Aun cuando son testigos silentes de nuevas rutinas, los muros del confiscado Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, al sureste de la ciudad de Matagalpa, todavía guardan los ecos de los rezos madrugadores y la alegría de los seminaristas que dedicaban tiempos libres para cultivar granos básicos y algunas hortalizas para el autoconsumo.
Donde antes los jóvenes eran formados para el sacerdocio, ahora funciona el Centro Tecnológico Niños Héroes de Matagalpa, habilitado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como parte de su ofensiva contra la Iglesia en Nicaragua, particularmente contra la Diócesis de Matagalpa, dirigida ahora desde el destierro por monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
Una investigación de CONFIDENCIAL confirma que la dictadura ha robado a la Iglesia católica en Nicaragua al menos 39 propiedades, entre febrero de 2022 y noviembre de 2025. El robo masivo incluye ocho colegios, seis sedes universitarias, ocho residencias religiosas, ocho terrenos, fincas o haciendas, tres centros pastorales y cuatro proyectos sociales que atendían a las poblaciones más vulnerables.
A la Diócesis de Matagalpa le robaron tres propiedades: el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja, el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga y la Residencia Episcopal, donde residía monseñor Álvarez. En los tres casos no hubo ningún argumento legal, simplemente fueron usurpadas en un acto de venganza contra la diócesis del obispo que fue encarcelado, desnacionalizado y desterrado del país por ser una voz profética de la Iglesia católica.
Costo del Seminario Mayor ronda los tres millones de dólares
El Seminario San Luis Gonzaga ocupaba parte de un terreno de cuatro manzanas donado a la Diócesis de Matagalpa durante el episcopado de monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano, nombrado arzobispo de Managua en 2005.
La construcción del edificio —de aproximadamente 800 metros cuadrados— sucedió durante el episcopado en Matagalpa de monseñor Jorge Solórzano Pérez, actual obispo de Granada.
En sus horas libres, los seminaristas de la época ayudaban con los movimientos de tierra y descarga de los materiales de construcción, recuerda un sacerdote formado en ese Seminario y que estando ahora exiliado prefiere omitir su identidad, por temor a represalias contra su familia en Nicaragua y contra la misma Iglesia.
Fue durante el episcopado de monseñor Álvarez que el centro de formación fue erigido a Seminario Mayor de Filosofía, y ya en 2022 alojaba a 49 seminaristas de las diócesis de Matagalpa y Siuna.
Pero la formación fue interrumpida de manera abrupta el 20 de enero de 2025, cuando la Policía y funcionarios de la rebautizada Procuraduría General de Justicia los sacaron y se apropiaron del inmueble, ahora convertido en un supuesto centro tecnológico que ofrecen cursos y bachillerato técnico, bajo el adoctrinamiento político de Ortega y Murillo.
El valor del seminario —incluyendo terreno y construcción— supera los tres millones de dólares, según el rango de precios mínimo de la zona, estimados entre 700 y 1000 dólares por metro cuadrado, según un agente de bienes raíces, que solicitó anonimato.
La curia episcopal donde fue arrestado el obispo Álvarez
En pleno centro de la ciudad, la historia del obispado de Matagalpa, que también era la residencia episcopal, revela otro contraste. Donde había una pequeña capilla ahora hay una farmacia de la empresa Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), que administra las empresas médicas previsionales adquiridas por el Estado a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Ese mismo inmueble fue escenario del encierro de monseñor Álvarez entre el 4 y el 19 de agosto de 2022. El obispo permaneció ahí junto a sacerdotes, seminaristas y laicos hasta que agentes policiales lo trasladaron por la fuerza a Managua, donde permaneció aislado en la cárcel “La Modelo”, hasta su destierro a Ciudad del Vaticano, en enero de 2024, tras más 500 días de arresto domiciliario y cárcel.
El edificio supera los dos mil metros cuadrados. En esa zona, los precios de las propiedades también alcanzan hasta 1000 dólares por metro cuadrado, según el especialista en bienes raíces. Sin embargo, la cifra final superaría los dos millones de dólares, considerando el valor histórico del inmueble.
Además, durante el episcopado de monseñor Solórzano Pérez se invirtieron 200 000 dólares en restauraciones, incluido el salón San Juan Pablo II, donde antes funcionó la diocesana Radio Hermanos.
La Cartuja, décadas de historia y valor patrimonial
En la comunidad de Molino Norte, el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja también cambió de rumbo. Durante décadas, la diócesis utilizó ese espacio para retiros espirituales, convivencias y encuentros de movimientos laicales. Fue confiscado en enero de 2025, y convertido en una extensión de la Universidad Nacional Agraria (UNA).
La Cartuja incluye un edificio principal de más de dos mil metros cuadrados y otra pequeña construcción de aproximadamente 185 metros cuadrados. En los años de monseñor Solórzano Pérez fue restaurado con una inversión de unos trescientos mil dólares. Según los cálculos del agente de bienes raíces, el valor de La Cartuja supera fácilmente los dos millones de dólares, sin contar el terreno, cuya extensión es de aproximadamente cuatro manzanas.
En abril de 2025, CONFIDENCIAL reveló que la Agraria gastó 730 848 córdobas para abrir su nueva filial en el Centro Diocesano de Pastoral. La “inversión” fue usada para pintar el inmueble robado, crear un pebetero e instalar un nuevo rótulo, según tres adjudicaciones públicas en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae).
