Abogados apresados y desaparecidos durante varias semanas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Matagalpa fueron excarcelados, aunque no recuperaron la libertad. Regresaron a sus hogares bajo régimen de casa por cárcel, deben firmar periódicamente en la unidad departamental de la Policía y continúan sin computadoras, títulos universitarios ni protocolos notariales.
Versiones extraoficiales indican que no podrán recuperarlos, lo que los deja fuera de toda posibilidad de ejercer el derecho en cualquier área.
Personas que conocen sus casos explican que el régimen actuó contra ellos porque habrían elaborado escrituras de compraventa de bienes muebles e inmuebles para clientes que presuntamente serían testaferros o tendrían vínculos con figuras hoy encarceladas, como el exasesor presidencial Bayardo Arce y el ex tesorero del Banco Central Juan José Montoya Pérez, Álvaro Baltodano Portocarrero, entre otros.
Ese trasfondo derivó en los operativos policiales del 10 de octubre, que marcaron una redada y el castigo que enfrentan ahora.
Entre los excarcelados está Daniel Reyes, esposo de la diputada y exvicealcaldesa de Matagalpa María Agustina Montenegro López, una figura evangélica aliada del FSLN.
El abogado exiliado Yáder Morazán relató que la fiscal auxiliar Adriana Reyes, hija del matrimonio, vivió horas de presión cuando la Policía la retuvo mientras pedía información sobre su padre.
En su valoración pública en redes sociales, Morazán escribió: “Ni los compañeros de cama de diputados del FSLN se salvan. Tanto la diputada como su hija fiscal fueron presionadas y obligadas a callar. La represión ya no distingue: caen policías represores, hijos de guerrilleros históricos, militantes, aduladores, funcionarios y políticos leales. Todos terminan presos… menos los que llevan los apellidos Ortega Murillo. ¡En Nicaragua hoy, nadie está a salvo!”.
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Otro de los abogados excarcelados y que permanece bajo control policial es Abraham de Jesús Martínez, ex capitán de la Policía Nacional. Agentes rodearon su vivienda, ubicada cerca del Complejo Judicial de Matagalpa, y lo obligaron a regresar cuando estaba fuera. En cuanto llegó, lo llevaron directamente a la unidad policial.
Martínez dirigió delegaciones municipales durante 26 años y desde 2006 ejercía la abogacía de forma independiente.
Fuentes locales confirman que en la misma condición se encuentran Efraín Martínez, Salvadora Sánchez y otros profesionales del derecho. Ninguno recuperó sus documentos ni su equipo, y todos enfrentan un futuro bloqueado por la prohibición tácita de ejercer.
La jornada incluyó más excarcelaciones con iguales restricciones. Ese mismo día salieron de las celdas Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 59 años, y Carmen María Sáenz Martínez, de 50, colaboradoras de la Diócesis de Matagalpa.
Ellas también deben presentarse a firmar ante la Policía y continúan bajo vigilancia en sus viviendas.
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