En Nicaragua, el tiempo pesa más sobre quienes llegan a la adultez mayor con la vida a cuestas. Los años dejan marcas visibles: jornadas de trabajo sin reconocimiento, cuerpos cansados, hijos que migran y voces que el poder intenta silenciar.
Muchas personas adultas mayores resisten dentro del país con lo poco que conservan; otras viven el exilio y enfrentan cada amanecer como una prueba de resistencia.
En ese mismo país, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene su poder con represión, armas, cárceles y castigos perversos. Las balas, los destierros y las confiscaciones alcanzan incluso a quienes dedicaron la vida al trabajo, a la familia o a la fe.
Exilio y desarraigo
Entre quienes lo viven está Isabel, seudónimo de una defensora de derechos humanos que por seguridad oculta su nombre. Ella fue presa política, desterrada y despojada de la nacionalidad nicaragüense. Tiene 66 años y nombra el exilio como una rutina de sobrevivencia.
“Yo no diría que he reconstruido mi vida en el exilio. No cuento con ingresos propios, no tengo trabajo, estoy lidiando con mis enfermedades crónicas, no cuento con una vivienda. Yo me siento más como una sobreviviente en el exilio gracias al amor de mis hijas y de mi esposo”, dice Isabel.
Sobreviviente de cáncer, Isabel pasa sus días con el cansancio que dejan las enfermedades crónicas y los tratamientos prolongados.
Cuando la desterraron junto a otros 221 presos políticos en febrero de 2023, sintió un breve respiro en Estados Unidos, donde trabajó en un programa educativo en línea, hasta que la política migratoria la obligó a irse. Hoy, en un tercer país, Isabel carga la vulnerabilidad de no tener raíces ni estabilidad.
“Lo más difícil ha sido sentirme vulnerable, no tener raíz en ninguna parte y depender del contexto y de variables que yo no puedo controlar. Hay mucha xenofobia contra inmigrantes y refugiados. Me siento como una hoja al viento”, declara.
El desarraigo de Isabel encuentra eco en la historia de Ana Quirós Víquez, feminista y defensora de derechos humanos que también vive desterrada en Costa Rica. Ambas comparten más que el exilio: fueron despojadas de la nacionalidad y de otros derechos, incluyendo la pensión del seguro social, un ingreso que habían construido tras décadas de trabajo.
Dos de cada tres quedan fuera del sistema
La realidad de Isabel y Quirós refleja una estadística más amplia. En Nicaragua, un país de más de 7.6 millones de habitantes, 620,295 personas tienen 60 años o más, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). En su anuario de 2023, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) reporta que ese año pagó pensiones por vejez a 135,441 personas adultas mayores y pensiones reducidas proporcionales a otras 74,726.
Las cifras del INSS muestran que dos de cada tres personas que alcanzan la edad de jubilación —a partir de los 60 años— quedan fuera del sistema de pensiones.
En esa realidad vive Marisol, una mujer de 63 años residente en un barrio de Matagalpa y que descubrió tarde la ausencia de protección.
“Cuando era joven, yo nunca trabajé formalmente y siempre tuve alguien que me diera lo necesario; pero ahora que ya estoy mayor y que mi esposo también es mayor, y que ni él ni yo nunca tuvimos trabajo fijo (…) ahora es que me doy cuenta de que es necesario tener un seguro, tener una pensión”, cuenta Marisol.
Pero cotizar tampoco garantiza estabilidad. “Después de haber cotizado (al Seguro Social) por más de 37 años, esperaría disfrutar de la vejez sin preocupación por el pan de cada día”, lamenta Quirós, despojada arbitrariamente de ese derecho, igual que Isabel.
“Me impacta porque me quitan mi único ingreso… tendría que trabajar y a mis 66 años no se consigue trabajo fácilmente. No tener ingresos te genera una dependencia total de tu familia y, aunque tengo su apoyo, una no deja de sentirse incómoda, limitada… y sin mi pensión para comprar lo básico y atender la salud fue muy difícil”, cuenta Isabel.
Quirós carga además las huellas visibles de la represión. En abril de 2018, durante las protestas contra las reformas al Seguro Social, turbas sandinistas la golpearon en Managua. Le fracturaron la muñeca, casi le desprendieron el meñique derecho y la dejaron marcada de por vida. Cuatro operaciones después, todavía asiste a fisioterapia.
