Al menos 222 ataques a la libertad de religión o creencias ocurrieron en Nicaragua en 2024, según el informe “Control total: La erradicación de voces independientes en Nicaragua” de Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización fundada en 1946 por iglesias protestantes, ortodoxas y anglicanas de Estados Unidos.
El documento denuncia que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un esquema de “vigilancia abierta y encubierta” sobre sacerdotes católicos y pastores evangélicos, a quienes obliga a reportarse semanalmente ante la Policía, les impone restricciones de movimiento y vigila sus sermones.
También expone la prohibición de celebraciones religiosas en espacios públicos, la confiscación de propiedades de iglesias y el destierro de líderes religiosos.
Policías fotografían a sacerdotes cada semana
Cada semana, sacerdotes católicos deben acudir a la delegación policial de su municipio para ser interrogados y fotografiados. El informe de CSW detalla que la Policía les asigna un oficial de vigilancia permanente y les advierten que no pueden salir de su comunidad sin autorización.
Uno de los primeros en recibir esta orden fue el padre Luis Eduardo Benavides, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Wiwilí, departamento de Nueva Segovia, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Estelí, cuyo administrador apostólico es el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
El 27 de agosto de 2024, agentes dirigidos por el capitán Wilber Montenegro Martínez entraron en la rectoría de la parroquia del padre Benavides diciéndole que debía presentarse todos los martes en la estación policial, rendir cuentas de su agenda y someterse a interrogatorios. También le prohibieron viajar sin permiso del régimen. “Es una orden de Managua”, le dijeron. En las primeras horas del siguiente día, huyó a Honduras.
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CSW documentó que otros nueve sacerdotes recibieron la misma orden. En cada caso, la Policía estableció restricciones a su movilidad y una vigilancia que, según el informe, forma parte de un patrón sistemático de intimidación contra el clero. “A algunos se les advirtió que, si no acataban las medidas cautelares, serían detenidos o desterrados”, indica el documento.
El exilio como política de Estado
La Policía no solo impone medidas de control, sino que también ha convertido el exilio en una herramienta de castigo. El informe de CSW destaca el destierro de monseñor Álvarez junto al obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, 15 sacerdotes y dos seminaristas, el 13 de enero de 2024.
En agosto, la historia fue repetida con otros nueve sacerdotes. El 1 de diciembre, policías detuvieron al sacerdote miskitu Floriano Ceferino Vargas después de una misa en Nueva Guinea y lo expulsaron a Panamá. Ninguna autoridad le explicó las razones.
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Algunas capturas no terminan en el exilio, sino en la desaparición. El 10 de agosto, la Policía ejecutó dos operativos simultáneos. Agentes armados irrumpieron en la finca Guadalupana, en el municipio de San Ramón, Matagalpa, y se llevaron a Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 58 años. A la misma hora, otro equipo policial llegó a la casa de Carmen María Sáenz Martínez, de 49 años, y la sacó a la fuerza, en la ciudad de Matagalpa.
Ambas mujeres trabajaban en la Diócesis de Matagalpa y desde el momento de su detención “han estado incomunicadas sin que se haya proporcionado a sus familias ninguna prueba de que están vivas”, sostiene el informe.
Iglesias canceladas y propiedades confiscadas
El Estado no solo persigue a líderes religiosos, también ha desmantelado iglesias, confiscado propiedades y eliminado organizaciones religiosas del registro legal.
En agosto, el Ministerio del Interior canceló la personalidad jurídica de 92 instituciones religiosas. Entre ellas estaban la Iglesia Episcopal de Nicaragua, que tiene presencia en el país desde 1612, y la Iglesia Morava de Bluefields, un pilar en la educación de comunidades indígenas y afrodescendientes.
El informe menciona que el régimen también “ha congelado las cuentas bancarias de algunas iglesias, lo que en algunos casos ha conllevado su cierre por la imposibilidad de pagar a su personal”.
También denuncia que el régimen Ortega Murillo ha anulado exenciones de impuestos a templos y comunidades religiosas, en una estrategia para debilitar su funcionamiento.
La presión no solo se ejerce sobre el clero. CSW documentó casos en los que la Policía ha impedido la entrada a Nicaragua a ciudadanos con vínculos religiosos.
“Un estudiante y líder juvenil católico romano, que se vio obligado a continuar sus estudios en otro país centroamericano después de que el gobierno cerrara su universidad en Nicaragua, fue impedido de regresar a Nicaragua por funcionarios de inmigración que le dijeron que era debido a su participación en el ministerio juvenil religioso”, revela el informe.
“Predicar es un delito”
El documento de CSW sostiene que, en Nicaragua, la fe se ha convertido en una amenaza para el poder.
“Predicar sobre la unidad o la justicia, u orar por líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país, por ejemplo, puede considerarse una crítica al gobierno y clasificarse como un delito”, detalle el informe.
Los sacerdotes que aún permanecen en el país saben que cada sermón es vigilado. Las iglesias están rodeadas de agentes y las misas son grabadas en video.
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