El Ejército jugó un rol clave en la represión violenta contra la población civil en Nicaragua desde abril de 2018. Aunque su intervención fue negada públicamente, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el 3 de abril de 2025, documenta cómo soldados participaron directamente en operativos represivos, disfrazados de policías o civiles, usando tácticas militares y armas de guerra.
“El Grupo de Expertos ha obtenido información creíble que le permite concluir, con motivos razonables para creer, que el Ejército participó activamente en la represión utilizando armas letales. Las ejecuciones extrajudiciales documentadas por el Grupo de Expertos fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados progubernamentales”, señala el informe.
Además, explica que los militares no solo apoyaron operativos de la Policía y de grupos armados progubernamentales, sino que también les proveyeron de armamento letal desde sus propias bodegas, como la de Xiloá.
“El Grupo determinó que el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la policía y a los grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes en riesgo de exclusión social y funcionarios públicos”, señala el informe.
El GHREN añade: “El Grupo tiene motivos razonables para creer que el uso sistemático y deliberado de armas y municiones letales –algunas restringidas exclusivamente para uso policial y militar– tales como fusiles con capacidad para disparar en ráfaga, armas que disparen un proyectil que posea carga explosiva como cañones, armas antitanque, armas antiaéreas, morteros, lanza cohetes, armamentos de artillería; la intervención de francotiradores; las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes; y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo, sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.
El informe identificó el uso de armas como ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG-7, cuyo manejo requiere conocimientos técnicos avanzados. “Estas capacidades exceden el adiestramiento habitual de las unidades policiales encargadas del control del orden público, lo que refuerza la conclusión sobre la participación de personal militar en estos hechos”, explica el documento.
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Además, una fuente informó al GHREN: “Fueron atacados con armas de guerra, con fusiles PKM, RPG7, Galil, Dragunov SVD, que son usadas por francotiradores y por fuerzas especiales del Ejército”.
A través de entrevistas a víctimas y testigos, el GHREN recabó testimonios que demuestran cómo el Ejército utilizó tácticas propias del combate urbano.
Aunque los soldados vestían como policías o civiles, las personas los identificaban por su forma de caminar, formarse y portar el armamento. Un testigo citado en el informe dijo: “El TAPIR no camina encorvado abajo […], pero para moverse como se mueve un militar, en grupo de tres, le decimos formación en diamante, eso se llama combate urbano, eso lo usa el Ejército”.
También se infiltraron en las manifestaciones utilizando camisetas con logos de instituciones estatales.
El informe detalla además cómo estaba estructurada la cadena de mando. Las operaciones del Ejército eran ejecutadas bajo órdenes del comandante en jefe, general Julio César Avilés Castillo, quien recibía instrucciones directamente de Daniel Ortega. Estas eran transmitidas casi siempre de forma verbal, lo que, según el GHREN, fue deliberado para evitar documentación que pudiera servir como prueba en investigaciones futuras.
Cada batallón militar contaba, además, con un francotirador del Comando de Operaciones Especiales, autorizado para utilizar rifles Dragunov. “Los Dragunov no los usan en prácticas, no los usan si no hay órdenes”, indicó una fuente citada en el informe. “Estaban operando por instrucciones directas”.
El Grupo de Expertos concluye que existen motivos razonables para creer que el Ejército cometió crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, persecución por motivos políticos, tortura y colaboración en desapariciones forzadas, como parte de una política estatal sistemática y sostenida.
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