El Informe 2025 sobre la Libertad Religiosa en el Mundo, presentado este martes 21 de octubre por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), sitúa a Nicaragua entre los países con mayores niveles de persecución religiosa en el mundo y destaca a la Diócesis de Matagalpa como la más golpeada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento presentado en Roma advierte que “la hostilidad del gobierno hacia las iglesias se intensificó, violando gravemente el derecho fundamental a la libertad religiosa”.
Durante el periodo analizado —de enero de 2023 a diciembre de 2024—, el régimen Ortega Murillo incrementó las acciones represivas contra comunidades religiosas mediante detenciones arbitrarias, exilios forzados y confiscaciones.
El informe señala que “las reformas constitucionales y nuevas leyes han dado al régimen los medios para ejercer un control total sobre las entidades religiosas”.
ACN documenta además “la prohibición de procesiones, el cierre de instituciones eclesiales y la criminalización de servicios religiosos”.
Una persecución concentrada en Matagalpa
En su análisis específico del país, ACN dedica especial atención a la Diócesis de Matagalpa, identificada como la más afectada del país.
ACN detalla que “la Diócesis de Matagalpa ha sido la más severamente afectada por la persecución”, y recuerda que su obispo, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue arrestado en agosto de 2022, condenado sin juicio en febrero de 2023 y finalmente expulsado del país junto con otros sacerdotes en enero de 2024.
“La represión dejó a la diócesis (de Matagalpa) prácticamente desmantelada”, describe el informe, al enumerar que “su obispo y 14 sacerdotes fueron deportados (desterrados), nueve se exiliaron, cuatro no pudieron regresar tras viajar al exterior y dos fueron expulsados”.
El texto también señala que “todos los servicios de comunicación de la diócesis fueron clausurados, incluyendo un canal de televisión y nueve emisoras de radio”.
En enero de 2025, la Policía y la Fiscalía ocuparon y confiscaron el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja y el Seminario Mayor San Luis Gonzaga, ambos en Matagalpa.
El informe consigna que “agentes estatales retiraron todos los muebles, objetos religiosos y bienes de la Curia Episcopal y los trasladaron a un lugar desconocido”.
Desde entonces, la sede episcopal permanece bajo control policial, refiere el informe. Sin embargo, ese edificio fue confiscado y desde marzo funciona allí la empresa Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), que administra las empresas médicas previsionales adquiridas por el Estado a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Leyes que castigan la religión
ACN documenta una serie de leyes que criminalizan la libertad de religión y de conciencia.
Entre ellas, la Ley 1145, que autoriza la pérdida de nacionalidad por razones políticas, y que “permitió despojar de su ciudadanía a 222 presos políticos deportados (desterrados) en 2023 y a 135 personas enviadas a Guatemala en 2024, incluidos varios líderes religiosos”.
También resalta la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a toda organización que reciba fondos internacionales —incluidas las religiosas— a registrarse ante el Ministerio de Gobernación como agente extranjero.
Según ACN, esta norma “limita la capacidad de las iglesias de expresar opiniones o participar en el debate público”.
A ello se suma la reforma tributaria de agosto de 2024, que eliminó la exoneración fiscal a las iglesias y “obligó a pagar entre el 10 y el 30 por ciento de impuestos sobre limosnas, ofrendas y donaciones”.
El informe destaca que la aplicación de estas normas ha llevado al “cierre de más de 4,500 organizaciones sin fines de lucro, un tercio de ellas religiosas”.
Entre las entidades afectadas figuran Cáritas Matagalpa, la Fundación Hermanas de la Caridad – Nicaragua y las Misioneras Consagradas del Santísimo Salvador.
Control sobre la vida religiosa
El estudio destaca que “las iglesias y organizaciones religiosas operan bajo constante vigilancia estatal”.
Los sacerdotes deben “reportarse semanalmente ante la Policía para obtener autorización de sus actividades pastorales”, mientras que las procesiones y actos públicos permanecen prohibidos.
Durante tres años consecutivos —2023, 2024 y 2025—, las procesiones de Semana Santa fueron canceladas. ACN añade que “las autoridades planearon desplegar 14,000 policías para impedir las celebraciones religiosas”.
El informe también recoge “casos de vigilancia, acoso y amenazas contra sacerdotes, laicos y hasta niños dentro y fuera de las iglesias”, como lo ha reportado Mosaico CSI.
La organización cita datos de la abogada Martha Patricia Molina Montenegro, quien documentó “321 actos de hostilidad y persecución contra la Iglesia católica en 2023 y 117 en 2024”.
Aunque la cifra parece menor, el informe aclara que “la reducción refleja el miedo de los fieles a denunciar”.
Entre las peores del mundo
La fundación concluye que “las reformas legales y las acciones represivas del gobierno han consolidado un sistema de control absoluto sobre la vida religiosa”.
En su clasificación global, ACN ubica a Nicaragua entre los 24 países con mayor nivel de persecución religiosa del planeta, junto a regímenes autoritarios de Asia y África.
“El régimen utiliza la ley, la represión y la confiscación como mecanismos para someter a las comunidades de fe”, sostiene el informe, que describe un escenario donde la hostilidad estatal alcanza una escala inédita.
En ese contexto, Matagalpa se mantiene como el ejemplo más extremo de la represión religiosa: sacerdotes expulsados, bienes eclesiales confiscados, medios de comunicación cerrados y laicos perseguidos por su fe.
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