La propiedad fue rebautizada como “Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación ‘Padre y Comandante Camilo Torres Restrepo’”, y es promovido como una inversión de la dictadura en el sistema de educación, omitiendo que fue robada a la Iglesia católica.
El monto estimado de las confiscaciones deja fuera el inventario de reliquias, imágenes religiosas, cuadros, mobiliario histórico, bibliotecas y archivos pastorales que la diócesis resguardó en estos inmuebles durante décadas.
En La Cartuja, por ejemplo, había un cuadro conocido como La Madonna, que habría sido un obsequio del Papa San Pablo VI a monseñor Julián Luis Barni Spotti, quinto obispo de Matagalpa (entre 1970 y 1982), que promovió la construcción del centro de pastoral.
También en el Ateneo de la Residencia Episcopal permanecía expuesto un antiguo lienzo de la Sagrada Familia, una obra al óleo atribuida al pintor español del siglo XVII Bartolomé Murillo.
En Jinotega también confiscaron un campo de La Salle
Más al norte, en el municipio de San Sebastián de Yalí, de Jinotega, el régimen confiscó el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, dejándolo bajo administración del Ministerio de Educación. El inmueble supera los dos mil metros cuadrados y su valor también supera el millón de dólares.
En Jinotega, otra confiscación permaneció fuera del radar público hasta ahora: el campo deportivo del Colegio Diocesano La Salle, que fue declarado de utilidad pública por la Alcaldía Municipal a mediados de 2024. La municipalidad dejó abierta la posibilidad de construir un polideportivo en ese terreno de treinta mil metros cuadrados, donde los jóvenes locales llegan todavía a jugar principalmente béisbol y fútbol.
Con esta, el número de propiedades confiscadas a la Iglesia católica —diócesis, órdenes religiosas y obras laicales— se eleva de 39 a 40. Sin embargo, la cifra real es mayor, porque varias congregaciones optan por el silencio, para evitar que el régimen tome más edificios o aumente sus represalias contra las congregaciones y sus integrantes.
Las confiscaciones forman parte de un patrón de robo y usurpación que incluye la cancelación de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, para ilegalizarlas y, en muchos casos, expulsarlas de forma exprés del país. Luego, se traspasa o asigna la propiedad a instituciones del Estado, para “lavar” el robo como un bien público. La operación se completa con un acto de “maquillaje”, utilizando fondos públicos para renovar la fachada con pintura, rótulos y muebles reciclados. El acto final es inaugurar la obra, casi siempre rebautizada con nombres vinculados a religiosos o a guerrilleros sandinistas, alegando que son obras públicas del “buen gobierno”.
Un patrimonio arrancado de raíz, que supera lo material
El valor inmobiliario de estos cinco de los bienes confiscados en Matagalpa y Jinotega supera los nueve millones de dólares. La cifra crece al sumar remodelaciones, jardines, áreas de café, archivos, bibliotecas, mobiliario histórico, reliquias e imágenes que también fueron objeto del despojo.
Otras propiedades confiscadas a la Iglesia católica y organizaciones de laicos en Jinotega, enlistada por CONFIDENCIAL, incluyen: la Estación Biológica Juan Roberto Zarruk, confiscada junto con otros ocho inmuebles en diferentes partes de Nicaragua a la Compañía de Jesús, en agosto de 2023; la Clínica Nazareth, en San Rafael del Norte, confiscada a la Asociación Nazareth para el Desarrollo Integral de la Familia, en enero de 2025, y una oficina, un terreno y un templete a la Fundación Odorico D’ Andrea, en enero de 2025.
Sin embargo, la dimensión de las pérdidas no se limita al valor inmobiliario. Desde Iowa, el sacerdote nicaragüense Nils de Jesús Hernández, párroco de la iglesia Reina de la Paz, sigue cada noticia que llega desde Nicaragua y observa un daño que no se mide en metros ni en avalúos. El párroco conoce de primera mano el sentido pastoral de esos espacios y lo expresa con claridad:
“Los más afectados son los estudiantes, los niños, los jóvenes y también los futuros religiosos”.
Asegura que cada inmueble levantado durante décadas tenía un propósito concreto dentro de la misión de la Iglesia, y ese propósito no se mantiene cuando el Estado ocupa los edificios.
“La Iglesia administra esos bienes, pero esos bienes son para el servicio del pueblo de Dios”, afirma, convencido de que la ruptura de esa cadena también rompe procesos comunitarios que antes nacían en esos lugares.
Al evaluar el saldo que deja cada cierre, cada expulsión y cada rótulo oficial, lo resume en una frase que carga todas las implicaciones humanas del despojo: “Los daños son muchísimos… y este gobierno criminal de lesa humanidad no tiene ningún interés en el daño que se le hace a Nicaragua”.
Otro sacerdote nicaragüense, exiliado desde 2022 y cuidadoso de su identidad para proteger a su familia, observa el mismo panorama desde el silencio forzado que comparten tantos religiosos. Para él, cada edificio confiscado representa una grieta adicional en la vida cotidiana de las comunidades que dependían de esos espacios.
“Esto tiene un impacto social y un impacto eclesial”, recuerda, con la crudeza de quien vio cerrar farmacias solidarias, dispensarios, programas de Cáritas y centros donde la Iglesia acompañó durante años a las familias más vulnerables.
* Este artículo fue publicado originalmente en Confidencial
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