El 10 de agosto de 2024, agentes policiales arrancaron de sus hogares a Carmen María Sáenz Martínez y a Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda en operativos simultáneos. Desde esa fecha, nada se sabe de ellas. Hoy cumplen un año en desaparición forzada, un tiempo marcado por la incertidumbre, el miedo y el silencio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Personas cercanas a ellas aseguran que nadie conoce con certeza su paradero ni las condiciones en las que se encuentran. Algunos conocidos sospechan que podrían estar en la cárcel de mujeres, pero afirman que sus familiares nunca han logrado verlas.
“La esperanza es que estén vivas, saludables”, expresó una persona de Matagalpa que pidió omitir su nombre por temor a represalias, pues considera que “opinar sobre estas crueldades también me puede afectar y me desaparecen a mí también”.
Policías secuestraron a Gutiérrez en la finca Guadalupana, en la comunidad Samulalí, jurisdicción del municipio de Matagalpa, cerca del límite con San Ramón. Otro grupo secuestró a Sáenz en la vivienda que alquilaba en el residencial Lomas de San Thomas, al noreste de la ciudad, con la participación de “dos unidades policiales integradas por 15 agentes con pasamontañas y portando rifles AK-47”.
Gutiérrez, de 59 años, dedicó más de 15 años a coordinar el Programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur), de la clausurada Asociación Cáritas Diocesanas de Matagalpa, que otorgaba créditos a pequeños productores excluidos de la banca privada.
Sáenz, de 50 años, trabajaba desde 2018 como promotora de justicia en casos de nulidad matrimonial, después de haberse desempeñado en el Poder Judicial de Matagalpa.
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El régimen Ortega Murillo no incluyó a Sáenz ni a Gutiérrez en la lista de 135 presos políticos desterrados a Guatemala el 5 de septiembre de 2022.
Desde entonces, sus familias solo han podido entregar paquetería en el centro penitenciario, la única señal de que podrían seguir con vida, aunque el régimen nunca ha confirmado su detención.
La Diócesis de Matagalpa, a la que ambas servían, ha sido blanco de hostigamiento y represalias. Su obispo, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, sufrió encarcelamiento, una condena sin juicio a 26 años y 4 meses de prisión, y posterior destierro.
En Matagalpa, el recuerdo de Carmen y Lesbia sigue vivo. Entre quienes las conocieron, la pregunta persiste: ¿dónde están?
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