La falta de acciones estatales o municipales para resguardar el sitio arqueológico Solingalpa, al sur de la ciudad de Matagalpa, ha vuelto a generar preocupación entre quienes temen que este patrimonio cultural esté siendo dañado de forma irreversible.
Esa preocupación incrementó por supuestos movimientos de tierra con maquinaria pesada en la propiedad privada situada en la comunidad Apante Grande, donde se encuentran los vestigios del asentamiento indígena prehispánico de Solingalpa, una de las tres parcialidades indígenas que existían a la llegada de los españoles.
Lo que preocupa a habitantes y defensores del patrimonio es que, tras más de una década del hallazgo, no existen medidas de protección ni señales de inversión. La única restricción conocida es una supuesta prohibición para construir en esa área.
Un sitio de valor histórico sin protección
El sitio de Solingalpa fue descubierto en 2012 y fue revelado públicamente en febrero de 2014 por un grupo de arqueólogos y especialistas en distintas disciplinas científicas que integraban la Fundación Científico Cultural Ulúa Matagalpa.
En el sitio habían identificado al menos 41 montículos, además de fragmentos de cerámica tipo “Segovia naranja”, obsidiana, entierros en urnas y monedas coloniales.
Según estudios preliminares, allí habría estado asentada la parcialidad indígena de Solingalpa, mencionada en censos de 1581 y en documentos del siglo XVIII.
En la actualidad, Solingalpa es una ciudadela ubicada al suroeste de la ciudad de Matagalpa
En 2016, la Fundación Científico Cultural Ulúa Matagalpa y expertos de diversas disciplinas denunciaron la presencia de huaqueros que excavaban ilegalmente en busca de piezas antiguas y alertaron sobre la construcción de una iglesia evangélica sobre uno de los montículos.
Un año más tarde, en 2017, el Concejo Municipal de Matagalpa emitió una resolución que reconocía al sitio como de importancia histórica, cultural, arqueológica y turística para la ciudad. Sin embargo, desde entonces no se han conocido iniciativas concretas para su protección, según constató la Fundación en una carta enviada en 2021 a autoridades locales y nacionales.
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