Nicaragua, un país con una historia política compleja, ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han consolidado un control autoritario desde su regreso al poder en 2007. A partir de 2018, la represión contra la oposición, la libertad de expresión y los derechos de las comunidades más vulnerables ha aumentado, intensificándose con reformas constitucionales que refuerzan el control del régimen y limitan las libertades fundamentales.
Entre las violaciones más graves se encuentra la privación de la vida, un derecho que ha sido sistemáticamente vulnerado a lo largo de los últimos años. Las protestas de 2018, marcadas por una violenta represión, dejaron más de 300 muertos, muchos de ellos opositores al gobierno, según distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales y extranjeras.
Las fuerzas de seguridad, apoyadas por grupos paramilitares, han actuado con impunidad, y las investigaciones sobre estos crímenes quedaron ocultas, lo que deja a las víctimas y sus familias en un estado de constante desamparo.
La privación del derecho a la nacionalidad es otra de las estrategias utilizadas por el régimen Ortega Murillo para neutralizar a la oposición. Desde 2018, miles de nicaragüenses, especialmente activistas y opositores políticos, han sido despojados de su nacionalidad, dejándolos en un limbo legal que los convierte en apátridas. En su afán de control absoluto, el régimen ha implementado reformas legales que le permiten despojar de la nacionalidad a aquellos que considera “traidores”, afectando a miles de personas, incluidas figuras públicas, sacerdotes, periodistas y exiliados.
Privación del derecho a la vida
Desde el estallido social de 2018, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega y Murillo, desató una represión brutal contra los manifestantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta ofensiva dejó más de 300 personas asesinadas a manos de la policía y grupos paraestatales.
A pesar de la magnitud de estas violaciones de derechos humanos, la justicia nunca llegó para las víctimas ni sus familias. Por el contrario, Ortega promulgó una Ley de Amnistía que garantizó la liberación de todas las personas acusadas de cometer crímenes en el contexto de las protestas, consolidando así la impunidad.
Una de las masacres más impactantes del conflicto ocurrió el 30 de mayo de 2018, durante una de las mayores marchas en Nicaragua contra el régimen Ortega Murillo. Francotiradores abrieron fuego contra los manifestantes en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), asesinando a por lo menos 15 jóvenes. Entre ellos estaba Jonathan Morazán Meza, de 21 años.
Suscríbase a nuestro Canal de YouTube
Morazán recibió un disparo en la frente, presuntamente desde dentro del Estadio Denis Martínez (hoy llamado Estadio Nacional Soberanía). Fue trasladado de emergencia al Hospital Metropolitano de Managua, pero falleció el 1 de junio. Después de seis años de su asesinato, su madre, Josefa Meza, sigue exigiendo justicia.
“Durante todos estos años busqué la forma de poder denunciar a nivel nacional e internacional. Esto ha sido para mí una experiencia desafortunadamente triste, pero aun así denunciando los crímenes. Todos tienen derecho a la vida. Nadie merece morir solo por pensar diferente”, señala Meza.
Resaltado: De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Privación del derecho a la nacionalidad en Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega ha violentado además otros derechos fundamentales para los nicaragüenses, entre ellos el derecho a la nacionalidad, el cual también está respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta práctica Daniel Ortega la comenzó a implementar en febrero del año 2023, cuando desterró a 222 presos políticos, y posteriormente arrebató la nacionalidad a otras personas que se encontraban fuera de Nicaragua debido a la misma persecución política.
Todas estas personas que sufrieron la pérdida de su nacionalidad nicaragüense quedaron en un estado de apátridas, ya que la gran mayoría de ellos no poseían otra nacionalidad más que la nicaragüense.
Una de ellas fue Alexa Zamora, abogada y activista política que, para febrero de 2023, ya llevaba varios meses viviendo fuera de Nicaragua. Ella, igual que la mayoría de los afectados, tuvo que enfrentar un “limbo migratorio”. Cuando recibió la noticia estaba en Estados Unidos por motivos académicos, pero a los pocos días debía volver a Costa Rica, esto la obligó a quedarse en Norteamérica por más tiempo de lo esperado hasta poder resolver su situación.
Varios países ofrecieron a las personas afectadas su nacionalidad. Zamora aceptó la nacionalidad española.
“Uno sigue luchando día a día, aportando su granito de arena para poder retornar al país; para poder salir de la dictadura y construir una verdadera democracia en Nicaragua, y creo que no se dimensiona el impacto emocional y psicológico que esto puede tener”, expresa.
