Daniel Ortega usó el homenaje a Hugo Chávez, el 28 de julio de 2025, para atacar a Estados Unidos. Durante su discurso aseguró que ese país pertenece a los pueblos indígenas norteamericanos y afirmó, de manera equivocada, que el presidente Donald Trump “no nació allí” y que por lo tanto “no tiene derecho ni a una pulgada de tierra”.
“Deciden que ellos son los dueños de esas tierras norteamericanas, tierras que son de los pueblos indígenas, y esas tierras, que no se olvide el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) de dónde viene él… ¡Él no nació allí! ¡Él no tiene sangre indígena! ¡Él no era dueño ni de una pulgada de tierra!”, dijo Ortega, en un discurso en el que insistió en que el territorio estadounidense algún día regresará a manos de sus dueños originales.
La afirmación no tiene sustento. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio Jamaica, en Queens, Nueva York. Su padre, Frederick Christ Trump, también nació en Nueva York y su madre, Mary Anne MacLeod, emigró desde Escocia. El abuelo paterno, Friedrich Heinrich Drumpf (cambiado después a Trump), nació en Alemania y emigró a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Los registros oficiales y biografías documentadas no dejan dudas sobre el lugar de nacimiento del presidente estadounidense.
El ataque de Ortega formó parte de una narrativa en la que culpó a los colonos europeos de haber arrebatado tierras a los pueblos originarios de Norteamérica.
Un día después, el 29 de julio, durante el acto del 46 aniversario de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, exaltó la resistencia indígena de los matagalpas y recordó que derrotaron a los filibusteros del estadounidense William Walker.
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Mientras Ortega usa a los pueblos indígenas como referencia histórica, el régimen que encabeza junto a Rosario Murillo ha entregado nuevas concesiones mineras dentro de territorios indígenas y áreas protegidas.
La Fundación del Río denunció el 1 de agosto reciente que en menos de una semana el régimen Ortega Murillo otorgó a la empresa china Thomas Metal S.A. dos concesiones que suman casi 70 mil hectáreas en la Reserva Biológica Indio Maíz, el territorio Rama y Kriol y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
La organización ambiental acusó al régimen de violar la Ley 445, que establece la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, y advirtió que estas decisiones abren la puerta a la minería en zonas protegidas.
El discurso de Ortega sobre la defensa de los pueblos indígenas fuera de Nicaragua contrasta con su política interna, que favorece a empresas extractivas y permite el avance de colonos sobre las tierras indígenas.
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