Los indígenas presos políticos en Nicaragua sufren una constante discriminación en las cárceles “La Modelo” y “La Esperanza” —ambas en Tipitapa, Managua—, cuyas autoridades y custodios los llaman “brujos” y tachan de “hechizos” sus bebidas y medicinas naturales, además les prohíben hablar sus lenguas originarias, revela un estudio presentado este 8 de agosto de 2025. Estas acciones, advierte el informe, se configuran en un escenario que “puede ser calificado como etnocidio o exterminio simbólico”.
La criminalización de líderes indígenas nicaragüenses “no puede entenderse como una suma de casos individuales, sino como parte de una política no confesada que combina racismo estructural, despojo territorial e imposición de un modelo de asimilación”, apunta la investigación realizada por la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua (Aududrnic) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
El estudio identifica a 12 indígenas mayangna y miskitu que fueron capturados en operativos policiales “excesivamente violentos”. Además, han sido víctimas de desapariciones forzadas, torturas de carácter racista, juicios sin garantías y traslados a cárceles ubicadas a cientos de kilómetros de sus territorios, donde se les prohíbe hacer uso de lenguas originarias y de expresiones culturales tradicionales.
Entre los doce indígenas presos políticos están:
- El diputado Brooklyn Rivera, detenido el 29 de septiembre de 2023.
- La diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez, arrestada el 1 de octubre de 2023.
- El síndico territorial Ignacio Celso Lino, detenido el 28 de agosto de 2021.
- El juez comunal de Suniwás, Argüello Celso Lino, detenido el 28 de agosto de 2021.
- El guardabosque Donald Andrés Bruno Arcángel, arrestado el 4 de septiembre de 2021.
- El guardabosque Dionisio Robins Zacarías, arrestado el 3 de diciembre de 2021.
Las torturas y actos discriminatorios hacia los líderes indígenas presos políticos tienen “un mensaje simbólico de subordinación y dominación colonial”, destaca la investigación.
Estas acciones no solo afectan a los prisioneros, sino que “erosionan la cohesión comunitaria, fracturan vínculos culturales y amenazan la continuidad espiritual de los pueblos, configurando un escenario que puede ser calificado como etnocidio o exterminio simbólico”.
Qué representan los indígenas presos políticos
Los indígenas encarcelados “son personas que representan la lucha por la defensa de la forma de vida ancestral”, advierte Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). “Al criminalizar a los defensores de la tierra, criminalizar a los defensores de la cultura, es pretender acabar con sus formas de vida (comunitaria) y con su cultura. Por eso se considera un etnocidio”.
La prisión política de estas personas evita “que se defienda esa forma de vida ancestral, evita que los pueblos indígenas puedan gozar de sus derechos, puedan usar su medicina tradicional, puedan hablar su idioma, puedan tener su relación con la tierra” explica Pineda. Señala que no solo se trata de las 12 personas indígenas encarceladas por motivos políticos, es todo lo que implica su encierro para las comunidades.
“Entre los detenidos hay guardabosques que su función es precisamente defender la relación que tienen las comunidades con la tierra. ¿Qué significa su encierro para los demás guardabosques? Pues que los demás líderes indígenas van a dejar de hacer su trabajo por temor a ser encarcelados. Eso es lo que pretende el régimen de Ortega y Murillo”, comenta la directora de la UDJ.
Agrega que el régimen “busca destruir la identidad cultural de las comunidades originarias, mediante el encarcelamiento, las torturas y la asimilación, que consiste en negar su propio idioma, su propia forma de salud, su propia educación para asumir la no indígena”.
Los acusan de practicar “hechizos”
La investigación apunta que el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) opera bajo “una lógica occidental, homogénea y punitiva que invisibiliza y desarticula sistemáticamente los valores, saberes y prácticas ancestrales”.
Este modelo penitenciario, ajeno a la cosmovisión indígena, impone “un régimen de asimilación forzada incompatible con el principio de igualdad y no discriminación y, en general, con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Destacan que, en la cárcel “La Modelo”, las autoridades penitenciarias han calificado despectivamente de “brujos” a reclusos indígenas por intentar preservar prácticas culturales mediante el consumo de alimentos tradicionales como el wabul de banano y el refresco buñia, así como el uso de medicinas naturales como albahaca, san diego o culantro, estigmatizadas en ocasiones como “hechizos”. Estos elementos, esenciales para la pervivencia cultural y espiritual, son con frecuencia decomisados.
Otra discriminación hacia los indígenas presos políticos es la restricción de comunicarse en su lengua originaria, incluso durante las visitas familiares, bajo argumentos de “seguridad” o “control disciplinario”. Esta práctica, afirman, tiene un impacto devastador, porque vulnera no solo el derecho a comunicarse libremente y a mantener vínculos afectivos con sus familias, sino también el derecho a la identidad lingüística y cultural, especialmente protegido en contextos de encierro.
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Al impedir que los reclusos hablen su lengua con sus seres queridos, “se transmite un mensaje simbólico de negación de su humanidad e identidad, lo que puede constituir una forma de tortura cultural y psicológica”, explica el documento.