Para la activista desterrada cuando se enteró de la noticia de su pérdida de nacionalidad fue como “un doble desarraigo”, pues antes de esto, Zamora no podía regresar a Nicaragua debido a las condiciones de inseguridad generadas por la represión de Daniel Ortega y estaba exiliada.
“Si ya estás en el exilio, te sentís desarraigado porque estás en un país que no es el tuyo, está en ese país no por decisión propia, sino para salvaguardar tu vida (…) y, por otro lado, pues también está este asunto de haber perdido tu identidad legal como ciudadano nicaragüense”, señala Zamora.
Ortega ha garantizado la perpetuidad de la impunidad
Para el abogado defensor de derechos humanos Paulo Abrāo, el hecho de que en Nicaragua persista la impunidad después de seis años, responde a la complicidad del Estado nicaragüense con todas las personas responsables de violentar los derechos humanos, y sobre todo quienes dan las órdenes: Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hay un involucramiento de todas las autoridades, de todos los poderes en el país, respecto a lo que ha pasado en abril de 2018 y los años siguientes. Hay un nivel de complicidad entre los poderes, entre la élite política del país, partido, más allá de las instituciones policiales, sistema judicial. Ellos saben que al realizar estas investigaciones a fondo se va a identificar capas de responsabilidad entre distintos actores”
Paulo Abrāo
Josefa Meza tuvo que salir de Nicaragua hacia el exilio para poder continuar demandando justicia por la muerte de su hijo. Pero su núcleo familiar también se vio expuesto a la violencia y hostigamiento del régimen de Daniel Ortega. Ella sufrió asaltos, amenazas y vigilancia, hasta el punto de que decidió salir del país.
“He tratado de mantener viva la memoria de mi hijo en exposiciones de museos en diferentes países como Alemania, Francia y España, para que no se olvide la comunidad internacional que nuestros hijos fueron asesinados por deseos de una democracia y libertad en el país”, señala.
Abrāo también apunta que el destierro es una de las medidas más crueles que el régimen de Ortega ha adoptado contra su oposición, porque obliga a estas personas a integrarse en países donde no conocen costumbres ni lengua.
“Esa es una medida de las más crueles que las autoridades de un Estado pueden tomar en contra de sus ciudadanos. Ellos saben muy bien lo que están haciendo, no es solamente violentar el derecho, es de afectar moralmente sus condiciones psicológicas, familiares y humanas de ser quien son. Esa es la gravedad de lo que ha hecho la dictadura en Nicaragua”, expresa Abrāo.
Alexa Zamora, por su parte, sostiene que la comunidad internacional debería de presionar más al régimen Ortega Murillo para asegurarse de que respete los derechos humanos, o al menos que no exista esa figura tan amplia de impunidad que rodea la situación de Nicaragua.
“Lo realmente preocupante sobre esto fue la falta de consecuencia ante este tipo de actos. Se ha vuelto un hecho recurrente. Si Ortega hubiera tenido que enfrentar algún tipo de consecuencia que en serio le hubiera afectado, como a los involucrados en la configuración de esta normativa, no sé si sería una práctica tan recurrente como lo es ahora”, opina Zamora.
En este sentido, Abrāo exhorta a la comunidad internacional y a sus sociedades a apoyar a estas personas que sufren la represión del régimen Ortega Murillo.
“Estamos hablando de crímenes de las humanidades, de crímenes que afectan nuestra condición humana y que deben generar indignación y solidaridad entre los pueblos, de la gente, para ayudarnos con nosotros (…) mi llamado no es solamente a las autoridades y gobiernos, sino también a las sociedades, a las organizaciones de la sociedad civil, de quienes pueden ayudar a los migrantes que están llegando”, señala Abrāo.
Azahalea Solís y su denuncia contra la dictadura ante la ONU
La activista y abogada nicaragüense Azahalea Solís, fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023 junto a otras 93 personas críticas y opositoras a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aceptó la denuncia de Solís por su caso de apatridia.
En una entrevista reciente, Solís compartió detalles sobre el proceso que ha seguido para llevar su denuncia a la comunidad internacional.
Solís explicó que, en su caso, no hubo un proceso judicial legítimo ni una sentencia que la despojara de su nacionalidad. A pesar de que la Constitución de Nicaragua establece que ningún nacional puede perder su nacionalidad, la dictadura nicaragüense decidió privarla de ella de manera arbitraria.
“Lo que hubo fue una condena, sin proceso. No hubo ninguna notificación, ni derecho a defensa, simplemente una decisión final”, dijo la activista.
