Fransk tenía 16 años cuando fue forzada a abandonar el hogar de su familia en una ciudad del Pacífico de Nicaragua. Lo único que pudo llevar consigo era un poco de ropa. No hubo gritos, ni discusiones, solo la frase tajante de su padre echándolo de su casa por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+.
Sin dinero ni un lugar al que acudir, vio el trabajo sexual como una opción de sobrevivencia. Fue ahí donde conoció lo que llama “el movimiento transgénero travesti de calle”, personas trans que, en grupos de cinco o seis, compartían vivienda.
Fue en ese entorno marcado también por la violencia, donde Fransk escuchó hablar por primera vez sobre una organización que brindaba acompañamiento a personas trans. Corría el año 2012, y el acceso a información sobre derechos y salud sexual para ella era inexistente. Nunca recibió información de este tipo en la escuela ni en su casa.
La Iniciativa Desde la Diversidad Sexual para los Derechos Humanos (IDSDH), en Nicaragua, fue un refugio y su primer espacio seguro. La primera semana con esta organización coincidió con una muestra de cine “Diversex”, que procuraba educar a los nicaragüenses con una selección de temáticas LGBTIQ+, recuerda.
Pero, en Nicaragua, la diversidad sexual no solo es mal vista, sino criminalizada. Desde la independencia en 1821, hasta hace menos de dos décadas, las relaciones homosexuales eran tipificadas por la legislación penal como delito de sodomía.
En el 2007, cuando Daniel Ortega alcanzó nuevamente el poder en Nicaragua, comenzó una paulatina fase de persecución a sectores de su desagrado. En una década canceló la personería jurídica a dos partidos políticos y cerró ocho medios de comunicación. A partir de 2018, intensificó la represión contra las organizaciones de la sociedad civil.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), creado por la Organización de Naciones Unidas, en su más reciente informe presentado el 26 de febrero recién pasado, señala que, desde diciembre de 2018, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior han cancelado por la fuerza la personalidad jurídica de al menos 5,437 organizaciones sin fines de lucro; y 1,939 de estas cancelaciones han sido a partir de marzo de 2024.
“A la mayoría de las organizaciones también se les confiscaron sus bienes, medidas que se implementaron con el apoyo de la Procuraduría General de la República. Aunque esta práctica venía ocurriendo desde 2018, se formalizó con la adopción de la Ley número 1,115 de 2022, que estipula que los bienes de las entidades sin fines de lucro pasan a ser propiedad del Estado, a menos que la cancelación de su personería jurídica se deba a una disolución voluntaria. En la actualidad, el sector sin fines de lucro ha sido prácticamente eliminado en Nicaragua: alrededor del 80% de las organizaciones sin fines de lucro registradas en el país en 2017 han desaparecido”, explica el informe del GHREN.
Mientras tanto, organizaciones nicaragüenses han documentado que, hasta el 10 de febrero de 2025, son por lo menos 5,500 entidades las clausuradas, despojadas de su patrimonio y borradas del registro legal.
Colectivos como IDSDH, donde Fransk se sentía protegida, dejaron de existir y sus integrantes han sido víctimas de persecución, encarcelamiento, tortura.
«Siento que esto de que se cierren tantas organizaciones viene a perjudicar mucho a las colectivas de arco iris”, dice Fransk, añadiendo que con el cierre de estas organizaciones “nos quitaron los espacios donde podíamos respirar sin miedo”.
Además, sostiene, en estos lugares sentía que era escuchada.
Sin alternativas ni posibilidad de seguir con su activismo, el exilio fue la única salida para Franks.
Los espacios que dejaron de existir
Muchas de las organizaciones clausuradas no eran solo oficinas con papeles. Eran hogares, lugares donde las personas LGBTIQ+ como Franks encontraban refugio.
«Me pongo a pensar en las personas con VIH en Nicaragua… las personas trabajadoras sexuales, muchas de ellas personas transgénero, personas transexuales, no van a poder acudir a un hospital, porque históricamente en los hospitales hay discriminación y se violenta el derecho a la identidad”.
Juan Carlos Arce Campos, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización con sede en Costa Rica, señala que el impacto del cierre de las organizaciones es incuantificable, y lo califica como “monstruoso”.
