En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, distintas organizaciones alertaron sobre la intensificación de la violencia, el despojo de tierras y la criminalización contra comunidades originarias en Nicaragua, responsabilizando al Estado de omisión y complicidad en graves violaciones de derechos humanos.
El movimiento de Mujeres Indígenas Mairin Kaikanka alertó que “la violencia que vivimos es estructural y responde a un sistema patriarcal, colonial y racista que se sostiene con la omisión y complicidad del Estado”.
Según denuncia este movimiento, las invasiones armadas de colonos han provocado “asesinatos, violaciones, desapariciones y desplazamientos forzados” y cuando las víctimas son mujeres, el Estado las registra solo como “femicidios” sin reconocer la motivación racial y territorial.
Entre las demandas, el movimiento de Mujeres Indígenas Mairin Kaikanka exige la libertad de Nancy Henríquez, “hija del pueblo miskitu y lideresa del partido indígena YATAMA” y alerta del “exilio forzado de múltiples defensoras, activistas, periodistas y comunitarias indígenas forzadas a abandonar sus comunidades por la criminalización a sus voces”, desplazamientos que según la organización imponen cargas adicionales sobre las mujeres, “quienes debemos sostener a nuestras familias en contextos de discriminación, racismo y desarraigo.”
Violencia y leyes que amenazan los territorios indígenas
Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco destacó que Nicaragua es un país “multiétnico, plurilingüe y multicultural” y que es fundamental garantizar “el derecho a su autodeterminación política, económica y cultural frente a proyectos de colonización y exterminio cultural” que despojan a las comunidades de sus territorios y medios de vida.
La denuncia de esta organización política incluye la reciente reforma a la Ley de Territorio Fronterizo (Ley No 1258) aprobada unánimemente el 5 de agosto por la Asamblea Nacional, la cual “vulnera la seguridad e integridad de los pueblos indígenas y sus territorios, así como la de todos los grupos que habitan en las zonas fronterizas de nuestro país”.
Violencia y saqueo ambiental
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recordó que, comunidades como la Rama, Mayagna y Miskita “han sido excluidas, marginadas y víctimas de despojos y violencia”, y denunció la “arbitraria e injusta detención de 10 guardabosques indígenas”, así como la desaparición forzada de Brooklyn Rivera y la condena de Nancy Elizabeth Henríquez James.
El Colectivo señaló la usurpación de tierras, la explotación minera, agrícola y la deforestación que ponen en “riesgo sus formas de vida, su cultura y su convivencia”.
En esta misma fecha, la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) expresó preocupación por los líderes y guardabosques mayangnas y miskitus detenidos, pese a que cuentan con medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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APIAN acusó al Estado de avanzar “en la colonización y la destrucción de los territorios ancestrales mediante la omisión total de la implementación de la etapa de saneamiento territorial, la coacción y usurpación de las instituciones tradicionales de gobernanza indígena, reformas de la Constitución Política, la aprobación de leyes lesivas al derecho indígena y la emisión de concesiones mineras en tierras comunales sin la debida consulta previa, libre e informada a los pueblos”.
Las organizaciones coincidieron en que la defensa del territorio y de la vida está estrechamente vinculada con la protección de la Madre Tierra y que la crisis que atraviesan los pueblos indígenas es también “económica, cultural, espiritual, psicológica y política”, por lo que demandaron respeto a su autodeterminación y la restauración de la Madre Tierra desde su cosmovisión
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