El despojo de su nacionalidad fue acompañado de una condena de “pérdida perpetua de derechos políticos”, una pena que no tiene respaldo legal en el marco constitucional del país y que, según Solís, refleja la naturaleza arbitraria y persecutoria de las acciones del régimen.
A consecuencia de esta decisión, Solís se vio obligada a abandonar su país. “No pude seguir viviendo en Nicaragua. Estaba siendo vigilada constantemente y declarada ‘prófuga de la justicia’ sin haber pasado por ningún tribunal”, comentó.
La activista se exilió en Costa Rica, un refugio para muchos nicaragüenses que huyen de la represión, aunque la condición de apátrida le ha impedido acceder a derechos básicos como la seguridad social y la protección legal.
Para Solís, la pérdida de su nacionalidad tuvo y ha tenido un impacto profundo, tanto en el plano legal como en el emocional. Al convertirse en apátrida, se vio privada de la protección de cualquier Estado y ha tenido que enfrentar los obstáculos burocráticos de obtener un nuevo estatus legal en un país extranjero.
Afortunadamente, el gobierno de España le otorgó la nacionalidad.
La activista recordó cómo tuvo que abandonar su país con solo la ropa que llevaba puesta, sin documentos y sin la posibilidad de acceder a los derechos básicos a los que tenía derecho como nicaragüense.
Más allá de las implicaciones prácticas, Solís destacó el dolor emocional que representa ser despojada de su identidad nacional.
“La nacionalidad no es solo un papel, es una parte de lo que eres, de tus recuerdos, de tu historia. Nadie me va a quitar mi ser nicaragüense”, afirmó Solís.
Llamado a la comunidad internacional
Ante esta situación, Solís hace un llamado urgente a la comunidad internacional. Pide a los gobiernos y organizaciones internacionales que no pasen por alto las violaciones que ocurren en Nicaragua, un país que, según ella, está sumido en una dictadura que no solo ha eliminado la democracia, sino también los principios fundamentales del Estado de Derecho.
“El régimen nicaragüense está destruyendo el país. Nicaragua es una enorme cárcel, y los derechos fundamentales han dejado de existir. La comunidad internacional debe tomar medidas drásticas contra este régimen”, aseguró Solís.
También instó a la comunidad global a apoyar a las personas que han sido despojadas de su nacionalidad y derechos, proporcionando condiciones de asilo y protección para aquellos que huyen de la persecución.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sigue procesando la denuncia presentada por Solís. La activista está a la espera de una respuesta del régimen de Nicaragua, que tiene la oportunidad de defenderse ante este organismo internacional.
Mientras tanto, la lucha de Solís continúa, con el firme propósito de visibilizar la grave situación que enfrentan miles de nicaragüenses que han sido despojados de sus derechos fundamentales.
Gabriel Putoy y la lucha por sus derechos
El destierro y la desnacionalización son formas extremas de violación de los derechos humanos que afectan gravemente la vida y dignidad de las personas. El caso de Gabriel Putoy, un profesor originario de Monimbó, Masaya, excarcelado político y refugiado en Costa Rica, pone de manifiesto cómo las medidas represivas del régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua continúan impactando a los exiliados, incluso fuera de su país.
Putoy, quien fue encarcelado en 2018 por participar en las protestas contra el régimen nicaragüense, pasó por una experiencia de condena sin juicio. En 2019, fue liberado por la controvertida Ley de Amnistía, pero debido a las constantes amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas, se exilió en Costa Rica en diciembre de ese mismo año.
En 2023, tras una nueva orden de captura emitida por el régimen nicaragüense por el supuesto delito de “obstrucción de funciones”, Putoy se enfrentó a una serie de obstáculos en su vida diaria que revelan la extensión de la represión política que ha alcanzado incluso a los países vecinos.
Una de las principales dificultades que Gabriel Putoy enfrentó fue la negativa de un banco privado en Costa Rica para abrirle una cuenta bancaria, alegando que su nombre activaba una alarma en sus sistemas. Este hecho ocurrió después de que el régimen de Ortega y Murillo diera la orden de captura en noviembre de 2023.
Además, el banco donde Gabriel ya tenía una cuenta cerró la misma sin previo aviso. Ante esta situación, Putoy presentó una queja ante la Superintendencia General Financiera en Costa Rica, la cual intervino para que se abrieran sus cuentas.
Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido una resolución definitiva en relación con su situación, lo que continúa afectando su estabilidad económica, social y emocional.