Represión y despojo
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, ha documentado múltiples denuncias de personas adultas mayores cuyos derechos fueron violentados por el régimen Ortega Murillo, incluyendo los de 53 nicaragüenses forzados a irse del país a partir de 2018.
Yáder Valdivia, defensor del Colectivo, explica que también documentaron otras 32 denuncias de adultos mayores que permanecen en Nicaragua y enfrentan la represión del régimen Ortega Murillo. En algunos casos, el Estado les niega la atención médica o les impone la muerte civil.
En otros casos, los funcionarios entregan la pensión solo después de fotografiarlos y de repetir que es “gracias al comandante y a la compañera”.
Valdivia detalla que, de los adultos mayores despojados de la nacionalidad —como Isabel y Quirós—, el régimen también los privó de sus pensiones, cerró sus cuentas bancarias, les negó documentos de identidad y extendió el impacto a sus hijos y nietos.
El Colectivo ha documentado 76 casos de mayores de 60 años en Costa Rica, 32 en Nicaragua, 13 en Estados Unidos y 23 entre Honduras, España y Guatemala. Valdivia advierte que la cifra es mayor, pero muchos evitan denunciar por miedo a más represalias.
Durante 2025, el Colectivo acompañó sicosocialmente a un grupo de 12 personas adultas mayores. Todas padecen enfermedades crónicas y sienten frustración por la atención médica en un país ajeno.
La sobrevivencia en el exilio
Cristóbal, originario del Caribe nicaragüense, conoce esa incertidumbre. Tiene 65 años y vive en Costa Rica desde 2021, cuando la persecución política lo obligó a salir de Nicaragua.
“El cambio fue duro —dice—. Es complicado adaptarse a un sistema distinto al que uno estaba acostumbrado. Es duro, pero se enfrenta y se sale adelante. Uno pasa dificultades, sobre todo económicas”, comenta este hombre que ahora fabrica “chileros” (encurtidos) para obtener algunos ingresos.
“Estoy con mis hijos, y eso me ha ayudado porque tengo respaldo económico. Uno de mis hijos trabaja y me cubre el seguro, lo cual no todos tienen esa posibilidad”, agrega.
Lo de Cristóbal resume lo que muchas personas adultas mayores viven en el exilio: la sobrevivencia depende de la solidaridad familiar.
Envejecer en Nicaragua
Pero quienes envejecen en Nicaragua tampoco encuentran consuelo. El régimen niega pensiones, recorta subsidios y deteriora la salud pública. La vejez se convierte en una prueba de resistencia incluso para quienes deciden quedarse en el país.Marisol, en el barrio donde vive en Matagalpa, intentó mantener una pequeña pulpería, pero las ganancias nunca alcanzaron para cubrir los gastos básicos. Además, padece artrosis, desgaste en las rodillas, presión alta, rinitis, problemas de colon y várices. Conseguir medicinas le resulta cada vez más difícil.
Mientras, en una comunidad del Pueblo Indígena de Matagalpa, Calixta también carga los años sin respaldo del Estado. Tiene 74 años y desde que enviudó, hace años, pasa solitaria, con la misma rutina: despierta antes de que aclare el día, prepara café, recoge entre cinco y siete huevos que producen unas gallinas que pernoctan en los limoneros en el patio de la casa.
En el fogón hay una olla con maíz nesquizado. “Voy a lavarlo para meterlo a la máquina (un pequeño molino manual) y palmear unas tortillitas”, dice acomodando leña en el fogón y preparando unas pailas para freír frijoles y huevos.
“Gracias a Dios que me ha dado fuerzas y estoy sana”, dice, admitiendo que nunca cotizó al Seguro Social. “Es que una se dedica a la casa y a veces a ayudar al marido en las siembras, entonces él ni yo pagamos nada de eso de seguro”, justifica.
Hoy, Calixta arrienda parte de su parcela a un vecino que le paga con una porción de la cosecha. Su hijo emigró y a veces logra enviarle “unos centavitos”.
Calixta no tiene derecho ni siquiera a una pensión reducida, una modalidad implementada en 2015 para quienes no alcanzaron las 750 semanas de cotización que exige la ley. Pero, los montos de ese tipo de pensión son irrisorios y el más alto es de apenas 3,656 córdobas (101.56 dólares) que ni siquiera cubre el 18 por ciento del costo de la canasta básica que, según el Inide, en septiembre recién pasado, costaba 20,594.04 córdobas (572 dólares).