¿Cómo cuantificar el cierre de más de 30 universidades? ¿Cómo medir el daño de cerrar más de 300 organizaciones de mujeres en un país profundamente machista? ¿Cuántas mujeres no están accediendo a la justicia ahora?”.
Juan Carlos Arce Campos, defensor de derechos humanos
Para Arce, el objetivo del régimen es claro: desmantelar cualquier espacio donde las personas aprendan sobre sus derechos.
“No les importa la asistencia social ni la educación. Lo que no quieren es que la gente reclame”, dice.
María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista La Corriente, ilegalizado en 2022 en Nicaragua, coincide en la letalidad que significa para la democracia el cierre de las organizaciones, y considera que es “el golpe final a muchos valores democráticos: la libertad de asociación, la libertad de movilización, la libertad de expresión y al diálogo, incluso, entre distintos actores y de que esa sociedad civil le exija rendición de cuentas al Estado”.
Ana Quirós Víquez, experta en salud pública, activista feminista y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), enfatiza que “el cierre de organizaciones no gubernamentales en el país ha impactado absolutamente todos los ámbitos de la vida nacional. La salud y la educación son de los principales afectados”.
CISAS, desde su origen en 1983, trabajó inicialmente con mujeres y niñas, y en la década de 1990 tenía presencia en distintos departamentos del país, trabajando el tema de la educación sexual y la sexualidad libre de prejuicios, y desde 2012 trabajó con grupos LGBTIQ+, recuerda Quirós, con formación de liderazgos, promoción de derechos humanos, entre otros temas fundamentales para la posterior conformación de organizaciones y grupos LGBTIQ+ en Nicaragua.
En noviembre de 2018, CISAS fue la primera oenegé clausurada por el régimen. Semanas antes, Quirós había sido agredida durante una manifestación pacífica. Días después, fue detenida y expulsada a Costa Rica.
Posteriormente, las organizaciones que protegían a Fransk y a cientos de personas como ella desaparecieron. Muchas de las oenegés cerradas daban atención en salud directa a la comunidad. “Atención que no necesariamente está asumiendo el Estado”, afirma Quirós.
Según la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, al menos 198 asociaciones de mujeres fueron ilegalizadas entre 2021 y enero de 2025; una cantidad indeterminada de estas oenegés atendían a la población LGBTIQ+ a través de distintos programas con diversos componentes.
Fransk destaca que el impacto no es solo organizativo, sino humano, dejando a los usuarios de las organizaciones sin acceso a salud, educación, espacios seguros, porque “el gobierno nunca ha solventado”.
“Nunca tuve apoyo a nivel de centro de salud sobre mi identidad, nunca tuve apoyo a nivel del colegio y de la escuela primaria pública sobre si estaba bien ser una niña trans”, comenta Franks.
Lludely Aburto Ruiz, directora de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia e integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, considera que el régimen en nada compensa el cierre de organizaciones, con algún plan estratégico, que satisfaga las necesidades que dejan de cubrir estas oenegés clausuradas.
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa fue fundado en 1990. Su personería fue cancelada en agosto de 2021 y sus instalaciones fueron ocupadas por el régimen Ortega Murillo el 1 de septiembre de 2022. Ahí funciona ahora la Fiscalía de Matagalpa.
Esta organización feminista trabajaba en la prevención de la violencia de género, el acceso a la educación, la promoción de derechos sexuales y reproductivos y la atención integral a mujeres víctimas de violencia y, en los distintos programas enmarcados en esos componentes, atendía a un importante grupo de personas LGBTIQ+.
La Corriente, dice su directora, María Teresa Blandón, ofrecía asesoramiento legal y acompañamiento a personas LGBTIQ+ que enfrentaban discriminación y violencia.
Aburto Ruiz considera que, con el cierre de las organizaciones, “es evidente que han dejado de llegar esos apoyos a la población vulnerable que atendían en materia de educación sexual reproductiva, en materia de atención preventiva y de asignación y gestión de medicamentos para el VIH, también en el registro diagnóstico de las violaciones a los derechos de las y los LGTBIQ+, porque hay muchas violaciones laborales, por ejemplo, y ha habido violaciones en el derecho a la salud”.