La persecución de Putoy no se limita a su situación financiera. En su relato, también menciona las complicaciones que enfrenta para encontrar empleo. Cada vez que acude a una entrevista de trabajo, le exigen la hoja delincuencial, pero siempre aparece como requerido por las autoridades nicaragüenses.
Esta etiqueta de “prófugo” le ha impedido acceder a un empleo formal, lo que agrava su situación económica y emocional en el exilio. A pesar de ser reconocido como refugiado, las autoridades costarricenses no han logrado resolver su caso con rapidez, lo que pone de manifiesto la lentitud y las limitaciones del sistema de protección internacional en situaciones como la de Putoy.
Además, enfrentó la pérdida de la patria potestad de su hijo, un derecho que había ganado en 2011. Tras la orden de captura y la declaración de “prófugo” en Nicaragua, las autoridades le despojaron de este derecho, lo que lo dejó sin poder localizar a su hijo ni saber su paradero. La angustia por la separación forzada de su hijo es otro de los dolorosos efectos del destierro y la represión política.
Otro aspecto preocupante en el relato de Putoy es su intento de obtener documentos personales en Nicaragua, como su partida de nacimiento y licencia de conducir. A través de una abogada, solicitó estos documentos, pero las autoridades le informaron que no existía registro alguno con su nombre y le recomendaron no insistir con el trámite.
La negativa a emitir estos documentos, junto con el despojo de su patria potestad, refleja un intento del régimen de borrar la identidad de los opositores políticos, incluso cuando estos se encuentran fuera del país.
Destierro y confiscación: La Historia de Henry Briceño
El 24 de noviembre de 2024, el periodista y empresario nicaragüense Henry Briceño fue desterrado de su país en un acto de represión por parte del régimen Ortega-Murillo. La Policía orteguista lo secuestró junto a su esposa y dos hijos, permaneciendo en cautiverio durante horas antes de ser abandonados en la frontera con Costa Rica.
Este suceso no solo expone las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, sino que también pone de manifiesto el uso del destierro y confiscación como herramienta de control político.
Briceño relata cómo la tarde del 24 de noviembre de 2024 su familia estaba reunida tras el almuerzo cuando una patrulla policial, dirigida por el jefe de la policía de San Rafael del Sur, Lázaro Clemente Quintanilla Álvarez, llegó a su casa.
“Me dijeron que estaba detenido y desterrado, sin ofrecerme ninguna explicación legal”, cuenta Briceño. Le informaron que debía salir inmediatamente, sin permitirle siquiera llevar sus pertenencias más básicas, como pasaportes o dinero.
A lo largo del operativo, la policía saqueó su hogar, llevándose computadoras y teléfonos, y separó a la familia. Briceño fue transportado en una unidad policial junto a su hijo de 11 años y su esposa e hija en otra patrulla policial.
Durante su traslado, Briceño relata cómo escuchó conversaciones entre los oficiales, mencionando a Horacio Rocha, comisionado de la policía, lo que lo llevó a deducir que su secuestro había sido orquestado desde las altas esferas del poder. La participación de Rocha resalta la dimensión política del acto.
La detención de Briceño fue bajo la acusación de ser “líder de la oposición” en su municipio.
Destierro y entrega de pasaportes nuevos
Tras un largo y tortuoso viaje, Briceño y su familia llegaron al empalme de El crucero, donde se entregó a los oficiales encargados de su traslado un paquete sellado: los pasaportes de la familia. Los documentos fueron emitidos en el mismo día.
Finalmente, tras horas de incertidumbre, Briceño y su familia fueron dejados en una zona montañosa cerca de la frontera con Costa Rica. En medio de la oscuridad y el desamparo, el grupo de exiliados logró cruzar hacia territorio costarricense, donde fueron recibidos por oficiales migratorios y tratados con dignidad. “Nos ofrecieron cena y nos trataron como seres humanos”, relata.
Sin embargo, la historia de Briceño no termina con su llegada a Costa Rica. El periodista denuncia que las propiedades de su familia en Nicaragua han sido tomadas por el régimen. “Hay hambre por nuestras propiedades. Nos despojan de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida”, afirma.
El destierro de Henry Briceño no es un caso aislado. Cada vez más nicaragüenses se ven forzados a abandonar su país debido a la represión y a la persecución política del régimen Ortega-Murillo. Briceño, sin embargo, sigue firme en su denuncia y lucha por la justicia, convencido de que, al igual que sucedió con la dictadura de Somoza, la de Ortega también caerá.
Facebook Comments