Con solo 79 palabras incluyendo fecha y nombres, en dos párrafos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “congratuló” al recién electo Papa León XIV por su elección como Sumo Pontífice, en un mensaje escueto que evitó cualquier referencia al prolongado conflicto que mantienen con la Iglesia católica.
“Le saludamos desde nuestra Nicaragua Cristiana, Socialista, Solidaria, Bendita y Siempre Digna y Libre”, señala el texto de Ortega y Murillo fechado el 9 de mayo de 2025.
El mensaje fue dirigido “a sus manos” y divulgado por medios oficialistas sin mayores detalles ni declaraciones posteriores.

Aunque la carta reconoce a León XIV como “Suma Autoridad de la Iglesia Católica del Mundo”, el texto mantiene el lenguaje ideológico que caracteriza las comunicaciones del régimen y no incluye ninguna mención a la comunidad católica nacional, a los sacerdotes desterrados, ni a las tensiones con el Vaticano.
En el segundo párrafo, Ortega y Murillo expresan su “aspiración” de que el nuevo Papa contribuya a “promover Paz, Encuentro, Concordia y los Valores que la Familia Humana tanto necesita”.

El tono, más exhortativo que reverente, ha sido interpretado por analistas como un gesto diplomático de trámite, más que una muestra de apertura.
Lejos de mantener una relación respetuosa con la Iglesia, el régimen ha acusado a la jerarquía católica nicaragüense de “golpista” y “demoníaca”. Ortega ha afirmado en actos públicos que la Iglesia vive “una dictadura perfecta” y ha cuestionado la legitimidad del Vaticano preguntando: “¿Quién elige al Papa y a los obispos?”. Además, ha asegurado que su régimen “no aceptará imposiciones” de ninguna autoridad religiosa.
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Tanto Ortega como Murillo han promovido una espiritualidad controlada, alineada al discurso del Frente Sandinista, negando espacio a las críticas éticas o morales de la Iglesia y condenando la acción pastoral de los obispos durante las protestas cívicas de 2018.
Desde 2018, el régimen ha intensificado la persecución contra la Iglesia católica. La expulsión del nuncio apostólico, el encarcelamiento y posterior destierro de más de 30 religiosos —incluido el obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos—, la confiscación de propiedades eclesiásticas y la cancelación de congregaciones religiosas forman parte de una campaña sistemática contra la institución.
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