La Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta una de las persecuciones más graves de su historia reciente. Según la sexta entrega del informe «Nicaragua: Una Iglesia Perseguida», elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, entre abril de 2018 y diciembre de 2024 se registraron 971 agresiones contra esta institución religiosa, marcando un incremento constante en la represión.
Después de la Arquidiócesis de Managua, que comprende a los departamentos de Managua, Masaya y Carazo, donde Molina ha documentado 301 agresiones a la Iglesia, la Diócesis de Matagalpa es la más golpeada, con 186 ataques y sigue la Diócesis de Estelí, con 79; las dos últimas atendidas por monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, desterrado junto a otros clérigos el 13 de enero de 2024.
El año 2023 fue el más violento, con 321 ataques documentados, mientras que en 2024 Molina contabilizó 177. Sin embargo, esta reducción no refleja una mejora, sino el miedo de los religiosos a denunciar, explica el informe.
“El presente año ha sido peor que 2023, lo anterior se debe a que los religiosos ya no denunciaron todos los atropellos que recibieron por el miedo que ha implantado la dictadura en ellos”, apunta el documento.
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Entre las agresiones destacan 348 actos de represión directa a sacerdotes y religiosas, 244 ataques y asedios a templos, y 74 cierres arbitrarios de universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales vinculadas a la Iglesia.
Además, el régimen ha prohibido la realización de más de 11,763 procesiones y actividades religiosas desde 2019, obligando a que estas sean adentro de los templos.
El informe también denuncia la confiscación de 19 propiedades de la Iglesia y alerta sobre las reformas constitucionales impulsadas por el régimen Ortega-Murillo que amenazan con desvincular a la Iglesia Católica nicaragüense del Vaticano.
Estas medidas buscan consolidar un control total sobre las actividades religiosas en el país.
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