El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado en Nicaragua las libertades sindicales, permitido el trabajo infantil y tolerado el abuso de trabajadores en todos los sectores productivos, concluyó el informe presentado por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) el 20 de octubre de 2025, tras una investigación amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El documento detalla que la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva “no son respetados en Nicaragua”.
Según el USTR, el régimen Ortega Murillo interviene directamente en los asuntos sindicales, impide la creación de sindicatos independientes y arresta o despide a sus líderes.
“Desde 2018 hasta octubre de 2023, el Gobierno canceló 3,390 organizaciones civiles, entre ellas 562 sindicatos”, señala el informe.
Agrega que el Ministerio del Trabajo ignora sentencias judiciales que ordenan reconocer a determinados sindicatos y que todas las manifestaciones de oposición fueron prohibidas desde 2018.
El reporte cita al Comité de Expertos de la OIT, que describe un “clima persistente de intimidación y acoso contra las organizaciones independientes de trabajadores y empleadores”.
Despidos, arrestos y control estatal de sindicatos
El USTR recogió testimonios sobre despidos masivos, como el de empleados judiciales en 2023, y el encarcelamiento de dirigentes gremiales. La Oficina concluye que el régimen “controla todos los grandes sindicatos, anulando el derecho de los trabajadores a afiliarse a organizaciones de su elección”.
Los trabajadores, según el documento, viven bajo un sistema de vigilancia política en el que las federaciones sindicales afines al Gobierno sirven para “identificar y aislar a quienes intentan organizar sindicatos independientes”.
Trabajo forzoso y trata de personas
El informe incluye un capítulo sobre el trabajo forzoso y la trata. El Departamento de Estado de EE. UU., citado en el documento, considera que Nicaragua “no cumple las normas mínimas para eliminar la trata de personas ni realiza esfuerzos significativos para hacerlo”.
Las víctimas, señala, son reclutadas con ofertas de empleo falsas y luego explotadas sexual o laboralmente en hoteles, minas, construcción, agricultura o servicio doméstico. Los niños son forzados a trabajar en minas artesanales, canteras o actividades de narcotráfico, y personas con discapacidad son usadas para la mendicidad forzada.
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Pese a esa realidad, “el Gobierno no identificó a una sola víctima ni procesó a ningún tratante por segundo año consecutivo”, indica el reporte, que acusa al régimen de minimizar el problema y negar cooperación a organizaciones civiles.
Trabajo infantil masivo y sin control
Los datos más recientes revelan que 47.7 % de los niños entre 10 y 14 años trabajan en Nicaragua, muchos en condiciones peligrosas.
El Departamento de Trabajo de EE. UU. calificó los avances del país como “mínimos” y advirtió que las autoridades destruyeron miles de organizaciones sociales que prevenían la explotación infantil.
Los niños laboran en la agricultura —en la producción de café, tabaco y banano— y en la minería artesanal o la construcción.
“El país carece de una edad mínima clara para la educación obligatoria y de servicios adecuados para víctimas de trata o trabajo infantil”, detalla el informe.
Abusos en las zonas francas y discriminación
La USTR documenta además violaciones en las zonas francas, donde trabajadores denuncian despidos de mujeres embarazadas o enfermas, negación de atención médica, abuso verbal y psicológico, deducciones ilegales y robo de salarios.
“Con respecto a las deducciones y el robo de salarios, una reforma al sistema de pensiones de enero de 2019 redujo el monto de las pensiones en un 50%, lo que parece deberse principalmente a la corrupción de los activos del sistema”, refiere el documento.
Agrega que “el Gobierno de Nicaragua también ha permitido que las empresas tomen represalias contra sus trabajadores que denuncian violaciones de derechos. Por ejemplo, en diciembre de 2020, más de 1,200 empleados fueron despedidos de una fábrica de New Holland Apparel S.A., incluyendo madres primerizas y trabajadores en recuperación de cirugías. Esto parece estar relacionado con la discriminación contra quienes presentaron denuncias de exceso de trabajo e intentos de sindicalización fuera de los sindicatos estatales”.
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