La Iglesia católica en Nicaragua sigue bajo persecución, aunque las cifras más recientes aparenten lo contrario. Así lo señaló la abogada Martha Patricia Molina durante la presentación virtual de la séptima edición de su estudio “Nicaragua, una Iglesia perseguida”, en el que documenta 1,010 ataques entre abril de 2018 y julio de 2025.
El año con más hostilidades documentadas por Molina fue 2023, aunque las cifras han descendido y en 2025 solo registra 32 agresiones contra la Iglesia católica”.
La investigadora advirtió que ese descenso no significa un cese de la represión.
“Este descenso no significa que la dictadura no esté cometiendo actualmente arbitrariedades en contra de la Iglesia católica, sino que actualmente se presentan otras formas de agresiones”, dijo Molina, explicando al menos seis razones por las cuales las denuncias han decrecido.
“… Los clérigos en ninguna circunstancia pueden denunciar los atropellos y arbitrariedades que están sufriendo. Omiten exponer en público estas persecuciones porque la amenaza latente de la Policía y también grupos de paramilitares es: el que habla va preso o desterrado”, afirmó.
Molina agregó que el silencio también alcanza a los fieles. “Otra de las razones de por qué se nota este descenso es que los laicos actualmente no están denunciando por el incremento de la vigilancia que se encuentra permanente en los templos y en los grupos parroquiales que han sido infiltrados por la dictadura, y también por los más de 80 mil paramilitares que ha juramentado la dictadura y todos ellos se dedican a la vigilancia extrema de los laicos. Entonces nadie va a querer ir encarcelado, desterrado o ser asesinado”.
La autora del informe destacó que ciertas hostilidades no han cesado: “Hay agresiones que se están manteniendo constantes: los edificios confiscados, el dinero de las cuentas bancarias que fueron inmovilizados aproximadamente hace dos años, los cobros de impuestos que actualmente están sufriendo las parroquias, principalmente las que tienen mayor presencia de laicos. El asedio y la vigilancia permanecen, las prohibiciones y las restricciones”.
Molina señaló además que cuando alguna arbitrariedad es hecha pública, hay desmentidos forzados.
“Si se expone públicamente a través de los medios de comunicación alguna de estas arbitrariedades, generalmente van a ser desmentidas, como ya lo hemos observado, por algunos clérigos que tienen encomendada esta tarea. Y esto no significa en ningún momento que los clérigos sean cómplices de la dictadura o que ellos estén mintiendo, sino que, si ellos no desmienten esta agresión, inmediatamente los que van a sufrir las consecuencias son ellos, sus familiares y también los laicos”.
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Recordó el caso de la confiscación del colegio San José en Jinotepe, Carazo, que pertenecía a la congregación de Hermanas Josefinas.
“Hubo unas primeras denuncias a través de las páginas de redes sociales respecto a esta confiscación. Varios laicos y también religiosos comenzaron a desmentir la noticia, precisamente por este miedo a las agresiones y también por las orientaciones. Pero observamos que dos, tres días después, la vicedictadora Rosario Murillo confirmó esta confiscación”.
Molina precisó que el subregistro es inevitable también por la falta de periodismo independiente en el terreno.
“Otro de los aspectos que hace que esta cifra no sea más amplia es la no presencia de medios de comunicación independientes en cada uno de los territorios donde generalmente los periodistas ejercían su trabajo. Entonces no hay manera de que se informe de todas las agresiones que están actualmente ocurriendo”.
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