Daniel Ortega utilizó este 30 de abril —en un acto anunciado como homenaje al Día Internacional de los Trabajadores y a Tomás Borge Martínez, fundador del Frente Sandinista— para intensificar su retórica contra la Iglesia católica, a la que responsabilizó, junto a empresarios y Estados Unidos, de un supuesto intento de golpe de Estado en 2018.
Aunque evitó referirse de forma directa a nombres, acusó a sacerdotes y obispos de haber alentado la violencia durante las protestas ciudadanas y de haber “manipulado a los santos”, en particular “al Santísimo”, durante ese periodo.
Señaló que algunos sacerdotes incluso salieron con símbolos religiosos en medio de los tranques, lo que calificó como una forma de “convertir al Santísimo en un instrumento de crimen”.
Los hechos aludidos por Ortega coinciden con dos momentos clave protagonizados por el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
El primero ocurrió el 14 de mayo de 2018 en Sébaco, cuando el régimen reprimía con armas de fuego a manifestantes y pobladores. Monseñor Álvarez salió entonces en procesión con el Santísimo Sacramento, acompañado por varios sacerdotes y una multitud de fieles, logrando detener momentáneamente los ataques del régimen.
El segundo episodio tuvo lugar el 4 de agosto de 2022, cuando el obispo intentó salir de la Residencia Episcopal de Matagalpa rumbo a la catedral, también portando el Santísimo. La Policía le impidió el paso y lo mantuvo retenido durante dos semanas.
Luego el obispo fue encarcelado y posteriormente desterrado a Roma en enero de 2024. El edificio episcopal fue confiscado y hoy opera ahí una sede de la empresa Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), que administra las empresas médicas previsionales adquiridas por el Estado a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Durante su intervención, Ortega también relató una reunión con la Conferencia Episcopal en 2018, en la que —según dijo— los obispos entregaron una carta exigiendo la disolución de la Asamblea Nacional (a la que se refiere como Parlamento), la salida del Consejo Supremo Electoral y su renuncia al poder.
“Nos daban tres días para que se disolviera el Parlamento y se eligiera una nueva Directiva en el Parlamento; que nos daban tres días para que disolviéramos el Consejo Supremo Electoral y se eligiera un nuevo Consejo Supremo Electoral; y nos daban tres días para que dejáramos el Gobierno”, citó Ortega.
Aseguró además que “los obispos salieron a decir que ya habíamos aceptado todo” y afirmó que “muchos de ellos no estaban de acuerdo con lo que ahí se estaba planteando”, pero firmaron igualmente. Calificó esa acción como “un intento de golpe de Estado” e incluso afirmó que “el Papa Francisco, que en paz descanse, nunca se dio cuenta de esas barbaridades”.
Ortega justificó la represión posterior a las protestas como una “victoria del pueblo”, en referencia a la “Operación Limpieza”, que dejó más de 300 muertos, miles de exiliados y la criminalización de la disidencia.
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Aunque el evento fue convocado en homenaje a Tomás Borge, apenas mencionó al fundador del Frente Sandinista. En cambio, utilizó el acto para respaldar a Rusia, elogiar a China como potencia solidaria, arremeter contra Israel y criticar a Estados Unidos y la OTAN.
También denunció las políticas de deportación del presidente estadounidense Donald Trump y la situación de migrantes encarcelados en Guantánamo y El Salvador, aunque omitió referirse a las causas internas que han forzado a más de medio millón de nicaragüenses a salir del país.
Recordó con nostalgia la etapa previa a 2018, cuando mantenía una alianza estrecha con la empresa privada y decía haber alcanzado un “gran acuerdo nacional”.
A ese periodo lo llamó “un oasis de paz” y lamentó que, según su visión, las sanciones y presiones externas lo destruyeran.
Aseguró que Nicaragua es hoy uno de los países con mayor crecimiento económico en la región y prometió seguir resistiendo cualquier intento de sanción internacional.
“Ni nos vendemos ni nos rendimos”, sentenció, mientras evitó referirse a la persecución sistemática contra líderes religiosos, medios independientes y organizaciones sociales.
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