Yasuri Potoy Ortiz, estudiante de psicología, facilitadora de procesos comunitarios, comprometida con la transformación del conflicto para la sostenibilidad y los derechos de las mujeres y personas sexualmente diversas, lo confirma: “Antes del cierre de las personerías jurídicas, teníamos un lugar seguro donde recibir acompañamiento integral. Sabemos que el Ministerio de Salud tiene grandes desafíos en estigmatización y tratamientos hormonales, pero con las organizaciones contábamos con un acompañamiento entre pares”.
Ahora, esa red ha desaparecido. Algunas organizaciones continúan operando desde la clandestinidad, otras desde el exilio. Pero, el alcance es limitado.
“Es uno de los grandes impactos: la salud mental, la salud emocional, ver cómo este contexto y el discurso contra los derechos nos deja sin opciones”, dice Yasuri, quien, junto a otros activistas, en 2019 fundó en Costa Rica la Mesa de Articulación LGBTIQ+, que posteriormente se convertiría en Asociación MesArt.
Esta organización es un espacio de reconstrucción, esperanza y resistencia para personas sexualmente diversas exiliadas.
Un país que legisla contra la diversidad
La violencia estatal contra la comunidad LGBTIQ+ no se ha limitado al cierre de oenegés.
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Quirós explica cómo la legislación actual ha mantenido a esta población en el abandono: “A la hora de legislar y establecer normas, a la comunidad LGBTIQ+ se le sigue persiguiendo. El Código de la Familia, aprobado por este régimen, no reconoce ningún derecho para esta comunidad. Se reconoce como familia exclusivamente a la conformada por madre, padre e hijos, ni siquiera una familia monoparental con la presencia de la abuela, la tía o la hermana”.
En Nicaragua, la discriminación está institucionalizada. Los oficialistas consejos del poder ciudadano (CPC), estructuras de control del régimen Ortega Murillo en los barrios, refuerzan un modelo de familia excluyente y tradicionalista.
“Estos organismos no solo promueven la exclusión, sino que activamente vigilan y atacan a quienes piensan diferente”, agrega Quirós.
Fransk intentó quedarse en Nicaragua, pero el hostigamiento era insostenible. “Me resistía a irme porque pensaba que, si nos íbamos todas, ¿quién quedaba para luchar?”.
La persecución fue implacable. Sabía que la estaban vigilando y que podían arrestarla en cualquier momento. La única opción fue huir.
Según distintas organizaciones de defensores de derechos humanos, más de 700,000 nicaragüenses han tenido que irse de Nicaragua. Esa cifra incluye a solicitantes de asilo o refugio y otros migrantes.
Fransk se fue a Costa Rica con una mochila y el miedo de no volver a su país. Ahora intenta reconstruir su vida desde el exilio, pero el desarraigo es profundo.
Yasuri, desde MesArt, ha tratado de organizar redes de apoyo para migrantes LGBTIQ+ en Costa Rica, pero no es suficiente. “Cuando llegan acá, llegan con miedo, con traumas. Intentamos reconstruir esos espacios seguros que nos quitaron en Nicaragua”, explica.
Pero para muchas personas, el exilio no es una solución sino una condena, estima Franks, sabiendo de la pérdida de raíces, lazos familiares, espacios seguros. En los países de acogida, además, también hay discriminación.
El cierre de organizaciones, la represión y el exilio han golpeado duramente a la comunidad LGBTIQ+ en Nicaragua, pero no la han borrado. Fransk, Yasuri, Yudeli, Ana, María Teresa y muchas otras siguen luchando desde donde pueden.
“Nos quieren hacer desaparecer, pero aquí seguimos. Seguimos gritando, aunque nos intenten silenciar”, dice Fransk, indicando que han encontrado formas de resistencia incluso en redes sociales y la comunicación digital para mantenerse visibles. Enfatiza que seguirá defendiendo los derechos humanos porque, “con el cierre de organizaciones buscan callarnos, quedarnos estáticos, volvernos estatuas y que no hagamos nada. Yo digo ¡no, no va a pasar eso conmigo!”.
Fransk sueña con volver. “Un día, Nicaragua será un lugar donde podamos existir sin miedo. Pero hasta que llegue ese día, seguiremos resistiendo, desde donde sea que estemos”, afirma.
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