“Si me enfermera (entonces me) tocará ir a un centro (de salud) y si no pues ir al hospital a ver qué dicen”, señala Calixta.
En su comunidad, casi nadie cotiza y quienes lo hacen son contados: un hombre que trabaja como vigilante en Matagalpa, algunos vecinos que trabajan en los beneficios secos de café y dos maestras.
Un sistema al borde del colapso
El economista Enrique Sáez advierte que el sistema de pensiones nicaragüense avanza hacia un punto crítico. “El número de pensionados crece sin que aumenten los cotizantes. En 2007 había 5.5 afiliados por cada pensionado; hoy apenas son 2.6”, afirma. “Si el modelo económico no genera empleo, los adultos mayores quedarán en el abandono total”.
Espero estar equivocado porque si estoy en lo cierto millones de #nicaragüenses van a sufrir, pero yo lo que veo venir es otro garrotazo de la dictadura dinástica con una nueva tanda de reformas al INSS en perjuicio de afiliados, pensionados y empresarios…
¿Por qué lo digo?
No… pic.twitter.com/HrY2LUE613
— Enrique Sáenz (@Saenzn_e) October 8, 2025
Discriminación y exclusión
En el departamento de Jinotega, Pedro, un hombre de 60 años, sobrevive en condiciones aún más adversas.
Vive con VIH desde hace catorce años y enfrenta la doble discriminación de ser adulto mayor y homosexual en una sociedad marcada por el prejuicio.
“Mi vida fue un poco dura desde pequeño, enfrenté burla, insultos muy fuertes y hasta golpes”, recuerda Pedro, explicando que, incluso, “enfrentar a mis padres sobre mi orientación sexual fue complicado”.
Pedro nunca logró acceder a un empleo formal y, por lo tanto, tampoco cotizó al Seguro Social. “A veces pienso que es la misma discriminación, ¿entendés? Por ser gay (…) Yo vengo y lo voy a decir así: de la etapa de los dinosaurios. Recordemos que hablar de ser gay 40, 50 años atrás era algo escandaloso”.
Hoy, sobrevive de la renta de una pequeña propiedad que le genera ochenta dólares mensuales. “Aunque sea lo básico, digamos, por ejemplo, las principales necesidades”, sostiene Pedro.
Para él, los estigmas persisten. “La sociedad nos señala por andar de cochino, de sinvergüenza”, dice con la voz quebrada.
Siente que las empresas no los consideran y que incluso dentro de la comunidad LGBTIQ+ hay rechazo hacia los mayores. “Ya estás viejo, ya no servís para nada”, escucha.
Su historia coincide con los hallazgos de un estudio sobre discriminación en la población LGBTIQ+ en Nicaragua, donde el 73% de las personas encuestadas afirma no tener ingresos permanentes.
La dignidad como resistencia
Las experiencias de Isabel, Ana Quirós, Cristóbal, Marisol, Calixta y Pedro se cruzan en un mismo territorio de pérdida y resistencia.
Algunos enfrentan el exilio, otros sobreviven dentro del país, pero todos comparten una certeza: el régimen de Ortega y Murillo ha extendido su control hasta las etapas más frágiles de la vida.
Las cárceles, los destierros y la pobreza alcanzan también a quienes envejecen, como si la edad no bastara para marcar el cuerpo.
Hasta agosto de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registra 22 personas privadas de libertad por motivos políticos que tienen 60 años o más, entre ellas tres mujeres.
El Mecanismo —integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas políticas, espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales— advierte que la situación de las personas adultas mayores en prisión reviste una gravedad particular.
“Varias de ellas enfrentan enfermedades crónicas y requieren atención médica especializada que no está garantizada en los centros penitenciarios. Mantenerlas en reclusión prolongada sin acceso a cuidados adecuados constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante”, señala el Mecanismo, citando el pronunciamiento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Entre esos nombres hay historias que se apagan en silencio.
Algunas personas adultas mayores mueren en prisión, sin atención médica, convertidas en símbolos del ensañamiento de un poder que castiga incluso la fragilidad.
En Nicaragua, envejecer es resistir. Para miles de personas adultas mayores, la vejez representa un ejercicio de dignidad: sostenerse del afecto familiar, sobrevivir lejos de casa o dentro de un país donde el poder envejece con ellas, pero sin misericordia.
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