia Morava entró en un proceso de hostigamiento que terminó por fracturarla. Así lo sugieren, desde comunidades distintas del Caribe, los relatos de Bribrit y Perla, que ubican en ese episodio el inicio de una etapa marcada por divisiones, vigilancia y control institucional.
Luego, dirigentes moravos alineados con el régimen —algunos de ellos exmilitares— impulsaron cambios en la estructura de la denominación. Bribrit describe reuniones y movilizaciones organizadas con apoyo logístico para avanzar hacia un “sínodo extraordinario” que él califica como ilegal, realizado el 27 de enero de 2019. “Traían gente de lejos y les facilitaban camionetas, lanchas y el combustible”, afirma.
El informe de la organización indígena Wangki detalla cómo esa persecución conllevó a una reconfiguración interna de la Iglesia Morava. Según la investigación, al sínodo extraordinario asistieron “608 delegados de los cinco distritos que integran la IM (Iglesia Morava) en Nicaragua”, y en ese espacio “se estipuló que el reverendo Joseph Rivera debía entregar su cargo de superintendente a la reverenda Ofelia Álvarez”.
Wangki señala que ese evento “marcó un punto de inflexión para la estructura organizacional, administrativa y financiera de la IM (Iglesia Morava)”, debido a “la influencia del partido sandinista en el mismo”. El documento describe la conformación de una nueva junta provincial atravesada por “la conjugación de influencia partidaria y nepotismo reforzado por lazos familiares y de amistades”.
Suscríbete a nuestro Canal de YouTube
La investigación identifica a Juan Saballos, del municipio de Waspam Río Coco, como un actor central en ese proceso. Wangki documenta que sus “conexiones políticas a nivel nacional, regional y local”, junto con su vínculo con Lumberto Campbell, sancionado por Estados Unidos en 2019, facilitaron el apoyo de la Alcaldía de Waspam para “obtener recursos como vehículos y combustible” destinados a movilizar delegados desde distintas zonas del río Coco hacia el sínodo.
El informe también documenta vínculos directos entre el nuevo liderazgo religioso y el poder político regional. Wangki señala que la entonces presidenta del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, Devoney Johaira McDavis Álvarez, hija de la reverenda Ofelia Álvarez, “apoyó la movilización de personas vinculadas al cambio de representante de la IM” y promovió “campañas de desprestigio en contra del reverendo Rivera”. Desde mayo de 2021, McDavis fue designada en el cargo de magistrada del Consejo Supremo Electoral.
Como resultado de ese proceso, el informe concluye que “se crearon dos bandos a nivel interno de la IM” y documenta “incidentes de violencia física contra líderes religiosos, la toma de propiedades de la iglesia y la expulsión violenta de miembros no alineados con el grupo simpatizante del gobierno”, así como “protección policial a favor del grupo afín al gobierno”.
De acuerdo con Bribrit, ese proceso incluyó una campaña de desprestigio contra la facción que respaldaba al reverendo Rivera. En comunidades del Caribe circularon acusaciones que señalaban a ese grupo de querer cambiar los bautismos, permitir matrimonios entre personas del mismo sexo y alinearse con la llamada Secta Moon, un movimiento religioso fundado por el líder surcoreano Sun Myung Moon.
Bribrit también recuerda expulsiones de pastores y familias pastorales ocurridas durante la noche. En otra comunidad, Perla describe un ambiente marcado por el miedo, los silencios y la ruptura de relaciones dentro de la iglesia. En varios casos, ambos relatan presencia policial cercana durante las tomas de templos, una vigilancia que favoreció a la facción alineada con el régimen.
Yáder Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, encuadra el caso moravo dentro de una política estatal de control religioso. “Desde 2018, el régimen pasó de perseguir líderes religiosos a controlar iglesias como instituciones”, afirma.
Como ejemplo, Valdivia menciona lo ocurrido con otras iglesias evangélicas, donde el régimen promovió la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, dirigida por Omar Duarte, como estructura con respaldo oficial. En la Iglesia Morava, señala, el control avanzó mediante liderazgos afines al poder y vigilancia policial.
Willie, el feligrés moravo en el exilio recuerda que esta persecución tiene antecedentes. En los años ochenta, dice, iglesias moravas ardieron, pastores fueron encarcelados y comunidades reprimidas, sobre todo en las riberas del río Coco.
Ese periodo aparece documentado por Ulrich Epperlein en El conflicto en la Costa Atlántica de Nicaragua en la década de los ochenta. Una perspectiva desde la Iglesia Morava, donde registra que al inicio del conflicto armado el gobierno sandinista acusó a la Iglesia Morava de colaborar con la contrarrevolución, lo que derivó en el encarcelamiento y tortura de alrededor de cincuenta pastores.
Pero, el ataque incluyó la cancelación legal. En 2024, el Ministerio del Interior canceló la personería jurídica de la Asociación Instituto de Desarrollo Social de la Iglesia Morava y de la Iglesia Morava de Nicaragua.
Valdivia destaca el impacto: “Ninguna de las más de cinco mil organizaciones cerradas por el régimen en Nicaragua ha pasado por un debido proceso”.
La decisión dejó sin respaldo legal proyectos de salud, educación y desarrollo comunitario en territorios donde la iglesia sostuvo históricamente la vida social.
Bribrit lo resume con una frase directa: “Antes había clínicas, proyectos de agua y saneamiento, apoyo a pastores jubilados. Todo eso formaba parte de la iglesia”.
Intentos de recomponer
Perla describe conversaciones recientes entre nuevas autoridades electas de ambos sectores. “Buscan recomponer la iglesia desde la fe y sin líneas partidarias”, cuenta. Pero, el proceso avanza entre heridas abiertas y vigilancia constante.
Mientras tanto, cada domingo, Bribrit llega a la galera convertida en templo de su comunidad. En otra parte del Caribe, Perla hace lo mismo. La Iglesia Morava sostiene el culto, la oración y la vida colectiva.
La experiencia de ambos representa a más de 107 mil feligreses moravos en Nicaragua. La persecución religiosa desplazó a una institución clave del Caribe de parte de sus templos y de sus obras sociales. La gente sostuvo la fe, convirtió galeras en templos y preservó una memoria que hoy reclama justicia.
* Trabajo colaborativo entre Mosaico CSI, La Mesa Redonda y República 18.
Facebook Comments