Dos organizaciones opositoras nicaragüenses han solicitado a la administración del presidente Donald Trump que no elimine los permisos de trabajo ni otras protecciones migratorias para exiliados solicitantes de asilo nicaragüenses, como el parole humanitario.
Señalan que esa decisión dejaría a miles de personas expuestas a una deportación inminente y a caer nuevamente bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que califican como responsable de persecución y crímenes de lesa humanidad.
La Unidad Nacional Azul y Blanco advirtió que “una decisión de esta magnitud podría afectar a más de 80 mil nicaragüenses que han solicitado asilo en los Estados Unidos, y hasta medio millón que actualmente se encuentran en el exilio”. Señaló que muchas de estas personas huyeron por motivos políticos y que “su deportación representaría una nueva forma de victimización, al exponerlas nuevamente a la represión del régimen”.
Desde 2018, Nicaragua ha experimentado uno de los mayores flujos migratorios de su historia reciente, impulsado por la represión estatal, la criminalización de la protesta y la falta de garantías democráticas. Diversos organismos internacionales han advertido que quienes regresan forzadamente al país pueden enfrentar represalias.
En un comunicado de este miércoles 4 de junio, la Unidad Nacional pidió a la administración Trump que “considere las causas del exilio forzado de la ciudadanía nicaragüense y mantenga las medidas que han permitido su protección temporal en los Estados Unidos”.
Un día antes, el 3 de junio, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), conocida como Monteverde, respaldó la propuesta de la congresista estadounidense María Elvira Salazar para aplicar la figura de Salida Forzosa Diferida (DED), como medida para frenar las deportaciones de nicaragüenses.
La CDN instó al presidente Trump y al Departamento de Estado a actuar “con urgencia y sensibilidad humanitaria”.
“La deportación a Nicaragua pone en inminente riesgo de represión a quienes buscan asilo en los Estados Unidos”, señaló la CDN.
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En su pronunciamiento, también recordó que el régimen Ortega Murillo ha sido señalado por organismos internacionales, como el Grupo de Expertos de la ONU, por cometer crímenes de lesa humanidad.
Ambas organizaciones coincidieron en que mientras persistan esas condiciones en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos debe garantizar la protección de quienes han buscado refugio.
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