En el caso de personas mayores o con poco dominio del español, la negación del uso del idioma propio equivale a “una incomunicación forzada y a la pérdida de su única forma de expresión significativa”. Además, en términos colectivos estas prácticas “buscan erosionar la transmisión intergeneracional del idioma, debilitando uno de los pilares fundamentales de la resistencia cultural de los pueblos indígenas”.
Los actos discriminatorios en el SPN impactan a las personas indígenas de manera “particularmente grave y desproporcionada”, porque representan “no solo una agresión física, sino también un ataque estructural a su identidad, espiritualidad y forma de vida tradicional. No se trata solo de falta de servicios básicos —que ya de por sí son violaciones graves—, sino de una forma de violencia cultural continua que desconoce su cosmovisión y rompe sus vínculos esenciales con la comunidad y el territorio”, subraya el documento.
Torturas esencialmente racistas
La investigación confirma que los indígenas presos políticos han sufrido torturas como golpizas a puño cerrado, con AKA-47 o con tonfas, ahogamiento simulado, introduciendo su cabeza en bote de agua o en un río, electrocución, encadenamiento prolongado de pie y mano, aislamiento prolongado, amenazas de privarlos de la vida, y falta de agua potable, alimentación adecuada, atención médica adecuada y violaciones sexuales.
Estas torturas, advierte la investigación, tienen no sólo una dimensión individual, sino también una dimensión cultural y espiritual. Ejemplifican que, al golpear por hablar una lengua indígena, el mensaje es que la cultura, la identidad y la historia del pueblo son algo prohibido o inferior. “Es un intento de aniquilación simbólica, donde se pretende erradicar la lengua como eje de resistencia y cosmovisión. Es un acto de racismo”, sostiene la investigación.
Asimismo, el uso de un río del propio territorio para simular ahogamiento tiene “una dimensión simbólica brutal”, advierte la investigación. Con ese acto, las autoridades del régimen transforman un espacio ancestral sagrado en un instrumento de tortura, invirtiendo su significado cultural. “Es un acto de colonización violenta del territorio, que busca fracturar la relación espiritual de la comunidad con la naturaleza”, subrayan.
En ese mismo orden, señalan que el encadenamiento prolongado y en presentaciones públicas, además de causar sufrimiento físico y psicológico, refuerza la imagen del líder indígena como criminal peligroso, lo que los despoja de su dignidad y función social. Se convierte en un mensaje dirigido a la comunidad: “Esto les puede pasar si resisten”.
La prisión política ha sido devastadora para los pueblos indígenas en su conjunto, ya que ha desarticulado sus liderazgos, ha silenciado a los defensores de la tierra y el medioambiente, y ha generado terror en las comunidades. Esto ha implicado el debilitamiento de la defensa de sus territorios y, por otro lado, el avance de la destrucción cultural a través de la colonización interna.
Una forma de “violencia cultural”
La investigación enfatiza que la violencia durante las detenciones de los indígenas fue desproporcionada, ya que, en algunos casos, las detenciones fueron ejecutadas por alrededor de 60 agentes estatales. Este tipo de actos, afirman, generan terror, paralizan la organización comunitaria y transmiten un mensaje de criminalización de la identidad indígena.
Además, la reclusión los indígenas a más de 300 kilómetros de sus comunidades implica una violación directa de sus derechos individuales, en especial contra su derecho a la integridad psíquica, debido al sufrimiento, estrés, y pérdida de identidad que les genera este castigo adicional.
“La reclusión a cientos de kilómetros de sus territorios ancestrales no es una simple medida penitenciaria, sino una forma contemporánea de destierro forzado, práctica históricamente utilizada para someter y desarraigar a los miembros de los pueblos originarios”, subraya el informe.
“Esta política —continúa— se inserta en una lógica colonial, en la medida en que desarticula la relación vital que une a las personas indígenas con su tierra y su comunidad, fundamento de su identidad colectiva. Es decir, es además una forma de violencia cultural”.
Por otro lado, indican que los procesos penales contra los líderes indígenas presos políticos se realizaron sin garantías penales, situación que —además de perjudicarlos— deslegitima la lucha indígena, erosionan sus liderazgos y perpetúan la exclusión histórica, impidiendo el ejercicio pleno de la autodeterminación, el acceso a la justicia intercultural y la reparación integral.
El sistema judicial “se ha convertido en un mecanismo más de colonización jurídica interna”, se lee en el documento. “A todas las personas indígenas procesadas no se les garantizó intérpretes, contrariando las garantías constitucionales, afectando así, la capacidad de una defensa adecuada”, agregan.
Además, todos los indígenas fueron sustraídas de su juez natural para ser procesadas y recluidas a más de 300 kilómetros de sus hogares y de su territorio, situación que no solamente impactó en la capacidad de defensa, sino también “constituyo por sí mismo en una pena adicional por el sufrimiento que significa la lejanía de su familia, comunidad y de su cultura”, remarcan.
* Publicado originalmente por Confidencial
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